Sánchez reclama una ONU más fuerte frente a quienes intentan debilitarla
Pedro Sánchez ha defendido la continuidad y la utilidad de Naciones Unidas frente a quienes, a su juicio, pretenden convertir sus dificultades en una prueba de fracaso. El presidente del Gobierno ha advertido de que las críticas más radicales contra la organización internacional no se limitan a señalar sus carencias, sino que buscan erosionar su legitimidad y acelerar su descomposición.
Su propuesta pasa por una reforma profunda del sistema multilateral. Entre las medidas planteadas figuran la eliminación del derecho de veto en el Consejo de Seguridad, el refuerzo de la Corte Penal Internacional, la reconstrucción de los acuerdos de desarme nuclear y una mayor supervisión sobre los grandes grupos tecnológicos y sus propietarios.
El jefe del Ejecutivo también ha defendido que una mujer latinoamericana asuma la Secretaría General de Naciones Unidas. La iniciativa pretende introducir un criterio de mayor representación territorial y de género en la dirección de una institución que afronta una de sus etapas de mayor desgaste político.
Una crítica contra el bloqueo del Consejo de Seguridad
La reforma del Consejo de Seguridad ocupa un lugar central en el planteamiento de Sánchez. El órgano, formado por cinco miembros permanentes con capacidad de veto y diez países elegidos de forma rotatoria, lleva años acumulando bloqueos ante conflictos internacionales de gran gravedad.
Para el presidente, el veto permite que los intereses de unas pocas potencias se impongan sobre la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional. Su eliminación exigiría un acuerdo político de enorme complejidad, pero se presenta como una condición necesaria para que Naciones Unidas pueda responder con mayor rapidez y credibilidad a las crisis.
El debate afecta directamente a la rendición de cuentas. Cuando una resolución queda paralizada por el voto negativo de una potencia, las víctimas de un conflicto reciben el mensaje de que la justicia y la protección internacional dependen más del equilibrio geopolítico que de la gravedad de los hechos.
Más peso para la justicia internacional
Sánchez ha reclamado también reforzar la Corte Penal Internacional, una institución encargada de investigar y juzgar crímenes como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos contra la humanidad. Su funcionamiento se ve limitado, entre otros factores, por la falta de cooperación de algunos Estados y por la ausencia de mecanismos eficaces para ejecutar sus decisiones.
El fortalecimiento de la justicia internacional busca evitar que los responsables de atrocidades queden protegidos por su cargo, su poder económico o la alianza política de sus gobiernos. En este punto, la propuesta conecta con una de las principales debilidades del orden multilateral: la distancia entre la proclamación de derechos y la capacidad real de hacerlos cumplir.
La defensa de una Corte Penal Internacional con más recursos y respaldo político también pretende combatir la impunidad. Sin investigaciones independientes, protección para testigos y colaboración entre países, las normas internacionales corren el riesgo de convertirse en declaraciones sin consecuencias prácticas.
Desarme nuclear y nuevos centros de poder
El presidente ha incluido en su discurso la necesidad de reconstruir la arquitectura internacional de desarme nuclear. Los acuerdos de control de armamento han perdido fuerza durante los últimos años, mientras crece la desconfianza entre las principales potencias y se modernizan los arsenales.
La recuperación de esos mecanismos exigiría reactivar la negociación, mejorar los sistemas de verificación y reducir el riesgo de una escalada militar. La amenaza nuclear, ha planteado Sánchez, no puede quedar subordinada a la lógica de la competición entre Estados ni a decisiones adoptadas sin controles suficientes.
Junto a los riesgos militares, el presidente ha señalado el poder creciente de los grandes empresarios tecnológicos. Los llamados tecno-oligarcas concentran capacidad económica, influencia política y control sobre infraestructuras digitales esenciales, desde las redes sociales hasta los sistemas de inteligencia artificial.
La regulación de este poder privado se plantea como una cuestión democrática. Las plataformas tecnológicas pueden condicionar el debate público, facilitar campañas de desinformación y acumular datos de millones de personas. Sin normas comunes, supervisión independiente y transparencia, la innovación puede convertirse en un espacio opaco con efectos directos sobre las instituciones.
Una ONU cuestionada, pero todavía imprescindible
La posición de Sánchez parte de una premisa: las deficiencias de Naciones Unidas no justifican su desaparición. En su opinión, la organización debe ser reformada para responder a un mundo más fragmentado, no abandonada en beneficio de un escenario dominado por la fuerza y los acuerdos entre potencias.
El presidente ha advertido de que quienes se empeñan en presentar a la ONU como un fracaso pueden terminar provocando precisamente ese resultado. La falta de resultados, los bloqueos y las disputas internas alimentan el escepticismo, pero también ofrecen argumentos a quienes prefieren una gobernanza internacional sin controles compartidos.
La propuesta española combina así reformas institucionales, defensa de la justicia internacional y control de los nuevos poderes económicos y tecnológicos. Su aplicación dependerá de que los Estados acepten limitar parte de sus privilegios y sometan sus decisiones a reglas comunes. Ese es, precisamente, el principal obstáculo para transformar el discurso en cambios efectivos.
