La obesidad es uno de los principales problemas de salud pública en España y en Europa, pero su abordaje sigue estando marcado por una narrativa reduccionista que responsabiliza casi exclusivamente al individuo de su estado de salud. Esta mirada ignora una realidad ampliamente documentada por expertos: la obesidad no surge en el vacío, sino que está profundamente condicionada por factores sociales, económicos y estructurales que afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables. Sin comprender esta dimensión, cualquier política que pretenda combatirla, está destinada al fracaso.
La obesidad no puede reducirse sin abordar los determinantes sociales de la salud, porque estos condicionan de forma directa las posibilidades reales de llevar una vida saludable. Tal como señala el Dr. Diego Bellido, presidente de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), “la desigualdad no es una consecuencia, sino una parte del origen del problema”. El nivel socioeconómico, el tipo de empleo, el entorno urbano o rural, el acceso a servicios sanitarios y el precio de los alimentos saludables no son factores secundarios, sino elementos que influyen de manera decisiva en la prevalencia de obesidad. Las personas con menos recursos económicos cuentan con un margen de maniobra mucho más limitado para decidir qué comen, cómo se mueven y cuándo pueden cuidar su salud, lo que demuestra que la obesidad no es únicamente una cuestión de elecciones individuales, sino de oportunidades desigualmente distribuidas.
En muchos casos, quienes viven en zonas rurales o en barrios desfavorecidos dependen casi exclusivamente de la atención primaria, sin acceso real a equipos multidisciplinares especializados en obesidad. A ello se suman trabajos precarios, jornadas extensas y horarios irregulares que dificultan tanto la planificación de comidas como la práctica de actividad física. El resultado es un entorno obesogénico que no responde a decisiones individuales aisladas, sino a condiciones estructurales persistentes. A pesar de ello, el discurso dominante sigue apelando a la “elección saludable”, como si todos los ciudadanos partieran del mismo punto.
Uno de los factores más determinantes es el acceso económico a alimentos saludables. La evidencia es clara: los productos frescos, variados y nutricionalmente adecuados suelen ser más caros o menos accesibles para las personas con menor poder adquisitivo.
En este contexto, hablar de elecciones informadas sin considerar el precio, la disponibilidad o la educación nutricional previa resulta, como mínimo, ingenuo. Es precisamente aquí donde sistemas como Nutri-Score se presentan como soluciones rápidas y universales, pero también donde muestran sus mayores limitaciones.
Nutri-Score se promociona como una herramienta sencilla para ayudar al consumidor a identificar opciones más saludables mediante un código de colores y letras. Sin embargo, la simplificación extrema de la información nutricional no solo no resuelve el problema de fondo, sino que puede generar una falsa sensación de control y eficacia. Diversas revisiones científicas han mostrado que, el impacto real de Nutri-Score en las decisiones de compra cotidianas es limitado y no sostenido en el tiempo. En la práctica, factores como el precio, la marca, las costumbres culturales y el marketing siguen pesando más que una letra impresa en el envase.
Además, Nutri-Score no tiene en cuenta el contexto social del consumidor. Para una persona con recursos limitados, saber que un producto tiene una ‘D’ o una ‘E’ no amplía su abanico de opciones si las alternativas con mejor puntuación no están disponibles o no son económicamente viables. En lugar de empoderar, el sistema puede reforzar la culpabilización, trasladando el mensaje implícito de que la mala salud es consecuencia de “malas elecciones”, incluso cuando estas elecciones están fuertemente condicionadas.
Otro problema clave es que el algoritmo de Nutri-Score tiende a reducir la calidad nutricional de los alimentos a una suma de nutrientes aislados, sin considerar adecuadamente el grado de procesamiento, el contexto de consumo o el papel del alimento dentro de una dieta global. Esto ha dado lugar a situaciones en las que productos reformulados obtienen mejores puntuaciones que alimentos tradicionales con perfiles nutricionales más complejos. El resultado es una distorsión de la percepción de los alimentos, que confunde al consumidor y beneficia, en muchos casos, a la industria más que a la salud pública.
Esta simplificación es peligrosa ya que puede generar una falsa percepción de seguridad. Un producto con una buena calificación Nutri-Score puede ser interpretado como “saludable” en términos absolutos, cuando en realidad su consumo frecuente o en grandes cantidades no necesariamente contribuye a una alimentación equilibrada. En lugar de fomentar una comprensión profunda de la nutrición, el sistema corre el riesgo de sustituir la educación alimentaria por un semáforo que no explica, no contextualiza y no acompaña.
El problema no es solo que Nutri-Score funcione mal, sino que se presente como una respuesta suficiente frente a un problema estructural. Mientras se pone el foco en etiquetas frontales, se dejan en segundo plano políticas que sí podrían tener un impacto real en la obesidad: subsidios a alimentos frescos, mejora del acceso a servicios sanitarios especializados, educación nutricional continuada y entornos urbanos que faciliten la actividad física. Apostar por soluciones superficiales, es enmascarar el problema al transmitir la idea de que se está actuando, cuando en realidad se evita intervenir sobre las causas profundas.
La obesidad es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que requiere respuestas integrales. Cargar la responsabilidad sobre el individuo, y especialmente sobre los más vulnerables, no solo es ineficaz, sino injusto. Sistemas como Nutri-Score, lejos de corregir esta desigualdad, pueden reforzarla al simplificar en exceso un problema que exige análisis, contexto y políticas valientes.
En conclusión, combatir la obesidad implica mucho más que clasificar alimentos con colores y letras. Sin abordar los determinantes sociales de la salud y sin cuestionar herramientas que prometen soluciones rápidas pero carecen de eficacia real, seguiremos perpetuando un modelo que falla tanto en la prevención como en la equidad. La salud pública no puede basarse en atajos ni en etiquetas engañosas, sino en políticas que reconozcan la complejidad del problema y protejan, de verdad, a quienes más lo necesitan
