Cedimos libertad, pero no encontramos seguridad
Veinticinco años después, la promesa de que una sociedad más vigilada sería también una sociedad más segura sigue sin estar plenamente cumplida. Durante este tiempo hemos aceptado controles, registros, cámaras, recopilación de datos y nuevas restricciones en nombre de la protección colectiva. El problema no es solo cuánto hemos cedido, sino quién decide el alcance de esa cesión y qué garantías existen para evitar los abusos.
La seguridad se ha convertido en una justificación recurrente para ampliar el poder de las instituciones. En situaciones de crisis, la ciudadanía suele aceptar medidas excepcionales con la expectativa de que serán temporales, proporcionadas y revisables. Sin embargo, algunas de esas herramientas terminan incorporándose a la normalidad sin un debate suficiente sobre sus límites.
La excepción que se convierte en rutina
El cambio ha sido profundo. La tecnología permite identificar movimientos, conservar comunicaciones, cruzar bases de datos y elaborar perfiles con una precisión que hace un cuarto de siglo resultaba difícil de imaginar. Muchas de estas capacidades pueden ser útiles para prevenir delitos o responder a emergencias, pero también concentran una cantidad enorme de información en manos de administraciones y empresas.
La cuestión central no es rechazar cualquier medida de seguridad. Una sociedad necesita proteger a sus ciudadanos y perseguir a quienes vulneran la ley. La cuestión es determinar si cada restricción es realmente necesaria, si está sometida a control independiente y si existe una relación razonable entre el sacrificio exigido y el resultado obtenido.
Cuando esas preguntas quedan sin respuesta, la seguridad deja de ser una política pública evaluable y se convierte en un argumento de autoridad. Basta invocar una amenaza, real o potencial, para reclamar más recursos, más competencias y menos controles. Así se debilita el principio democrático de que todo poder debe estar limitado y rendir cuentas.
El riesgo de la opacidad
La falta de transparencia agrava el problema. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué datos se recopilan, durante cuánto tiempo se conservan, quién puede consultarlos y con qué finalidad. También deben conocer los resultados de las medidas adoptadas: cuántos delitos han evitado, cuántas investigaciones han prosperado y cuántos errores se han cometido.
Sin información verificable, cualquier evaluación queda reducida a declaraciones políticas. Y cuando no hay evaluación, tampoco hay responsabilidades. Los programas pueden mantenerse durante años aunque sean ineficaces, costosos o desproporcionados. En ese terreno opaco prosperan las decisiones arbitrarias, los contratos poco justificados y las redes de intereses que convierten la seguridad en un mercado con escasa vigilancia pública.
La corrupción no aparece únicamente cuando alguien acepta un soborno. También se manifiesta cuando se adjudican recursos sin competencia suficiente, cuando se ocultan conflictos de intereses o cuando se diseñan sistemas que permiten gastar mucho y explicar poco. Una política de seguridad sin controles puede acabar protegiendo más a quienes administran el poder que a quienes deberían beneficiarse de él.
Libertad y seguridad no son valores opuestos
Durante demasiado tiempo se ha presentado el debate como una elección inevitable: más libertad implicaría menos seguridad, y más seguridad exigiría renunciar a derechos. Esa disyuntiva es falsa. Las democracias sólidas deben ser capaces de proteger a la población sin vaciar de contenido la privacidad, la presunción de inocencia, la libertad de expresión o el derecho a reunirse.
La seguridad que necesita una democracia no consiste en obedecer sin preguntar. Consiste en contar con instituciones eficaces, jueces independientes, fuerzas policiales sometidas a la ley y administraciones transparentes. También exige que los ciudadanos puedan impugnar decisiones, acceder a la información pública y reclamar cuando una autoridad se excede.
La libertad, por su parte, no es una concesión administrativa que pueda retirarse cada vez que aparece una amenaza. Es el espacio que permite a la sociedad criticar al poder, denunciar irregularidades y cambiar a sus gobernantes. Sin ese espacio, la lucha contra la corrupción se vuelve mucho más difícil, porque quienes controlan la información y los mecanismos de vigilancia también pueden controlar el relato.
Recuperar el control democrático
El reto para los próximos años pasa por revisar las medidas adoptadas y recuperar una cultura de límites. Cada sistema de vigilancia debería tener una finalidad concreta, un plazo de vigencia, controles externos y mecanismos de eliminación de los datos que ya no sean necesarios. Las decisiones sensibles no pueden quedar exclusivamente en manos de los gobiernos de turno ni de empresas contratistas.
- Evaluaciones públicas e independientes sobre la eficacia de las medidas de seguridad.
- Auditorías periódicas de contratos, algoritmos y bases de datos.
- Supervisión judicial y parlamentaria real, no meramente formal.
- Protección efectiva para quienes denuncien abusos o irregularidades.
- Información clara para la ciudadanía sobre el uso de sus datos personales.
Veinticinco años después, la pregunta ya no debería ser cuánto estamos dispuestos a sacrificar para sentirnos protegidos. La pregunta es qué instituciones estamos construyendo con esas renuncias y a quién benefician. La seguridad puede ser compatible con la libertad, pero solo si está sometida a la ley, a la transparencia y a la rendición de cuentas.
Si cedimos parte de nuestra libertad y seguimos sin sentirnos más seguros, quizá ha llegado el momento de revisar el acuerdo. No para negar los riesgos, sino para impedir que el miedo se convierta en una licencia permanente para ejercer el poder sin control.
