Óscar Puente eleva a 1.800 los migrantes previstos en el campamento del Puerto de Ceuta
El ministro de Transportes, Óscar Puente, maneja ahora una cifra de 1.800 migrantes para el campamento proyectado en el Puerto de Ceuta, una instalación cuya ejecución ha quedado frenada por la Audiencia. El nuevo cálculo supone un incremento del 80% respecto a la previsión inicial trasladada por el Gobierno, que situaba la capacidad en torno a 1.000 personas.
El cambio de magnitud afecta directamente a las condiciones de ocupación del recinto. Con una superficie inferior a los 16.200 metros cuadrados, la instalación ofrecería menos de nueve metros cuadrados por persona, según la proporción derivada de las cifras comunicadas por el Ejecutivo. La planificación ha suscitado dudas sobre la idoneidad del espacio y sobre la documentación técnica utilizada para justificar la actuación.
Una capacidad que crece un 80%
La cifra de 1.800 personas no es un ajuste menor. Frente al cálculo inicial de 1.000 migrantes, el incremento alcanza el 80%, sin que se haya explicado públicamente qué circunstancias han provocado la revisión ni qué elementos técnicos respaldan la nueva capacidad.
El proyecto se plantea en una zona portuaria de Ceuta para atender a migrantes, pero la información disponible no aclara cómo se distribuirían los espacios, qué servicios se habilitarían ni durante cuánto tiempo permanecerían allí las personas alojadas. Tampoco se ha detallado si el recinto está preparado para absorber una ocupación de esa dimensión en materia de higiene, intimidad, atención sanitaria y seguridad.
La superficie por persona es uno de los principales puntos de controversia. Aunque el dato no permite por sí solo determinar si la instalación cumple todos los requisitos legales, sí ofrece una referencia sobre la presión que soportaría el campamento. La concentración de 1.800 personas en un recinto limitado plantea interrogantes sobre la movilidad interna y la separación de usos, especialmente en un entorno destinado a una estancia que podría prolongarse.
El informe que sigue sin hacerse público
La polémica se ve agravada por la falta de transparencia en torno al informe con el que el Ministerio de Transportes impulsó el proyecto. El documento permanece sin difundirse 11 días después de que se reclamara conocer su contenido, pese a que habría servido de base para imponer la instalación.
La ausencia de ese informe impide comprobar qué criterios se utilizaron para fijar la superficie, calcular el número de plazas y evaluar el impacto de la actuación. También dificulta conocer si se analizaron alternativas o si existían advertencias técnicas sobre la saturación del espacio.
En un proyecto que afecta a la gestión de personas migrantes y al uso de terrenos portuarios, la publicación de la documentación resulta especialmente relevante. La transparencia no se limita a comunicar una cifra de capacidad: exige poner a disposición los estudios que permitan verificar las condiciones materiales, los costes y las responsabilidades administrativas.
La Audiencia frena el campamento
La Audiencia ha frenado la puesta en marcha del campamento, una decisión que deja en suspenso el calendario previsto por el departamento dirigido por Puente. La resolución judicial añade una nueva incertidumbre a un proyecto que ya estaba siendo cuestionado por el aumento de plazas y por la falta de acceso al expediente técnico.
El bloqueo judicial obliga al Gobierno a explicar con mayor precisión cuál era la situación que pretendía resolver, qué urgencia justificaba la intervención y por qué se optó por concentrar a un número tan elevado de personas en el recinto portuario. También deberá aclarar si la cifra de 1.800 migrantes corresponde a una capacidad permanente, temporal o a una previsión máxima.
Preguntas pendientes sobre el proyecto
- Qué informe técnico respalda la instalación y por qué todavía no se ha publicado.
- Qué razones explican el salto desde las 1.000 plazas iniciales hasta las 1.800 actuales.
- Qué superficie útil tendría realmente el campamento y cómo se repartiría entre alojamiento, servicios y zonas comunes.
- Qué medidas se han previsto para garantizar la atención sanitaria, la higiene y la seguridad.
- Cuál sería la duración máxima de la estancia de las personas trasladadas al recinto.
La revisión al alza de la capacidad y el silencio sobre el documento técnico colocan al Ministerio de Transportes ante una exigencia inmediata de explicaciones. Mientras la Audiencia mantiene paralizado el proyecto, el debate ya no se centra únicamente en dónde instalar el campamento, sino también en con qué garantías se ha diseñado y quién responde por sus condiciones.
