Marruecos vuelve a quedar en el centro del debate por el robo de información del móvil de Sánchez
El caso de la información sustraída del teléfono móvil de Pedro Sánchez vuelve a ocupar un lugar destacado en la política española. La controversia reapareció este jueves en el Congreso, durante el debate sobre Ceuta, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vinculó la falta de explicaciones sobre aquel episodio con la relación del Gobierno con Marruecos.
Feijóo lanzó su pregunta directamente al presidente: qué documento, conversación o indicio pudo encontrarse en su dispositivo para explicar su comportamiento posterior. El dirigente popular insistió en la posibilidad de que Rabat disponga de información comprometida y acusó al Ejecutivo de actuar bajo presión.
“¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?”, planteó el presidente del PP durante su intervención. A continuación, elevó el tono político de la acusación al advertir de que España no puede tener un presidente sometido a un supuesto chantaje.
Un caso que sigue sin una respuesta completa
La polémica se remonta al robo de información de varios teléfonos vinculados al Gobierno. En el caso de Sánchez, se detectó la extracción de archivos y comunicaciones de su dispositivo en un episodio que fue investigado por las autoridades españolas y relacionado con el uso del programa espía Pegasus.
La cantidad exacta de información sustraída, su contenido y la identidad de los responsables continúan siendo elementos centrales de la controversia. Aunque se han manejado distintas hipótesis, el caso no ha aportado públicamente una explicación definitiva que cierre todas las incógnitas.
La ausencia de una conclusión plenamente esclarecedora ha alimentado durante años la presión de la oposición. El Partido Popular considera que el Gobierno no ha explicado con suficiente detalle qué consecuencias tuvo aquella intrusión ni hasta qué punto pudo influir en decisiones posteriores de política exterior.
La relación con Rabat, bajo sospecha política
El debate vuelve a coincidir con uno de los asuntos más sensibles de la política exterior española: el giro de la posición del Gobierno sobre el Sáhara Occidental y el posterior acercamiento a Marruecos. Desde entonces, el Ejecutivo ha defendido una relación bilateral basada en la cooperación, la seguridad y el control de los flujos migratorios.
La oposición, sin embargo, sostiene que ese cambio de rumbo no fue explicado con suficiente transparencia. Para el PP, la secuencia temporal entre el espionaje al teléfono del presidente y la modificación de la política española hacia Rabat justifica que se reclamen nuevas aclaraciones.
El Gobierno ha rechazado en distintas ocasiones que sus decisiones respondan a amenazas o presiones externas. También ha defendido que la cooperación con Marruecos resulta estratégica para España, especialmente en ámbitos como la lucha contra las redes de tráfico de personas, la seguridad y la gestión de la inmigración irregular.
Ceuta como escenario de la disputa
La intervención de Feijóo se produjo durante el Pleno dedicado a Ceuta, un territorio que ocupa una posición especialmente delicada en la relación entre España y Marruecos. La ciudad autónoma afronta de forma recurrente episodios de presión migratoria y permanece en el centro de las preocupaciones de seguridad del Gobierno.
El líder popular aprovechó ese marco para reclamar una política más firme y transparente. A su juicio, la defensa de Ceuta y Melilla no puede quedar condicionada por acuerdos opacos ni por una relación bilateral en la que España, según denunció, parezca actuar desde una posición de debilidad.
La acusación de un posible chantaje político supone un salto cualitativo en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el PP. No se trata únicamente de cuestionar una decisión diplomática, sino de poner en duda la libertad con la que el presidente del Gobierno adopta sus principales decisiones en materia exterior.
El Gobierno afronta nuevas peticiones de información
La reaparición del caso Pegasus amenaza con devolver al primer plano una investigación que el Ejecutivo prefería mantener en el ámbito de la seguridad nacional. La oposición reclama conocer qué datos fueron extraídos, qué medidas se adoptaron para proteger al presidente y si se identificó alguna consecuencia política derivada del ataque.
El Ejecutivo, por su parte, deberá decidir cuánto está dispuesto a detallar sin comprometer información reservada. Esa tensión entre transparencia y seguridad ha sido uno de los principales obstáculos para esclarecer públicamente el alcance del robo de datos.
Mientras no exista una respuesta concluyente sobre el contenido sustraído y sus posibles efectos, el episodio seguirá siendo utilizado como arma política. Y cada debate sobre Marruecos, el Sáhara o Ceuta volverá a abrir la misma pregunta: si el Gobierno tomó sus decisiones por convicción propia o bajo la presión de una información que nunca se ha aclarado por completo.
