Cuando la enfermedad se convierte en una excusa para deshumanizar
Presentar una enfermedad como un problema asociado a las personas extranjeras no es una forma neutral de hablar sobre salud pública. Este tipo de mensajes desplaza el foco desde los datos y las soluciones hacia el origen, la nacionalidad o la procedencia de quienes enferman. El resultado es un relato que alimenta el miedo, estigmatiza a colectivos enteros y puede terminar justificando medidas discriminatorias.
La salud pública necesita información rigurosa, prevención y recursos. También requiere identificar los factores sociales que favorecen la transmisión de una enfermedad: las condiciones de vivienda, la precariedad laboral, el acceso al sistema sanitario, la movilidad o la situación administrativa. Sustituir ese análisis por una explicación basada en el origen de las personas empobrece el debate y dificulta la respuesta sanitaria.
El origen no es una causa médica
Las enfermedades no entienden de fronteras. Su propagación depende de múltiples variables biológicas, ambientales y sociales, no de una supuesta identidad nacional. Sin embargo, determinados discursos convierten la procedencia de los pacientes en una característica central, como si bastara para explicar un brote o para atribuir responsabilidades colectivas.
En realidad, los riesgos sanitarios suelen estar relacionados con circunstancias concretas. Una persona que vive en condiciones de hacinamiento, trabaja sin protección o encuentra barreras para acudir al médico puede tener más dificultades para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad. Esas situaciones no definen a quien las padece: reflejan desigualdades que las políticas públicas deben abordar.
Extranjerizar una enfermedad consiste precisamente en presentar un problema común como si perteneciera a un grupo ajeno a la sociedad. Esta estrategia crea una frontera simbólica entre un supuesto nosotros sano y un ellos convertido en amenaza. Además de ser injusta, puede tener consecuencias directas sobre la salud colectiva.
El estigma también enferma
Cuando una comunidad es señalada como origen de un riesgo, muchas personas pueden evitar acudir a los centros de salud por miedo a ser juzgadas, identificadas o rechazadas. El estigma retrasa los diagnósticos, dificulta el seguimiento de los tratamientos y favorece que los problemas permanezcan ocultos.
La desconfianza perjudica a toda la población. La prevención funciona mejor cuando existe cooperación entre pacientes, profesionales y administraciones. Para lograrla, los mensajes institucionales deben ser claros y responsables, sin convertir a ningún grupo en chivo expiatorio. La comunicación sanitaria no puede basarse en el temor ni en la sospecha permanente.
También existe un impacto sobre las personas que no pertenecen al colectivo señalado. Asociar enfermedad y extranjería normaliza la idea de que ciertos ciudadanos merecen menos protección, menos derechos o un acceso condicionado a la atención médica. Esa lógica rompe el principio de universalidad que debe regir un sistema sanitario moderno.
Un discurso con precedentes históricos
La relación entre enfermedad, origen y amenaza tiene una larga historia. En distintos momentos, las epidemias se han utilizado para culpar a minorías, justificar controles sobre la población o reforzar políticas de exclusión. El lenguaje sanitario ha servido, en ocasiones, para revestir de aparente objetividad prejuicios racistas, eugenésicos y nativistas.
El hecho de que un dirigente desconozca esos antecedentes no elimina el efecto de sus palabras. La intención puede ser distinta de la consecuencia. Un mensaje que vincula un problema de salud con la población extranjera puede reactivar imaginarios antiguos, aunque quien lo pronuncie no pretenda defenderlos de forma consciente.
En este contexto, las referencias políticas de Alberto Núñez Feijóo deben analizarse con especial atención. No se trata únicamente de valorar una declaración aislada, sino de observar qué visión de la sociedad transmite y qué respuestas puede legitimar. La crítica no debe centrarse solo en la retórica, sino también en sus posibles efectos sobre la convivencia y el acceso a la sanidad.
La responsabilidad de las instituciones
Las administraciones tienen la obligación de explicar los riesgos con precisión. Si existe un problema epidemiológico, deben ofrecer datos contrastados, detallar las vías de transmisión, reforzar la vigilancia y garantizar recursos para la prevención y el tratamiento. También deben aclarar qué medidas son necesarias y sobre qué evidencias científicas se sostienen.
- Separar los datos epidemiológicos de cualquier juicio sobre el origen de los pacientes.
- Identificar las condiciones sociales que aumentan la vulnerabilidad.
- Garantizar atención sanitaria sin discriminación.
- Combatir los bulos y los mensajes que vinculan migración y enfermedad de forma automática.
- Contar con profesionales y mediadores capaces de comunicarse con comunidades diversas.
La protección de la salud no puede construirse a costa de la dignidad de una parte de la población. Una sociedad preparada para afrontar epidemias es la que informa sin alarmismo, previene sin estigmatizar y atiende a todas las personas con los mismos derechos.
Convertir la enfermedad en una cuestión de nacionalidad no aporta soluciones. Solo desplaza la responsabilidad, alimenta el rechazo y dificulta el trabajo de quienes deben proteger la salud pública. Frente a la deshumanización, la respuesta más eficaz pasa por la evidencia, la igualdad y una política sanitaria centrada en las condiciones reales de vida.
