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Vivas acusa a la Secretaría de Estado de Seguridad de ignorar su petición antes de la crisis de Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha señalado directamente a la Secretaría de Estado de Seguridad por haber rechazado una petición planteada por la ciudad autónoma apenas 24 horas antes del estallido de la crisis. Según su versión, la respuesta negativa llegó en un momento especialmente delicado y dejó sin atender una demanda que, a su juicio, requería una reacción urgente del Gobierno.

Vivas también ha denunciado el tono empleado por el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las gestiones previas. El dirigente ceutí asegura que fue calificado de pesado por insistir en sus reclamaciones, una expresión que ha convertido en uno de los elementos políticos más controvertidos de la crisis.

El episodio sitúa el foco sobre el funcionamiento de la cadena de mando en materia de seguridad y sobre la coordinación entre el Ejecutivo central y las autoridades ceutíes. La controversia afecta de forma directa a Aina Calvo Sastre, secretaria de Estado de Seguridad y responsable de coordinar las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil.

Una petición rechazada en la víspera

La denuncia de Vivas se centra en el momento en que fue desestimada la solicitud de Ceuta. El presidente sostiene que la negativa se produjo 24 horas antes del inicio de la crisis, una proximidad temporal que, en su opinión, demuestra que las advertencias de la ciudad no recibieron la atención necesaria.

El dirigente autonómico no ha presentado esta decisión como un simple desencuentro administrativo. Su relato apunta a una falta de respuesta política ante una situación que exigía anticipación, coordinación y capacidad operativa. La pregunta que queda abierta es si la Administración General del Estado dispuso de información suficiente para valorar el riesgo y si actuó con la rapidez adecuada.

La gestión de la seguridad en Ceuta depende de una relación especialmente estrecha entre las instituciones locales y el Gobierno central. La ciudad cuenta con competencias limitadas en este ámbito, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil dependen orgánicamente del Ministerio del Interior. Por ello, cualquier demora o fallo de comunicación puede tener consecuencias relevantes.

El papel de Aina Calvo Sastre

Aina Calvo Sastre ocupa la Secretaría de Estado de Seguridad, un puesto situado en el núcleo de la dirección política de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde esa responsabilidad coordina las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil y mantiene una dependencia directa del ministro del Interior.

La posición de la secretaria de Estado convierte su departamento en una pieza central para esclarecer qué ocurrió antes de la crisis. La cuestión no es únicamente quién recibió la petición de Ceuta, sino también qué recorrido tuvo, qué informes se analizaron y quién tomó la decisión final de rechazarla.

En un asunto con posibles responsabilidades políticas, la trazabilidad de las decisiones resulta esencial. Las comunicaciones oficiales, los registros de entrada y salida y las instrucciones trasladadas a los mandos permitirían determinar si existió una advertencia concreta y si fue evaluada conforme a los protocolos de seguridad.

La tensión con Moncloa

La acusación de Vivas alcanza también al entorno más próximo de Sánchez. El presidente ceutí afirma que el jefe de gabinete del jefe del Ejecutivo le reprochó su insistencia y le llamó pesado. La expresión, más allá de su contenido personal, refleja el deterioro de la relación entre Ceuta y La Moncloa en los momentos previos a la crisis.

Las comunicaciones entre ambas partes adquieren así una relevancia política añadida. Si la petición fue trasladada reiteradamente y recibió una respuesta negativa sin una explicación suficiente, el Gobierno deberá aclarar los criterios utilizados. Si, por el contrario, la solicitud no tenía relación con el riesgo que finalmente se materializó, también será necesario explicar por qué se rechazó y con qué información se tomó la decisión.

La exigencia de explicaciones

El caso abre varias líneas de responsabilidad que deberán ser verificadas con documentación y testimonios. La primera se refiere al contenido exacto de la petición formulada por Ceuta. La segunda, al nivel administrativo que la recibió y tramitó. La tercera, al motivo concreto de la negativa y a la existencia de posibles alternativas.

La crisis ceutí vuelve a poner en primer plano la coordinación de las instituciones encargadas de proteger la ciudad. Para Vivas, la respuesta del Estado llegó tarde y estuvo precedida por una actitud de desatención. El Gobierno central deberá ofrecer su propia versión de los hechos y detallar la actuación de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Mientras no se conozcan los expedientes y las comunicaciones internas, las acusaciones permanecen en el terreno político. Sin embargo, la cercanía entre el rechazo de la petición y el estallido de la crisis justifica una revisión exhaustiva de la cadena de decisiones. En juego no está solo el enfrentamiento entre administraciones, sino la capacidad de anticipación y respuesta ante una emergencia en Ceuta.

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