Un colaborador policial habría pedido dos millones a Marruecos por entregar al supuesto custodio de las pruebas de Pegasus
Un colaborador de la Policía Nacional habría planteado a un interlocutor con acceso a las altas esferas de Marruecos un plan para localizar y entregar a Mehdi Hijaouy, antiguo colaborador de Yassine Mansouri, máximo responsable de los servicios de inteligencia marroquíes. La operación, según la información difundida, habría tenido como objetivo poner en manos de Rabat a una persona que asegura conservar documentación relacionada con el programa espía Pegasus.
La cantidad solicitada por el intermediario ascendería a dos millones de euros. El supuesto acuerdo pretendía aprovechar la información que Hijaouy dice tener sobre el funcionamiento de los servicios secretos marroquíes y sobre material extraído de teléfonos móviles de distintas personalidades, entre ellas el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Un plan para entregar a un antiguo miembro de la inteligencia marroquí
La propuesta se habría expuesto durante una reunión celebrada con una persona vinculada a las altas instancias de Marruecos. El colaborador policial habría presentado un plan para identificar el paradero de Hijaouy y facilitar su entrega a las autoridades o a representantes del país norteafricano a cambio de una compensación económica.
Hijaouy fue, presuntamente, una figura próxima a Yassine Mansouri, director de la Dirección General de Estudios y Documentación, uno de los principales organismos de inteligencia de Marruecos. Tras romper con su entorno, el antiguo agente habría abandonado el país y difundido información sobre las estructuras de seguridad marroquíes.
La relevancia del caso reside en que el excolaborador asegura disponer de pruebas relacionadas con el uso de Pegasus, un software capaz de acceder de forma prácticamente total a los dispositivos móviles infectados. El programa puede extraer mensajes, fotografías, documentos, registros de llamadas y datos de geolocalización sin que el usuario sea consciente de la intrusión.
El teléfono de Pedro Sánchez, entre los objetivos señalados
El nombre de Pedro Sánchez aparece en el centro de esta trama por el supuesto robo de información de su teléfono móvil. En 2022, el Gobierno comunicó que los dispositivos del presidente y de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sufrido varias infecciones con Pegasus.
Los análisis realizados en los terminales detectaron la extracción de una cantidad significativa de datos. El Ejecutivo español atribuyó los ataques a una acción externa y puso los hechos en conocimiento de la Justicia. Sin embargo, la investigación no ha permitido establecer públicamente quién ordenó las intrusiones ni quién tuvo acceso final a la información sustraída.
La existencia de un supuesto custodio de esas pruebas añade un nuevo elemento a un caso que ha tenido consecuencias políticas y diplomáticas. La información en poder de Hijaouy podría incluir, siempre según su propio testimonio, archivos obtenidos de los dispositivos atacados y documentación sobre las operaciones de vigilancia atribuidas a Marruecos.
Una operación rodeada de interrogantes
El supuesto ofrecimiento plantea dudas sobre la participación concreta del colaborador policial, el alcance real de sus contactos y la autenticidad del material que Hijaouy afirma conservar. También queda por determinar si la petición económica llegó a formalizarse, si hubo negociaciones posteriores o si la propuesta fue rechazada por la parte marroquí.
La condición de colaborador de la Policía Nacional no implica necesariamente que la persona actuara por encargo oficial. De hecho, la información conocida apunta a una iniciativa particular orientada a obtener un beneficio económico. Será necesario aclarar si existió algún tipo de autorización, conocimiento o seguimiento por parte de mandos policiales españoles.
El caso Pegasus continúa abierto
El espionaje mediante Pegasus ha provocado investigaciones en varios países europeos y ha afectado a políticos, periodistas, activistas y miembros de organizaciones civiles. En España, el caso generó una crisis institucional y tensiones con Marruecos, especialmente después de que varios teléfonos de dirigentes independentistas catalanes aparecieran también entre los dispositivos presuntamente infectados.
Las autoridades marroquíes han negado en distintas ocasiones haber utilizado Pegasus para espiar a responsables extranjeros. La empresa que desarrolló el programa, por su parte, sostiene que únicamente vende sus herramientas a gobiernos y organismos autorizados para combatir el terrorismo y la delincuencia grave.
La supuesta oferta de dos millones de euros vuelve a situar el foco sobre el destino de los datos extraídos del teléfono de Sánchez y sobre las personas que podrían conservar copias de esa información. Por ahora, las acusaciones forman parte de una operación que deberá ser contrastada y cuya dimensión real dependerá de la existencia de documentos verificables, comunicaciones y testimonios independientes.
