Sumar propone que excarcelados con trabajo en prisión puedan cobrar el Ingreso Mínimo Vital
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Puntos clave
- Sumar quiere que los excarcelados con actividad laboral en prisión puedan elegir el IMV si la prestación por desempleo es inferior.
- La propuesta incluye mejoras en derechos laborales, como libertad sindical y una revisión del sistema retributivo en centros penitenciarios.
- El grupo denuncia que solo una quinta parte de la población reclusa tiene acceso a un empleo y que faltan controles horarios adecuados.
- La iniciativa también critica la desaparición del subsidio de excarcelación y la lentitud en la concesión del Ingreso Mínimo Vital.
Tabla de contenidos
Contexto de la propuesta
Sumar ha vuelto a colocar en el centro del debate la situación económica de los presos y de quienes salen de prisión tras haber trabajado en el sistema penitenciario.
El diputado y líder del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha registrado en el Congreso una Proposición No de Ley en la que plantea que los excarcelados que hayan desarrollado una actividad laboral durante su condena puedan cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuando les corresponda una prestación por desempleo de importe inferior.
La iniciativa se ha presentado en la Comisión de Interior y supone un nuevo intento del grupo parlamentario de mejorar la cobertura económica de reclusos y antiguos internos.
Además, el texto se registra en paralelo a la votación de Sumar en contra de una propuesta del Partido Popular para ampliar la prisión permanente revisable a los asesinos que oculten el cadáver de sus víctimas.
Qué cambios pide Sumar
La formación ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que modifique el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, que regula la relación laboral especial de los penados que trabajan en talleres penitenciarios.
Entre los cambios propuestos destaca una cláusula concreta: si la prestación por desempleo que le correspondería al excarcelado resulta, en términos totales, inferior a la cuantía del Ingreso Mínimo Vital que sustituyó al antiguo subsidio por excarcelación, la persona podrá elegir la ayuda que considere más ventajosa.
Objetivo de la medida: evitar que los antiguos presos queden en una situación económica peor que la que tenían con la prestación desaparecida.
Sumar sostiene que esta reforma permitiría una mejor transición a la vida en libertad y reduciría el riesgo de desprotección económica en las primeras semanas tras salir de prisión.
Argumentos sobre la situación laboral en prisión
La PNL no se limita a la cuestión del IMV. También incorpora otras reivindicaciones de carácter laboral.
En particular, Sumar pide que se reconozca a la persona presa trabajadora el derecho fundamental a la libertad sindical y que el sistema de retribución se adapte a lo previsto en la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Según su planteamiento, eso implicaría que el salario de referencia fuese realmente el salario mínimo interprofesional, y no una referencia inferior o insuficiente.
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario denuncia una desigualdad “injustificada” entre las condiciones laborales de quienes trabajan en prisión y las de los trabajadores en libertad.
A su juicio, las condiciones en que se desarrolla esa actividad dentro del sistema penitenciario son deficientes y necesitan una equiparación de derechos.
La formación también señala carencias en el control de jornada. Según su postura, en los centros penitenciarios no existe un registro horario suficiente, lo que llevaría a que en muchas ocasiones los presos trabajen más horas de las que finalmente se reflejan en la nómina.
Los datos sobre empleo penitenciario
Los datos oficiales del Ministerio del Interior correspondientes a 2024 indican que solo una quinta parte de la población reclusa tiene acceso a un empleo.
En concreto, el texto menciona que apenas 11.000 de los 55.000 internos pueden desarrollar una actividad laboral.
Para Sumar, esta cifra demuestra el alcance limitado del trabajo en prisión y refuerza la necesidad de mejorar tanto su regulación como su remuneración.
El grupo también critica la desaparición del subsidio de excarcelación, una medida que, según recuerda, fue impulsada por el Partido Socialista y cuya eliminación ha dejado a muchas personas en libertad sin suficiente protección económica.
La formación considera que esa supresión ha generado una situación de desamparo para quienes abandonan la cárcel sin recursos para afrontar sus primeras semanas fuera.
Otro de los argumentos centrales es la lentitud en el acceso al IMV.
Sumar señala que, mientras el antiguo subsidio se podía percibir en un plazo de entre uno y dos meses, el Ingreso Mínimo Vital puede tardar entre cuatro y doce meses en concederse.
A ello se suma, según el grupo, una carga administrativa más pesada para el solicitante.
Preguntas frecuentes
¿Qué propone exactamente Sumar?
Propone que los excarcelados que hayan trabajado en prisión puedan elegir el Ingreso Mínimo Vital si la prestación por desempleo que les corresponde es inferior.
¿La medida sustituye al subsidio de excarcelación?
No exactamente. La propuesta busca evitar que la desaparición del antiguo subsidio deje a estas personas con menos protección económica, permitiendo optar por la ayuda más favorable.
¿Qué otros cambios laborales plantea la iniciativa?
Incluye el reconocimiento de la libertad sindical para presos trabajadores, una mejora de la retribución y un sistema de control horario más riguroso.
¿Por qué Sumar insiste en esta reforma?
Argumenta que el acceso al IMV es más lento y complejo que el subsidio anterior, y que eso dificulta la reinserción social de quienes salen de prisión.
¿A cuántos internos afecta el trabajo en prisión?
Según los datos citados en la iniciativa, unos 11.000 de los 55.000 internos tienen acceso a un empleo en los centros penitenciarios.
Conclusión
La PNL de Sumar pretende reabrir el debate sobre la protección económica de los presos y de quienes recuperan la libertad tras trabajar en prisión.
Con esta iniciativa, la formación busca mejorar las garantías laborales dentro de los centros penitenciarios y reforzar la cobertura de ingresos en la salida de la cárcel.
En palabras del grupo, el objetivo final es claro: favorecer la reinserción social de las personas privadas de libertad y de quienes vuelven a la vida en libertad después de haber trabajado durante su condena.
Fuente original: El Confidencial
