Canarias acelera la reforma de la Ley del Sector Público para modernizar la Administración
El Gobierno de Canarias ha acordado tramitar por la vía de urgencia la reforma de la Ley del Sector Público. La decisión pretende acortar los plazos tanto de elaboración como de aprobación de la futura norma, con el objetivo de sustituir un marco legal que se remonta a 1990.
La iniciativa busca adaptar la organización y el funcionamiento de la Administración autonómica a las necesidades actuales. Entre sus principales objetivos figuran la incorporación de nuevas herramientas de planificación, la evaluación de las políticas públicas y el impulso de la transformación digital.
La tramitación urgente permitirá concentrar en menos tiempo las distintas fases del procedimiento legislativo. El Ejecutivo autonómico considera que la actualización de la norma es necesaria para mejorar la gestión pública y responder a los cambios tecnológicos, sociales y administrativos producidos durante las últimas décadas.
Una ley con más de tres décadas de recorrido
El marco vigente fue aprobado en 1990, cuando la Administración pública funcionaba con estructuras y procesos muy diferentes a los actuales. Desde entonces, la digitalización, la creación de nuevos organismos y la demanda de una mayor transparencia han transformado la relación entre las instituciones y la ciudadanía.
La reforma pretende ordenar ese nuevo escenario mediante reglas actualizadas para la planificación y la gestión pública. También plantea reforzar los mecanismos que permitan comprobar si las políticas adoptadas cumplen los objetivos previstos y si los recursos públicos se utilizan de forma eficiente.
La revisión legislativa llega en un momento en el que las administraciones afrontan una presión creciente para ofrecer servicios más rápidos, accesibles y verificables. La ciudadanía reclama conocer no solo qué decisiones toma el Gobierno, sino también con qué criterios se adoptan, cuánto cuestan y qué resultados producen.
La urgencia obliga a extremar las garantías
La reducción de plazos puede facilitar que la nueva ley entre en vigor antes y que la Administración disponga de herramientas adaptadas a la realidad actual. Sin embargo, la tramitación urgente también exige cuidar especialmente la participación pública y el análisis técnico del texto.
En una reforma de este alcance, la rapidez no debería traducirse en menos transparencia ni en una menor revisión de las normas. La publicación de los documentos, la explicación de los cambios y la posibilidad de presentar alegaciones son elementos esenciales para que el procedimiento sea comprensible y controlable.
La futura regulación tendrá además un impacto directo sobre la prevención de la corrupción. Una Administración mejor planificada, con objetivos medibles y sistemas de evaluación, puede detectar antes las desviaciones presupuestarias, los retrasos injustificados o las decisiones que no producen los resultados anunciados.
Planificación y evaluación para controlar el gasto
La incorporación de herramientas de planificación puede ayudar a vincular las decisiones políticas con calendarios, responsables e indicadores concretos. Ese seguimiento resulta especialmente relevante en programas de inversión, subvenciones y contratos públicos, ámbitos en los que la falta de controles claros puede generar ineficiencias o espacios de discrecionalidad.
La evaluación de políticas públicas debe permitir comprobar si una medida funciona, si alcanza a sus destinatarios y si mantiene su utilidad con el paso del tiempo. También puede servir para corregir programas que no cumplen sus fines, evitar gastos repetidos y justificar ante la ciudadanía el uso de los fondos públicos.
Para que estos mecanismos sean efectivos, será necesario que los datos sean accesibles, comparables y comprensibles. No basta con elaborar informes internos: los resultados de las evaluaciones deberían publicarse con un lenguaje claro y con información suficiente para facilitar el control parlamentario, periodístico y ciudadano.
La transformación digital, más allá de la tecnología
La reforma también incorpora la transformación digital como uno de sus ejes. La digitalización puede simplificar trámites, mejorar el intercambio de información entre organismos y reducir tiempos de respuesta. Bien aplicada, permite además dejar un registro más preciso de las actuaciones administrativas.
Pero la tecnología no elimina por sí sola los riesgos de mala gestión. Los sistemas digitales deben contar con controles de acceso, trazabilidad de las decisiones y garantías de protección de datos. También es necesario evitar que la automatización dificulte conocer quién ha autorizado una actuación o qué criterios se han utilizado.
La modernización deberá incluir medidas para reducir la brecha digital y asegurar que las personas que no puedan realizar gestiones telemáticas sigan teniendo canales de atención eficaces. La eficiencia administrativa debe avanzar sin convertir el acceso a los servicios públicos en una barrera.
Una reforma pendiente de concreción
El acuerdo del Consejo de Gobierno pone en marcha una reforma cuya aplicación dependerá del contenido definitivo de la ley y de su desarrollo posterior. La tramitación urgente marca el calendario, pero no resuelve por sí misma cuestiones clave como la independencia de los controles, la publicidad de la información o la responsabilidad de los gestores.
El reto será construir una Administración más ágil sin rebajar las garantías. La nueva Ley del Sector Público tendrá que combinar planificación, evaluación y digitalización con transparencia, rendición de cuentas y mecanismos eficaces de prevención de conflictos de intereses.
El objetivo final no debería limitarse a actualizar una norma de 1990. La reforma debe servir para que las decisiones públicas puedan seguirse, evaluarse y, cuando sea necesario, corregirse. Esa trazabilidad es una de las principales defensas frente al despilfarro, la opacidad y la corrupción.
