Canarias busca blindar sus derechos ante la futura Ley europea de Vivienda Asequible
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado la presidencia irlandesa de la Unión Europea para situar las necesidades específicas del Archipiélago en el centro del debate comunitario. Las reuniones mantenidas en Dublín han servido para reclamar un reconocimiento explícito de la realidad de las islas en la futura Ley europea de Vivienda Asequible y para trasladar la preocupación del Ejecutivo autonómico por el futuro de los fondos destinados a las regiones ultraperiféricas.
Clavijo considera que los próximos meses representan una ventana de oportunidad para defender que los canarios y las canarias tengan un derecho prioritario en el acceso a las políticas europeas de vivienda. La posición del Gobierno autonómico parte de una premisa: las dificultades residenciales de Canarias no pueden abordarse con los mismos criterios que en los territorios continentales.
Una negociación decisiva para las islas
La futura normativa europea pretende impulsar medidas que faciliten el acceso a una vivienda asequible, especialmente para los hogares con menos recursos. En el caso de Canarias, el debate adquiere una dimensión añadida por la limitada disponibilidad de suelo, la presión demográfica, el aumento de los alquileres y el impacto de la actividad turística en el mercado residencial.
El Ejecutivo autonómico quiere que estas circunstancias queden recogidas durante la tramitación de la ley. La reclamación pasa por incorporar mecanismos que permitan priorizar a la población residente y adaptar las políticas comunitarias a territorios con una oferta de vivienda más reducida y una elevada dependencia de factores externos.
La defensa de ese criterio de prioridad no se plantea como una exclusión, sino como una respuesta a una situación de especial vulnerabilidad. Para el Gobierno canario, la población que vive de forma permanente en las islas debe contar con garantías suficientes frente a la escalada de precios y a la competencia generada por los usos turísticos y temporales.
Preocupación por los fondos para las regiones ultraperiféricas
Además de la vivienda, las conversaciones en Dublín han dejado sobre la mesa el futuro de los fondos específicos para las regiones ultraperiféricas, conocidas como RUP. Canarias forma parte de este grupo junto a territorios como Guadalupe, Martinica, Guayana Francesa, Reunión, Mayotte, San Martín, Azores y Madeira.
Estos territorios afrontan sobrecostes permanentes derivados de su lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial y la dependencia de las conexiones marítimas y aéreas. También presentan mayores dificultades para acceder a determinados servicios, atraer inversión y diversificar sus economías.
Clavijo ha trasladado una enorme preocupación por la posibilidad de que el próximo marco financiero europeo reduzca o debilite las partidas reservadas a las RUP. La advertencia del presidente canario se produce en un momento en el que las instituciones comunitarias preparan sus prioridades presupuestarias para los próximos años.
Canarias reclama estabilidad presupuestaria
La petición del Archipiélago se centra en mantener una financiación diferenciada, estable y suficiente. El Gobierno autonómico sostiene que los fondos específicos no deben considerarse ayudas extraordinarias, sino instrumentos necesarios para compensar desventajas estructurales reconocidas por la propia Unión Europea.
La continuidad de estos recursos resulta especialmente relevante para políticas relacionadas con el transporte, la energía, el empleo, la agricultura, la conectividad y la prestación de servicios públicos. Cualquier reducción, según la posición canaria, tendría un efecto directo sobre la capacidad de las islas para afrontar sus problemas estructurales.
El Ejecutivo autonómico también reclama que las futuras decisiones europeas incorporen una evaluación territorial previa. Esa fórmula permitiría medir de qué manera las nuevas leyes y programas afectan a las regiones alejadas del continente y evitar que las medidas comunes generen consecuencias desproporcionadas en Canarias.
Una agenda europea para las prioridades canarias
La vivienda y la financiación de las RUP forman parte de una estrategia más amplia para reforzar la presencia de Canarias en las instituciones comunitarias. El objetivo es que las particularidades del Archipiélago se tengan en cuenta desde el inicio de las negociaciones, y no únicamente cuando las normas ya estén prácticamente cerradas.
La presidencia irlandesa de la Unión ofrece, a juicio del Gobierno canario, un marco favorable para intensificar los contactos y construir alianzas con otros territorios que comparten problemas similares. La negociación exigirá ahora trasladar las demandas autonómicas a los órganos comunitarios y lograr apoyos suficientes entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.
La prioridad inmediata será introducir la perspectiva insular y ultraperiférica en la Ley europea de Vivienda Asequible. Al mismo tiempo, Canarias deberá defender la permanencia de los fondos específicos que sostienen buena parte de las políticas destinadas a corregir sus desventajas estructurales.
El resultado de ambas negociaciones tendrá consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la población. El acceso a una vivienda a un precio razonable y la llegada de recursos europeos condicionan la cohesión social, la competitividad y la capacidad de las islas para afrontar su futuro con mayores garantías.
