El exnúmero dos de la inteligencia marroquí asegura tener datos sobre el móvil de Pedro Sánchez
El caso del teléfono móvil de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro del debate político y de seguridad. Mehdi Hijaouy, antiguo responsable de segundo nivel en los servicios de inteligencia de Marruecos, habría abandonado el país con documentación relacionada con la operación de espionaje que afectó al terminal del presidente del Gobierno.
Según la información difundida, el material sustraído incluiría detalles sobre cómo se ejecutó la operación, quiénes participaron y qué contenían los archivos extraídos del dispositivo. En total, la documentación estaría vinculada a unos 2,6 gigas de información obtenida del teléfono.
Una operación bajo sospecha
La posible existencia de esos documentos añade un nuevo elemento a un caso que ya provocó una fuerte controversia institucional. El terminal de Pedro Sánchez fue objeto de una intrusión mediante el programa Pegasus, una herramienta capaz de acceder a comunicaciones, archivos y otros datos almacenados en un dispositivo móvil.
La revelación atribuida a Hijaouy apunta ahora a la existencia de un supuesto rastro documental de la operación. Ese material permitiría reconstruir tanto el procedimiento técnico empleado como el destino de la información obtenida, aunque por el momento no se ha hecho público el contenido íntegro de los archivos ni se ha confirmado oficialmente su autenticidad.
La relevancia del caso no se limita al volumen de datos. La cuestión central pasa por determinar quién ordenó la intervención, desde qué estructura se coordinó y con qué finalidad. También sería necesario aclarar si la actuación fue conocida por responsables políticos o si se desarrolló al margen de los controles institucionales.
El papel de Mehdi Hijaouy
Hijaouy habría formado parte de los niveles superiores de la inteligencia marroquí antes de salir del país. Su posición le habría permitido acceder a información reservada sobre operaciones sensibles, aunque los detalles sobre sus funciones concretas y sobre las circunstancias de su huida no han trascendido de forma completa.
La documentación que supuestamente habría llevado consigo podría convertirse en una pieza de interés para las investigaciones abiertas en torno al espionaje con Pegasus. No obstante, cualquier conclusión deberá apoyarse en un análisis técnico y judicial de los archivos, así como en la verificación de su procedencia y de la cadena de custodia.
Qué información podría contener el material
- El método utilizado para acceder al teléfono del presidente del Gobierno.
- La identidad de las personas o unidades implicadas en la operación.
- Las fechas y circunstancias en las que se produjeron las intrusiones.
- El contenido de los datos extraídos del dispositivo móvil.
- Las instrucciones recibidas y el destino posterior de la información.
Un asunto con consecuencias políticas y diplomáticas
El espionaje al teléfono de un jefe de Gobierno afecta directamente a la seguridad nacional y a la protección de las comunicaciones de las instituciones del Estado. Por ello, la eventual aparición de documentos internos podría reabrir el debate sobre las responsabilidades políticas, las medidas de protección digital y los mecanismos de supervisión de los servicios de inteligencia.
Además, el caso tiene una dimensión diplomática evidente. Si se confirmase que la operación fue impulsada desde estructuras vinculadas a un Estado extranjero, España tendría que valorar sus consecuencias en la relación bilateral y en la cooperación en materia de seguridad. Hasta ahora, cualquier atribución definitiva exige pruebas verificables y una investigación independiente.
La posible entrega de los archivos a las autoridades españolas o a los tribunales permitiría contrastar las afirmaciones de Hijaouy. También podría esclarecer si los 2,6 gigas mencionados corresponden exclusivamente al teléfono de Pedro Sánchez o si incluyen información procedente de otros dispositivos y operaciones.
La necesidad de esclarecer los hechos
La aparición de nuevos testimonios y documentos vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las comunicaciones de los responsables públicos. El uso de herramientas de espionaje sin garantías suficientes plantea riesgos que van más allá de la privacidad individual: afecta a la seguridad del Estado, al funcionamiento de las instituciones y a la confianza entre países.
Por ahora, la información sobre el supuesto archivo sustraído debe tratarse con cautela. La confirmación de su autenticidad, el examen técnico de su contenido y la determinación de las responsabilidades serán decisivos para saber si se encuentra ante una prueba capaz de cambiar el relato del espionaje al móvil de Pedro Sánchez o ante una nueva pieza de un caso todavía sin cerrar.
