Zapatero firmó con Arabia Saudí un convenio contra la evasión fiscal el día en que, según su defensa, recibió unas joyas no declaradas
José Luis Rodríguez Zapatero suscribió el 19 de junio de 2007 en Madrid un convenio con Arabia Saudí destinado a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal. Ese mismo día, de acuerdo con la versión trasladada por su defensa a la Audiencia Nacional, el entonces presidente del Gobierno recibió en la vivienda familiar del Palacio de la Moncloa un lote de joyas valorado en 1,3 millones de euros.
El supuesto regalo, atribuido al entonces rey saudí Abdalá bin Abdulaziz, no habría sido comunicado a la Agencia Tributaria ni habría tributado en España. El caso ha permanecido oculto durante casi dos décadas, hasta que las piezas fueron localizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante un registro practicado en el despacho del expresidente.
Un acuerdo firmado en La Moncloa
El convenio rubricado por Zapatero y las autoridades saudíes tenía como finalidad establecer reglas fiscales para evitar que una misma renta fuese gravada dos veces. El texto incorporaba, además, el compromiso de reforzar la cooperación entre ambos países para prevenir la evasión fiscal.
La firma se produjo en Madrid el 19 de junio de 2007, una fecha que coincide con la entrega de las joyas que ahora forman parte de las diligencias judiciales. La coincidencia temporal ha adquirido relevancia en el marco de la investigación, aunque por sí sola no determina la existencia de una relación entre ambos hechos.
En aquel momento, Zapatero ocupaba la Presidencia del Gobierno y mantenía una intensa agenda diplomática con los países del Golfo. La visita y los contactos con la Casa Real saudí se desarrollaban dentro de las relaciones institucionales entre España y Arabia Saudí.
La versión presentada ante la Audiencia Nacional
La recepción de las joyas se conoce a partir de la explicación aportada por la defensa del expresidente ante la Audiencia Nacional. Según esa versión, el lote fue entregado en la residencia familiar de La Moncloa por el rey Abdalá bin Abdulaziz, fallecido en 2015.
El valor atribuido al conjunto asciende a 1,3 millones de euros. Las piezas no habrían sido incluidas en declaraciones fiscales posteriores ni comunicadas formalmente a la Hacienda pública. La investigación trata de determinar la naturaleza jurídica de la entrega, quién era su destinatario y qué obligaciones fiscales podían derivarse de ella.
La calificación de las joyas como regalo, obsequio institucional o entrega vinculada a una relación oficial puede tener consecuencias distintas desde el punto de vista legal y tributario. También será necesario establecer cómo se produjo la recepción, quién tuvo la posesión de las piezas y por qué permanecieron fuera del conocimiento de los organismos fiscales durante años.
El hallazgo durante un registro de la UDEF
Las joyas fueron descubiertas por agentes de la UDEF en el registro de un despacho relacionado con Zapatero. El hallazgo permitió incorporar al procedimiento una documentación y unos objetos cuyo origen se remontaría a 2007, cuando el expresidente todavía estaba al frente del Ejecutivo.
El transcurso del tiempo plantea ahora cuestiones sobre la conservación de las piezas, su tasación y la posible trazabilidad de los movimientos realizados desde su entrega. La investigación deberá contrastar la documentación disponible con los testimonios y demás elementos reunidos por los agentes.
Por el momento, la existencia de una investigación no equivale a una condena ni acredita por sí misma la comisión de un delito. La Audiencia Nacional tendrá que determinar los hechos y las eventuales responsabilidades con todas las garantías procesales.
La coincidencia que centra la atención política
El caso ha cobrado una especial dimensión política por la coincidencia entre la firma de un convenio internacional contra la evasión fiscal y la supuesta recepción de un patrimonio de elevado valor que no habría sido declarado. El contraste entre ambos acontecimientos ha colocado el foco sobre las obligaciones de los altos cargos al aceptar regalos procedentes de mandatarios extranjeros.
Además de las posibles consecuencias tributarias, el procedimiento puede abrir un debate sobre los controles aplicables a los obsequios recibidos por responsables públicos y sobre la necesidad de documentar su entrega, destino y titularidad.
La investigación deberá aclarar, entre otros extremos, si las joyas fueron recibidas a título personal o institucional, si su valor fue conocido desde el primer momento y si existió alguna obligación de declararlas. Hasta que se pronuncien los tribunales, todos estos aspectos permanecen pendientes de acreditar.
