Albares prepara nuevas instrucciones para los consulados tras la decisión cautelar del Supremo sobre el CERA
El Ministerio de Asuntos Exteriores tendrá que trasladar a la red consular las consecuencias prácticas de la resolución del Tribunal Supremo que afecta al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La decisión ordena paralizar, de forma cautelar, las nuevas altas y los efectos electorales de determinadas inscripciones ya realizadas, salvo en los casos en los que los beneficiarios acrediten su condición de exiliados conforme a los requisitos previstos legalmente.
La resolución no supone todavía una sentencia sobre el fondo del asunto. Se trata de una medida provisional adoptada mientras continúa el procedimiento judicial. Sin embargo, obliga a Exteriores a establecer un criterio común para todos los consulados y a evitar que se produzcan actuaciones contradictorias en la gestión del censo de españoles residentes en el extranjero.
Qué tendrán que hacer los consulados
La instrucción que previsiblemente remitirá el departamento dirigido por José Manuel Albares deberá concretar cómo se aplican las cautelares en los trámites consulares. La prioridad será identificar las inscripciones afectadas y garantizar que ninguna alta o modificación censal produzca efectos electorales mientras esté vigente la suspensión acordada por el Supremo.
En la práctica, los consulados deberán extremar la revisión de las solicitudes de inscripción en el CERA y diferenciar entre los expedientes ordinarios y aquellos vinculados a la excepción contemplada por el tribunal. Los ciudadanos que puedan acogerse a esa excepción tendrán que aportar la documentación necesaria para acreditar el exilio en los términos estrictamente previstos por la ley.
La aplicación de la medida exigirá también coordinación entre las oficinas consulares, la Oficina del Censo Electoral y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores. El objetivo será unificar los criterios sobre la recepción de documentos, la validación de las solicitudes y la comunicación de las decisiones a los interesados.
Paralizadas las nuevas altas y sus efectos electorales
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado suspender cautelarmente las nuevas altas en el CERA. También ha ordenado paralizar los efectos electorales de las inscripciones que ya se hubieran practicado, con la salvedad de quienes acrediten el exilio conforme a la normativa aplicable.
Esta diferencia resulta relevante. La resolución no establece una anulación automática de todas las inscripciones, sino una suspensión temporal de sus consecuencias electorales. Por tanto, las instrucciones deberán precisar cómo se mantiene la información administrativa de los expedientes y, al mismo tiempo, se impide que las altas cuestionadas puedan utilizarse para participar en una convocatoria electoral.
Los consulados tendrán que informar previsiblemente a los solicitantes sobre el estado de sus trámites, la documentación exigida y las limitaciones derivadas de la decisión judicial. La comunicación será especialmente importante para evitar que los ciudadanos interpreten la suspensión como un rechazo definitivo o como la pérdida permanente de sus derechos electorales.
Una resolución adoptada por mayoría
La medida fue aprobada por cinco magistrados de la Sección Cuarta: el presidente, Luis María Díez-Picazo; el ponente, Antonio Narváez; José Luis Requero; Manuel Delgado y Antonio Fonseca-Herrero. La magistrada Alicia Millán votó en contra y anunció la formulación de un voto particular.
La existencia de ese voto discrepante refleja que la decisión ha generado debate jurídico dentro de la propia sala. No obstante, mientras la medida siga vigente, la Administración debe cumplirla y adaptar sus procedimientos a lo establecido por el tribunal.
El trasfondo: el acceso al voto de los españoles en el extranjero
El CERA reúne a los españoles que residen de forma permanente fuera del país y constituye la base para su participación en las elecciones. La inscripción en este censo permite ejercer el derecho de sufragio desde el extranjero, de acuerdo con las reglas aplicables a cada proceso electoral.
La controversia se centra en el alcance de determinadas altas y en las condiciones que deben cumplir quienes pretenden incorporarse al censo con una consideración específica vinculada al exilio. Las entidades que solicitaron las medidas cautelares defendían la necesidad de evitar que esas inscripciones desplegaran efectos antes de que los tribunales resolvieran el litigio.
El Supremo ha optado por una solución provisional: detener las consecuencias electorales de las altas afectadas, pero mantener abierta la posibilidad de que determinados beneficiarios queden fuera de la suspensión si prueban su situación dentro del marco legal.
Exteriores deberá aplicar la medida sin anticipar el fallo definitivo
Las próximas instrucciones de Albares tendrán que encontrar un equilibrio entre el cumplimiento estricto de la resolución y la protección de los derechos de los españoles residentes en el extranjero. El Ministerio deberá evitar tanto la tramitación automática de inscripciones cuestionadas como la imposición de requisitos que no aparezcan en la ley o en el auto judicial.
Hasta que exista una sentencia definitiva, la situación seguirá siendo provisional. Las altas afectadas permanecerán bajo revisión y sus efectos electorales quedarán suspendidos, salvo en los supuestos expresamente exceptuados. La red consular tendrá ahora la responsabilidad de aplicar este criterio de manera homogénea y de ofrecer información clara a los ciudadanos.
