El Supremo obliga a separar las altas del CERA vinculadas al exilio acreditado de las incorporaciones interpretativas
El Tribunal Supremo ha obligado a la Oficina del Censo Electoral a diferenciar entre las inscripciones de españoles en el exterior que cumplen de forma acreditada el requisito de exilio y aquellas que se incorporaron mediante una interpretación más amplia de la Ley de Memoria Democrática.
La decisión abre una nueva fase de revisión sobre el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), el registro que permite votar en las elecciones españolas a quienes viven fuera del país. La Junta Electoral Central ha reclamado que cada expediente quede claramente identificado para determinar qué altas responden a la aplicación estricta de la norma.
La Junta Electoral reclama revisar los expedientes consulares
La Junta Electoral Central requirió este lunes a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares que los registros consulares certifiquen los casos en los que el exilio exigido por la legislación fue demostrado de manera efectiva.
El organismo electoral depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares. La petición afecta a la documentación utilizada para tramitar las solicitudes de nacionalidad y, posteriormente, las altas en el censo exterior.
La Junta también ha trasladado el requerimiento de un informe complementario que había solicitado en julio. Ese documento deberá ayudar a precisar el alcance de las incorporaciones realizadas al amparo de la instrucción dictada por Sofía Puente, entonces vinculada a la dirección de la Oficina del Censo Electoral.
Dos vías de acceso que ahora deben diferenciarse
El núcleo del conflicto está en la forma de interpretar la Ley de Memoria Democrática. La norma permite acceder a la nacionalidad española a determinados descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por razones políticas, ideológicas o de creencia, entre otras circunstancias contempladas legalmente.
La controversia surge porque no todas las altas habrían seguido el mismo criterio probatorio. Por un lado, se encuentran los expedientes en los que el exilio fue acreditado mediante documentación. Por otro, aparecen aquellos en los que se aplicó una presunción o una interpretación expansiva de los requisitos.
La resolución del Supremo fuerza a la administración electoral a evitar que ambas categorías queden agrupadas sin distinción. La separación permitirá comprobar cuántas incorporaciones se apoyaron en pruebas directas y cuántas se tramitaron a partir de una interpretación administrativa más flexible.
El papel de la instrucción de Sofía Puente
La instrucción atribuida a Sofía Puente introdujo criterios que facilitaron la incorporación de descendientes de españoles al censo exterior. Su aplicación amplió el debate sobre el alcance de la Ley de Memoria Democrática y sobre los límites de la capacidad interpretativa de la Oficina del Censo Electoral.
El Tribunal Supremo ha establecido ahora que la Oficina debe proporcionar información suficientemente detallada para distinguir el origen y la justificación de cada alta. No se trata únicamente de contabilizar inscripciones, sino de identificar el fundamento jurídico y documental utilizado en cada expediente.
Un asunto con impacto directo en el voto exterior
La revisión afecta a un censo especialmente sensible desde el punto de vista electoral. Las personas inscritas en el CERA participan en las elecciones generales, autonómicas y europeas, aunque su procedimiento de votación y la circunscripción aplicable dependen de la convocatoria y de su última residencia en España.
Por este motivo, cualquier aumento significativo del censo exterior tiene consecuencias políticas y administrativas. La correcta incorporación de nuevos electores debe garantizar que se cumplen los requisitos legales y que los registros consulares ofrecen una información homogénea en todos los países.
La polémica se produce después de una etapa marcada por la revisión individualizada de expedientes y por el crecimiento de las solicitudes relacionadas con la memoria democrática. El debate ha situado bajo escrutinio tanto la gestión del censo como la coordinación entre Exteriores, los consulados y la administración electoral.
La respuesta pendiente de la Oficina del Censo
La Junta Electoral Central examinará con carácter inmediato el informe complementario solicitado a la Oficina del Censo Electoral cuando lo reciba. Ese análisis será determinante para conocer el volumen de expedientes afectados y el criterio aplicado en cada grupo de incorporaciones.
El organismo deberá aclarar también cómo se documentaron las altas y qué mecanismos se utilizaron para comprobar la existencia del exilio. La información solicitada puede ofrecer una fotografía más precisa del crecimiento del CERA y de la aplicación práctica de la Ley de Memoria Democrática.
Hasta que concluya esta revisión, la cuestión seguirá abierta. La prioridad marcada por la autoridad electoral es separar los casos acreditados de aquellos que se basaron en presunciones o en una interpretación ampliada, con el objetivo de preservar la seguridad jurídica y la fiabilidad del censo electoral exterior.
