Canarias refuerza el control sobre el registro de équidos mediante un nuevo acuerdo con el colegio profesional
El Gobierno de Canarias ha intensificado su colaboración con el colegio profesional del sector veterinario para mejorar la gestión administrativa relacionada con los équidos. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, mantuvo este jueves una reunión con la junta directiva de la corporación, encabezada por su presidente, Pablo Javier Varona Cabrera.
El encuentro coincide con la formalización de un contrato de servicio entre la Dirección General de Ganadería y el colegio. El acuerdo permitirá gestionar la inscripción de équidos, un trámite esencial para garantizar la identificación de los animales, mantener actualizada la información ganadera y reforzar la trazabilidad dentro del territorio autonómico.
La medida afecta a un ámbito especialmente sensible para la administración pública. Los registros ganaderos deben ofrecer datos fiables sobre la titularidad, la localización y la situación sanitaria de los animales. Cualquier deficiencia en estos sistemas puede dificultar los controles oficiales, la aplicación de medidas sanitarias o la investigación de posibles irregularidades.
Un contrato con impacto en la trazabilidad ganadera
La inscripción de équidos no es un trámite meramente burocrático. Caballos, asnos, mulas y otros animales de esta especie deben estar identificados conforme a la normativa vigente, de forma que las administraciones puedan conocer su origen y sus movimientos cuando sea necesario.
La colaboración con una corporación profesional busca agilizar esa gestión y acercarla a los propietarios y explotaciones. También puede contribuir a reducir errores, duplicidades o expedientes incompletos, siempre que existan procedimientos homogéneos, controles internos y una supervisión efectiva por parte de la Administración.
El papel de la Dirección General de Ganadería seguirá siendo determinante. Aunque parte de las tareas se encomiende a una entidad especializada, la responsabilidad última sobre la legalidad del procedimiento, la protección de los datos y el uso correcto de los fondos públicos corresponde al Ejecutivo autonómico.
Transparencia sobre el servicio y sus condiciones
La información disponible sobre el acuerdo no concreta por ahora aspectos relevantes como su importe, duración, objetivos cuantificables o sistema de evaluación. Tampoco se detallan los medios materiales y humanos que se destinarán a la gestión de las inscripciones ni los mecanismos previstos para revisar el cumplimiento del contrato.
Estos elementos resultan esenciales para valorar la eficacia de cualquier servicio público externalizado o prestado mediante colaboración institucional. La publicación completa del expediente, incluidos los criterios de adjudicación, las obligaciones de las partes y los informes de seguimiento, permitiría comprobar que el acuerdo responde a una necesidad real y que se ejecuta con garantías.
La transparencia adquiere una importancia añadida cuando la Administración encarga funciones de gestión a una organización vinculada al mismo ámbito profesional. Esa relación no implica por sí misma ninguna irregularidad, pero exige delimitar con claridad las competencias, prevenir posibles conflictos de intereses y asegurar que todos los operadores reciben un trato equitativo.
El colegio reclama un papel activo en la gestión ganadera
La reunión entre el consejero y la junta directiva sirvió también para reforzar la interlocución entre el Gobierno de Canarias y el colegio profesional. Este tipo de colaboración puede facilitar la aplicación de las políticas ganaderas y mejorar la coordinación con veterinarios, explotaciones y propietarios de animales.
Para que ese entendimiento se traduzca en resultados, será necesario que los procedimientos sean accesibles, que los plazos estén claramente definidos y que los usuarios dispongan de vías de reclamación cuando se produzcan retrasos o errores. La digitalización de los trámites puede ser útil, pero no debe dejar fuera a los pequeños ganaderos o a quienes tengan dificultades para realizar gestiones telemáticas.
Control público y rendición de cuentas
El nuevo marco de colaboración deberá medirse por resultados concretos: expedientes resueltos, tiempos de tramitación, incidencias detectadas y nivel de actualización del registro. Sin indicadores públicos, será difícil saber si el contrato mejora realmente la gestión o si se limita a trasladar tareas administrativas sin corregir los problemas de fondo.
El Gobierno autonómico tiene ahora la oportunidad de acompañar el acuerdo con información detallada y periódica. Publicar la ejecución económica, las memorias de actividad y las evaluaciones del servicio reforzaría la confianza en la política ganadera y reduciría el margen para dudas sobre el uso de recursos públicos.
La colaboración anunciada pretende ordenar un registro clave para el control de los équidos en Canarias. Su éxito dependerá no solo de la capacidad técnica del colegio profesional, sino también de la vigilancia administrativa, la trazabilidad de cada actuación y una rendición de cuentas suficientemente clara ante la ciudadanía.
