España pone condiciones a los centros de datos: deberán aportar el 80% de su energía renovable
España quiere aprovechar el auge de la inteligencia artificial para atraer nuevos centros de datos, pero el Gobierno pretende evitar que estas instalaciones disparen la demanda eléctrica y encarezcan la factura de los consumidores. El proyecto de Real Decreto que prepara el Ejecutivo plantea que los centros con una potencia de acceso de al menos 1 MW cubran el 80% de su consumo con energía renovable vinculada directamente a nuevas instalaciones.
La medida afecta a una industria estratégica para el desarrollo de la IA. Los centros de datos alojan los servidores que entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial, almacenan grandes volúmenes de información y sostienen servicios digitales. Su actividad requiere electricidad de forma continua, las 24 horas del día, y apenas admite interrupciones.
El 80% de la electricidad deberá estar respaldado por renovables
El borrador establece que estos centros tendrán que cubrir al menos el 80% de su consumo mediante autoconsumo renovable o a través de contratos de compraventa de electricidad, conocidos como PPA. En estos acuerdos, una empresa compra energía durante un periodo prolongado a una instalación generadora, normalmente solar o eólica.
No bastará, sin embargo, con contratar electricidad verde de forma genérica. Las plantas renovables asociadas deberán ser nuevas y haber entrado en funcionamiento como máximo 18 meses antes de que comience a operar el centro de datos. El objetivo es que la llegada de estas instalaciones digitales impulse también nueva capacidad de generación, en lugar de absorber la producción renovable ya disponible.
La exigencia más compleja es la llamada correlación horaria. Según el proyecto, en cada hora al menos el 80% de la electricidad consumida por el centro deberá estar respaldada por generación renovable producida durante esa misma hora.
El reto de garantizar electricidad limpia durante todo el día
El requisito introduce una dificultad técnica y económica importante. La producción solar cae por la noche y depende de las condiciones meteorológicas, mientras que la demanda de un centro de datos permanece prácticamente constante. La energía eólica también varía y no siempre coincide con los momentos de mayor consumo.
Para cumplir la norma sería necesario combinar distintas tecnologías, incorporar sistemas de almacenamiento o mantener fuentes de respaldo para los periodos sin suficiente generación renovable. Las baterías pueden cubrir parte de esas necesidades, aunque su capacidad y su coste todavía pueden resultar determinantes en proyectos de gran tamaño.
Las empresas del sector consideran que la correlación hora a hora puede elevar notablemente la inversión y poner en riesgo algunos proyectos. También advierten de que la exigencia podría ralentizar la construcción de centros de datos precisamente cuando las grandes tecnológicas buscan capacidad para entrenar modelos de IA cada vez más exigentes.
Hasta 12 GW de capacidad concedida para centros de datos
La preocupación del Gobierno está relacionada con el volumen de proyectos en marcha. Red Eléctrica ha concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte. Desde 2020 se han otorgado aproximadamente otros 6 GW en las redes de distribución.
En conjunto, son alrededor de 12 GW de capacidad frente a los 3,5-4 GW de demanda eléctrica que la Estrategia de Inteligencia Artificial contemplaba para 2030. La diferencia refleja el interés inversor, aunque no significa necesariamente que toda esa capacidad vaya a convertirse de forma inmediata en consumo real.
El crecimiento ya se está reflejando en las redes. Red Eléctrica ha registrado en algunos meses aumentos interanuales superiores al 75% en el consumo asociado a infraestructuras informáticas, una categoría que incluye la actividad de los centros de datos.
El temor a que la expansión encarezca la luz
Estas instalaciones tienen un consumo elevado, continuo y poco flexible. Su desarrollo exige reforzar redes de distribución, ampliar la generación eléctrica y disponer de capacidad de respaldo cuando las renovables no cubren la demanda. Si ese respaldo depende de centrales de gas, el coste del sistema podría aumentar y repercutir en el conjunto de los consumidores.
El propio proyecto normativo advierte de que un crecimiento desordenado de los centros de datos podría elevar el uso del gas como tecnología marginal. En el mercado eléctrico, la tecnología marginal es la última que entra para cubrir la demanda y la que, en determinadas circunstancias, contribuye a fijar el precio mayorista de la electricidad.
El Ejecutivo pretende evitar que las nuevas fábricas de IA compitan por la energía disponible y terminen trasladando sus costes a los hogares. El debate no se limita, por tanto, a la huella ambiental de los centros, sino también a quién debe pagar las nuevas infraestructuras necesarias para conectarlos.
Una inversión potencial de 67.000 millones de euros
La patronal SpainDC calcula que el sector podría movilizar cerca de 67.000 millones de euros en España hasta 2030. El país parte de una posición favorable gracias a la disponibilidad de suelo, su conectividad internacional y una generación renovable abundante con precios competitivos.
Sin embargo, las tecnológicas, las compañías eléctricas y los inversores han presentado objeciones al borrador, especialmente por la obligación de garantizar energía renovable en cada hora. Tras analizar las alegaciones, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a suavizar algunos aspectos de la propuesta, aunque mantiene el objetivo de proteger la red eléctrica y contener el impacto sobre los precios.
La norma todavía debe completar su tramitación y podría cambiar antes de su aprobación definitiva. El mensaje político, no obstante, ya está definido: España quiere atraer centros de datos y capital tecnológico, pero exige que los proyectos incorporen una parte sustancial de su propia capacidad energética y no conviertan la expansión de la inteligencia artificial en una factura compartida por todos.
