Cientos de pequeñas y medianas empresas españolas podrán volver a competir por obras públicas especializadas a partir del próximo 28 de abril de 2026. La Orden HAC/34/2026, de 21 de enero, publicada en el BOE el 28 de enero, amplía de cinco a diez años el periodo válido para acreditar experiencia técnica en una serie de subgrupos de clasificación de contratistas de obras consideradas de alta especialización.
La medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca garantizar un nivel adecuado de concurrencia en sectores donde el número de licitadores se había reducido drásticamente y donde las grandes constructoras concentraban la mayoría de adjudicaciones. La nueva regulación se suma a un paquete más amplio de cambios en la contratación pública española para 2026, que incluye una rebaja generalizada de los umbrales SARA y nuevos criterios ESG.
Qué cambia con la Orden HAC/34/2026
Hasta ahora, las empresas que aspiraban a licitar obras públicas debían acreditar la ejecución de trabajos similares en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. Para sectores con poca rotación de proyectos —como túneles, presas o electrificación ferroviaria— este periodo dejaba fuera a empresas perfectamente capaces, simplemente porque su última obra de referencia se había ejecutado seis o siete años atrás.
Con la entrada en vigor de la nueva orden, el periodo se amplía a diez años para los siguientes subgrupos de clasificación:
- Túneles (subgrupo A-5)
- Presas (subgrupo E-2)
- Canales (subgrupo E-3)
- Obras hidráulicas singulares (subgrupo E-7)
- Electrificación ferroviaria (subgrupo I-4)
- Obras marítimas de gran envergadura (varios subgrupos del grupo F)
El cambio aplica únicamente a efectos de acreditación de la solvencia técnica para la clasificación o revisión de empresarios. La justificación, según el preámbulo de la orden, es clara: en estos sectores tan especializados, una experiencia ejecutada hace siete u ocho años sigue siendo perfectamente válida y representativa de la capacidad técnica real de la empresa.
Por qué importa: el problema que viene a resolver
Los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público revelan una concentración preocupante: en los últimos ejercicios, más del 60% del volumen económico licitado en obras de alta especialización fue adjudicado a un grupo reducido de grandes constructoras. La razón principal no era falta de capacidad técnica de las PYMES, sino la imposibilidad formal de acreditar experiencia con el corsé de los cinco años.
Patronales como Cepyme y CNC ya habían reclamado durante años una flexibilización del criterio. La medida también se alinea con la Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026, que fija como objetivo prioritario incrementar la participación de PYMES en la contratación pública hasta el 65% del volumen total adjudicado en 2026.
Cómo aprovechar el cambio si eres una PYME
Para que una empresa pueda beneficiarse de la ampliación, no basta con haber ejecutado la obra: hay que iniciar un procedimiento formal de clasificación o revisión ante la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, aportando los certificados de buena ejecución expedidos por el órgano de contratación cliente. Estos certificados deben cumplir requisitos formales muy estrictos —fechas, importes, cumplimiento de plazos, valoración técnica— y son frecuentemente la causa de inadmisiones en concursos.
Además de la clasificación, las empresas que vayan a presentarse deben estar inscritas en el ROLECE (Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público), requisito obligatorio para procedimientos abiertos simplificados y altamente recomendable para el resto. La inscripción en el ROLECE consolida la documentación corporativa y agiliza la presentación de ofertas en cualquier órgano de contratación del Estado.
Los nuevos umbrales SARA vigentes desde enero de 2026
De forma paralela a la flexibilización de la experiencia, el 1 de enero de 2026 entraron en vigor los nuevos umbrales SARA (Sujetos a Regulación Armonizada) aplicables hasta el 31 de diciembre de 2027. La Comisión Europea ha rebajado ligeramente los importes a la baja, lo que en la práctica supone que más contratos pasarán a estar sometidos a la regulación europea más exigente.
| Tipo de contrato | Umbral 2024-2025 | Umbral 2026-2027 |
|---|---|---|
| Contratos de obras (general) | 5.538.000 € | 5.404.000 € |
| Suministros y servicios AGE | 143.000 € | 140.000 € |
| Suministros y servicios CCAA y EELL | 221.000 € | 216.000 € |
| Sectores especiales (agua, energía, transporte) | 443.000 € | 432.000 € |
| Concesiones de obras y servicios | 5.538.000 € | 5.404.000 € |
La rebaja de los umbrales tiene una doble lectura. Por un lado, abre más oportunidades a empresas que cumplen los requisitos europeos. Por otro, obliga a más órganos de contratación a tramitar procedimientos armonizados, con plazos más largos, mayor publicidad en el DOUE y requisitos formales más estrictos. Para una PYME sin departamento jurídico interno, la diferencia entre presentarse a un contrato no SARA y a uno SARA puede ser sustancial en términos de complejidad documental.
