De la tragedia a la trinchera política: cuándo se cruzó la línea tras la dana
La gestión de una catástrofe no termina cuando cesa la lluvia. También se mide por las decisiones que toman las instituciones durante las horas de emergencia, por la capacidad de priorizar a las víctimas y por el uso que los partidos hacen de la agenda pública.
En octubre de 2024, una dana golpeó con especial dureza varias zonas del levante español y dejó un balance de 238 fallecidos. Mientras los equipos de emergencia trabajaban sobre el terreno y miles de familias afrontaban pérdidas personales y materiales, el Congreso de los Diputados mantuvo su actividad ordinaria.
Entre los asuntos que llegaron al Pleno figuraba la reforma del modelo de elección y funcionamiento de RTVE. La iniciativa salió adelante con los votos del PSOE, Sumar, ERC, Junts, el PNV y Podemos, una mayoría parlamentaria que volvió a evidenciar la dependencia del Gobierno de sus socios de investidura.
Un Pleno mantenido en plena emergencia
La decisión de no suspender la sesión provocó críticas por el momento elegido. La cuestión no era únicamente si el Congreso podía seguir funcionando, sino si resultaba políticamente razonable mantener un debate sobre el control del ente público cuando la atención del país estaba concentrada en una tragedia de enormes dimensiones.
En democracia, las instituciones no dejan de trabajar durante una crisis. Sin embargo, la agenda parlamentaria puede adaptarse a las circunstancias. La elección de una fecha, el tono de los debates y la prioridad concedida a cada asunto transmiten un mensaje a la ciudadanía, especialmente cuando las consecuencias de una emergencia todavía son visibles.
La aprobación del decreto sobre RTVE fue interpretada por la oposición como un intento de aprovechar la conmoción para avanzar en una operación de control político de la radiotelevisión pública. El Ejecutivo y sus aliados parlamentarios defendieron su legitimidad para impulsar la medida y utilizaron su mayoría para sacarla adelante.
La política entra en escena antes de que termine el duelo
El problema de fondo no se limita a una votación concreta. Cada catástrofe abre un periodo especialmente sensible, en el que la ciudadanía reclama información, coordinación y respuestas. Cuando los partidos trasladan demasiado pronto la disputa partidista a ese escenario, el debate sobre la gestión de la emergencia queda desplazado por la confrontación.
La dana puso sobre la mesa preguntas relevantes: la anticipación de las alertas, la coordinación entre administraciones, la respuesta de los servicios públicos y la ayuda a los afectados. También planteó la necesidad de evaluar qué funcionó y qué falló. Esas cuestiones requerían explicaciones y control parlamentario, pero no necesariamente debían quedar subordinadas a una batalla por el reparto de poder en RTVE.
La percepción pública es determinante. Para una familia que acaba de perder su vivienda o a uno de sus miembros, contemplar cómo los partidos mantienen una disputa institucional puede reforzar la idea de que las prioridades políticas están alejadas de las urgencias sociales.
Ceuta, Adamuz y la memoria de otras crisis
La referencia a episodios como Ceuta, Adamuz y la dana forma parte de un debate más amplio sobre la velocidad con la que la política convierte una tragedia en un campo de batalla. Cada caso tiene sus propias circunstancias y responsabilidades, pero todos alimentan una misma discusión: cuándo empieza el legítimo control democrático y cuándo la confrontación partidista eclipsa a las víctimas.
El control parlamentario es imprescindible. También lo es exigir responsabilidades cuando existen indicios de errores, negligencias o falta de coordinación. La cuestión está en distinguir esa obligación de la utilización inmediata de una emergencia para colocar otros objetivos políticos en el centro de la conversación.
En el caso de la dana de 2024, la proximidad temporal entre la tragedia y la votación sobre RTVE convirtió una decisión parlamentaria legal en un problema político de primer orden. La mayoría que la respaldó podía defender su actuación desde el punto de vista procedimental, pero no podía ignorar el impacto simbólico de hacerlo mientras el país seguía pendiente de los muertos, los desaparecidos y los damnificados.
La prioridad debía ser la respuesta a los afectados
Una gestión responsable de las crisis exige establecer prioridades claras. La primera es proteger vidas y atender a quienes han sufrido daños. La segunda, informar con transparencia y coordinar a las administraciones. La tercera, abrir una evaluación rigurosa que permita depurar responsabilidades y corregir errores.
- La actividad parlamentaria puede continuar, pero debe adaptarse a la gravedad de la emergencia.
- Las decisiones sobre medios públicos requieren transparencia y consenso suficiente para evitar sospechas de control partidista.
- La investigación sobre la respuesta a una catástrofe debe centrarse en los hechos y no en la rentabilidad electoral inmediata.
- Las víctimas deben ocupar el centro del debate institucional durante todo el proceso.
La tragedia no suspende la democracia, pero sí obliga a ejercerla con responsabilidad. Mantener un Pleno en plena dana pudo ser formalmente posible; convertir esa sesión en una demostración de fuerza parlamentaria fue, para muchos ciudadanos, una señal de prioridades equivocadas.
El tiempo acaba determinando si una decisión política fue una respuesta necesaria o una maniobra oportunista. En las emergencias, ese juicio llega antes: lo forman las imágenes del desastre, el silencio de las familias y la sensación de que, mientras unos intentan reconstruir sus vidas, otros ya han regresado a la trinchera.
