Microsoft pacta con los sindicatos docentes de EE. UU. el primer estándar legal de privacidad para la IA en las aulas
Microsoft y dos de las principales organizaciones sindicales de docentes de Estados Unidos han acordado un marco contractual para limitar el uso de la inteligencia artificial en los centros educativos. El pacto impide utilizar los datos de estudiantes y profesores para entrenar modelos de IA, prohíbe rastrear a los alumnos y exige supervisión humana en cualquier decisión relevante tomada con ayuda de estas herramientas.
El Estándar Nacional de Seguridad y Privacidad de IA para Escuelas fue firmado el 7 de septiembre en Nueva York por Microsoft, la Federación Americana de Maestros (AFT) y la Federación Unida de Docentes de Nueva York (UFT). Entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026 para los distritos escolares que decidan incorporarlo a sus contratos tecnológicos.
Diez garantías que los colegios podrán exigir por contrato
El acuerdo se articula en torno a diez protecciones ejecutables contractualmente. Esto significa que no se quedan en una declaración de buenas intenciones: los distritos que adopten el estándar podrán reclamar legalmente si Microsoft incumple alguna de las condiciones pactadas.
La principal garantía establece que los datos de alumnos y docentes no podrán utilizarse para entrenar modelos generativos de inteligencia artificial. La prohibición también alcanza a la personalización de los sistemas y a la creación de perfiles con fines publicitarios.
Microsoft sí podrá emplear determinados datos técnicos desidentificados para mejorar la seguridad y la fiabilidad de sus productos. Se trata de información a la que se han eliminado elementos identificativos, como el nombre o el correo electrónico, aunque su uso quedará limitado a esos objetivos operativos.
- Prohibición de vender los datos de estudiantes a terceros.
- Impedimento de rastrear la actividad de los alumnos mediante las herramientas educativas.
- Supervisión humana obligatoria en decisiones que afecten al alumnado.
- Información clara para las familias sobre el funcionamiento de la IA.
- Posibilidad de reclamar daños si el proveedor incumple las obligaciones pactadas.
Un adulto deberá supervisar las decisiones de la IA
El estándar establece que la inteligencia artificial no podrá actuar como autoridad final en cuestiones académicas o disciplinarias. La evaluación del rendimiento, la recomendación de contenidos o la generación de alertas sobre comportamiento deberán contar con la revisión de un profesional.
Esta exigencia se conoce como supervisión humana o humano en el circuito. Su objetivo es evitar que una decisión automatizada se aplique sin comprobar si existen errores, sesgos o circunstancias personales que el sistema no puede comprender.
En la práctica, un algoritmo podría señalar que un estudiante presenta dificultades de aprendizaje o recomendarle determinados ejercicios, pero la decisión final correspondería a un docente u otro responsable del centro. El sistema no debería sustituir el criterio profesional ni cerrar por sí solo el acceso a una oportunidad educativa.
Las familias recibirán explicaciones en lenguaje sencillo
Otra de las obligaciones previstas es que los centros y los proveedores ofrezcan guías comprensibles para las familias. La información deberá explicar qué herramientas se utilizan, qué datos procesan, para qué sirven y qué límites tienen sus resultados.
La medida pretende corregir uno de los problemas habituales en la adopción de IA en las aulas: estudiantes y profesores empiezan a utilizar servicios digitales sin conocer con precisión qué información recopilan ni cómo puede reutilizarse. La transparencia será especialmente relevante cuando las herramientas trabajen con conversaciones, trabajos escolares, calificaciones o datos de comportamiento.
Un marco que responde a las limitaciones de FERPA y COPPA
Las leyes federales estadounidenses sobre privacidad educativa no fueron diseñadas para los sistemas actuales de IA generativa. La Ley de Derechos Educativos Familiares y Privacidad, conocida como FERPA, protege los expedientes académicos, pero no detalla qué puede hacer un modelo de lenguaje con las conversaciones mantenidas durante una sesión de tutoría.
La Ley de Protección de la Privacidad Online de los Niños, o COPPA, limita la recopilación de datos de menores de 13 años. Sin embargo, no proporciona a los distritos herramientas específicas para controlar el entrenamiento de modelos de IA ni para supervisar cómo se generan recomendaciones o alertas automatizadas.
El nuevo estándar intenta cubrir ese vacío mediante contratos. Su principal novedad es la denominada cláusula de daños, que abre una vía legal para reclamar si Microsoft incumple las garantías asumidas. Hasta ahora, muchas condiciones de privacidad incluidas en acuerdos entre escuelas y empresas tecnológicas tenían un alcance más declarativo que vinculante.
Los primeros distritos que se suman al acuerdo
Entre las organizaciones y administraciones que ya han adoptado el marco figuran el Distrito Unificado de Los Ángeles, el Sindicato de Maestros del Estado de Nueva York y las Escuelas Públicas de Nueva York, que respaldaron la iniciativa junto al alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.
El acuerdo mantiene abierta la participación de otros proveedores tecnológicos. La intención de los sindicatos es crear una presión competitiva: si una empresa ofrece estas garantías, las demás tendrán que justificar por qué no proporcionan una protección equivalente a los centros educativos.
La iniciativa llega después de que algunos de los mayores distritos del país limitaran el uso de IA generativa. Nueva York, por ejemplo, pausó buena parte de estas herramientas para estudiantes hasta octavo curso. En muchos casos, la adopción había comenzado de forma descentralizada, con docentes que probaban servicios por su cuenta y sin un marco común de privacidad.
Un estándar voluntario ante la presión regulatoria
Brad Smith, vicepresidente y presidente de Microsoft, ha presentado el acuerdo como un primer paso ampliable al conjunto de la industria. La compañía busca así convertir compromisos de privacidad en obligaciones contractuales antes de que nuevas leyes impongan requisitos similares.
El movimiento también coincide con el enfoque europeo. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea clasifica buena parte de los sistemas utilizados en educación como aplicaciones de alto riesgo, sujetas a exigencias de transparencia, evaluación y control humano.
Para los distritos estadounidenses, la diferencia estará en la aplicación práctica. A partir del 1 de noviembre, quienes incorporen el estándar a sus contratos dispondrán de herramientas legales más concretas para proteger los datos del alumnado y exigir responsabilidades a los proveedores de IA.