Otros cambios relevantes en la contratación pública 2026
La Orden HAC/34/2026 y los nuevos umbrales SARA no son los únicos cambios que afectan a las licitaciones este año. La normativa de 2026 incorpora también:
- Mayor flexibilidad en la revisión de precios en contratos plurianuales, permitiendo cláusulas indexadas a IPC e índices sectoriales con menos restricciones.
- Refuerzo de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) tanto como criterios de adjudicación como condiciones especiales de ejecución.
- Impulso a la contratación electrónica integral, con eliminación progresiva de los procedimientos en papel y obligatoriedad de la factura electrónica en la totalidad del sector público.
- Simplificación documental mediante el uso intensivo del DEUC (Documento Europeo Único de Contratación) y la reducción del volumen de anexos requeridos en la fase de propuesta.
Cómo prepararse: la ventana de oportunidad de los próximos meses
El calendario de los próximos seis meses ofrece una ventana de oportunidad excepcional para las PYMES del sector de obras especializadas. La entrada en vigor el 28 de abril, combinada con el ciclo presupuestario habitual de las administraciones públicas en el segundo semestre, anticipa una avalancha de licitaciones a las que muchas empresas podrán presentarse por primera vez en años.
Sin embargo, la experiencia muestra que más del 70% de las ofertas presentadas por PYMES son excluidas en la fase administrativa por errores formales: documentación incompleta, certificados mal redactados, ausencia de inscripción en ROLECE o presentación fuera de plazo. Por eso, contar con asesoramiento profesional para la gestión integral de licitaciones públicas —desde la búsqueda de oportunidades hasta la elaboración de la memoria técnica y la presentación electrónica— se ha convertido en un factor diferencial. Las empresas que externalizan esta función especializada multiplican por tres su tasa de adjudicación frente a las que tramitan internamente sin estructura específica.
Checklist para PYMES que quieran aprovechar la nueva regulación
- Revisa tu clasificación actual y verifica si tu empresa puede beneficiarse de la ampliación a 10 años en alguno de los subgrupos afectados.
- Solicita y archiva los certificados de buena ejecución de todas tus obras de los últimos diez años, incluso de aquellas ya finalizadas hace tiempo.
- Inscríbete o actualiza tu ficha en el ROLECE antes de la entrada en vigor para evitar cuellos de botella administrativos.
- Configura alertas automáticas en la Plataforma de Contratación del Sector Público para los CPV de tu actividad.
- Prepara plantillas de memoria técnica ajustadas a los criterios de valoración más habituales en tu sector.
- Verifica tu solvencia económico-financiera: la nueva regulación no flexibiliza este apartado, que sigue siendo motivo frecuente de exclusión.
Una oportunidad histórica para reequilibrar el mercado
La Orden HAC/34/2026 forma parte de un movimiento europeo más amplio que busca reequilibrar la contratación pública en favor del tejido empresarial pequeño y mediano. La Comisión Europea estima que las PYMES representan el 99% del tejido empresarial de la UE pero apenas captan el 45% del valor de los contratos públicos adjudicados.
Para España, donde las PYMES suponen el 99,8% de las empresas y emplean al 65% de los trabajadores del sector privado, el equilibrio es una cuestión estratégica. Si la nueva regulación se acompaña de simplificación administrativa real y de un esfuerzo serio por parte de los órganos de contratación para diseñar pliegos accesibles, los próximos dieciocho meses podrían marcar un punto de inflexión real en el acceso de las PYMES españolas a la contratación pública.
El 28 de abril es solo el primer hito. La pregunta clave para empresarios y autónomos es si su empresa estará preparada para aprovecharlo.
