Marruecos responsabiliza a España del bloqueo en las devoluciones de migrantes y menores
El ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, ha situado en España la responsabilidad por las dificultades para ejecutar las devoluciones de migrantes y menores. El jefe de la diplomacia marroquí sostiene que el problema no está en la falta de disposición de Rabat, sino en los obstáculos que, a su juicio, plantea el Gobierno español.
Sus declaraciones llegan en un momento de tensión política por la gestión de los menores migrantes y por la situación en Ceuta. La cooperación entre ambos países resulta clave para organizar los retornos, pero las diferencias sobre los procedimientos y las garantías legales han impedido alcanzar una respuesta plenamente compartida.
Bourita apunta a las trabas del Ejecutivo español
El ministro marroquí considera que las devoluciones no avanzan debido a las dificultades que atribuye al Ejecutivo de España. También ha criticado las polémicas entre los partidos españoles, que, en su opinión, han convertido la cuestión migratoria en un asunto sometido a disputas internas.
La posición de Rabat pasa por reclamar una mayor claridad y coordinación por parte de las autoridades españolas. Marruecos entiende que la gestión de los retornos debe abordarse mediante los canales institucionales y sin quedar condicionada por el enfrentamiento político en España.
El mensaje marroquí introduce presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, que debe compatibilizar la cooperación con Rabat con el cumplimiento de la legislación española, europea e internacional. En el caso de los menores, además, cualquier decisión exige valorar su situación individual y su interés superior.
Albares vincula los retornos a la protección internacional
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que las devoluciones solo pueden llevarse a cabo cuando las personas afectadas no tengan derecho a protección internacional. La condición es especialmente relevante en los casos en los que existan indicios de persecución, riesgo o vulnerabilidad.
España sostiene así que la colaboración con Marruecos no puede traducirse en retornos automáticos. Antes de ejecutar una devolución, las autoridades deben comprobar las circunstancias de cada persona y garantizar el acceso a los procedimientos de asilo cuando proceda.
Esta diferencia de enfoque explica parte del bloqueo actual. Mientras Marruecos reclama una respuesta más rápida y responsabiliza a España de las demoras, el Gobierno español insiste en que la eficacia administrativa debe quedar subordinada a las garantías jurídicas.
Los menores, el punto más sensible del conflicto
La situación de los menores no acompañados concentra buena parte de la tensión. Su traslado o devolución no puede resolverse únicamente mediante un acuerdo político entre Estados. La normativa obliga a examinar su entorno familiar, sus condiciones de acogida y los posibles riesgos que afrontarían al regresar.
En el caso de Ceuta, la presión sobre los servicios públicos y las administraciones autonómicas ha intensificado el debate. El Gobierno central busca que Marruecos acepte acoger a menores para aliviar la situación, mientras distintas fuerzas políticas reclaman información precisa sobre los criterios utilizados y sobre el seguimiento posterior.
La falta de datos públicos suficientemente detallados alimenta la controversia. Para garantizar la transparencia, las instituciones deberían explicar cuántos expedientes están pendientes, qué requisitos se aplican y qué mecanismos existen para verificar que los retornos cumplen las garantías exigidas.
Una cooperación sometida a vigilancia
La relación entre España y Marruecos incluye la colaboración en el control migratorio, la lucha contra las redes de tráfico de personas y la organización de retornos. Sin embargo, estos acuerdos necesitan controles verificables y responsabilidades claramente delimitadas.
La gestión de las devoluciones no puede depender exclusivamente de declaraciones políticas. También requiere protocolos públicos, supervisión judicial y coordinación entre el Gobierno, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las organizaciones especializadas en infancia y asilo.
- Las devoluciones deben ajustarse a la legislación española y europea.
- Las solicitudes de protección internacional tienen que ser examinadas individualmente.
- Los menores deben recibir una evaluación específica y protección reforzada.
- Las administraciones deben publicar información suficiente sobre los procedimientos.
El Gobierno afronta una doble presión
El Ejecutivo español se enfrenta a una doble exigencia: mantener la cooperación con Marruecos para controlar los flujos migratorios y evitar que esa colaboración genere dudas sobre el respeto de los derechos fundamentales.
La controversia también pone a prueba la capacidad de las instituciones para separar la gestión migratoria de la confrontación partidista. La disputa entre Madrid y Rabat continuará mientras no exista un procedimiento aceptado por ambas partes y compatible con las obligaciones legales de España.
Por ahora, Bourita mantiene que el origen del problema está en las trabas españolas, mientras Albares defiende que cualquier retorno debe respetar el derecho a la protección internacional. La salida dependerá de que ambos gobiernos concreten un mecanismo transparente, especialmente para los menores, que permita actuar con rapidez sin rebajar las garantías.
