El ICAM reclama una inteligencia artificial jurídica accesible, segura y guiada por el criterio profesional
La inteligencia artificial avanza con rapidez en el sector legal, pero su incorporación a los despachos no puede medirse únicamente por la velocidad o la capacidad de automatización. El acceso a estas herramientas, la protección de la información y la supervisión de los profesionales deben ocupar un lugar central en la transformación digital de la abogacía.
Ese fue uno de los principales mensajes trasladados por Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, durante Clio Elevate Madrid, un encuentro celebrado en la Casa de América con la participación del ICAM como partner institucional. La jornada, organizada por Clio y vLex, reunió a representantes del ámbito jurídico y tecnológico para analizar el impacto de la inteligencia artificial en la práctica legal.
La tecnología no debe ampliar la brecha entre despachos
Ribón defendió una adopción de la inteligencia artificial basada en el criterio jurídico, las garantías profesionales y la igualdad de oportunidades. En su intervención, subrayó que la innovación solo cumplirá su función si está al alcance de los distintos perfiles que integran la profesión, con independencia del tamaño de sus despachos.
La tecnología tiene que democratizar capacidades, no crear nuevas barreras dentro de la profesión, señaló el decano. La advertencia apunta a uno de los riesgos más relevantes de la digitalización legal: que las firmas con mayores recursos puedan acceder a sistemas avanzados mientras los despachos pequeños y los profesionales individuales quedan rezagados.
La diferencia no se limita al presupuesto disponible. También influyen la formación, el conocimiento técnico, la capacidad para evaluar proveedores y los recursos necesarios para integrar estas soluciones en el trabajo diario. Por ello, el debate sobre la IA jurídica debe incluir medidas que favorezcan un acceso equilibrado y una capacitación adecuada.
El criterio jurídico seguirá siendo decisivo
Las aplicaciones de inteligencia artificial pueden ayudar a localizar información, revisar documentos, resumir expedientes o automatizar tareas administrativas. Sin embargo, estas funciones no sustituyen la responsabilidad del abogado ni el análisis profesional que exige cada asunto.
La interpretación de una norma, la estrategia procesal y la relación de confianza con el cliente requieren contexto, experiencia y capacidad de decisión. Una respuesta generada por un sistema no puede aceptarse de forma automática, especialmente cuando existe el riesgo de errores, sesgos o referencias jurídicas incorrectas.
En este escenario, el papel de los abogados evoluciona. Además de conocer el marco legal, los profesionales deben aprender a formular instrucciones precisas, comprobar los resultados y determinar cuándo una herramienta resulta adecuada. La competencia tecnológica se incorpora así al conjunto de habilidades necesarias para ejercer la abogacía con garantías.
Privacidad, seguridad y responsabilidad
La utilización de soluciones de IA en los despachos plantea también importantes desafíos relacionados con la confidencialidad. Los documentos legales pueden contener datos personales, información empresarial sensible o estrategias procesales que no deben quedar expuestas.
Antes de introducir un expediente en una plataforma, los despachos deben conocer cómo se almacenan los datos, dónde se procesan, quién puede acceder a ellos y si se emplean para entrenar modelos. La elección de una herramienta no debería depender solo de sus funcionalidades, sino también de sus condiciones de seguridad y cumplimiento normativo.
La supervisión humana constituye otra garantía esencial. El profesional debe poder identificar las limitaciones del sistema y asumir la responsabilidad de la decisión final. Esta exigencia resulta especialmente relevante en ámbitos en los que un error puede afectar a derechos fundamentales, plazos procesales o intereses económicos de los clientes.
Una transformación con formación y reglas claras
El debate celebrado en Madrid refleja que la inteligencia artificial ya forma parte de la agenda estratégica de la abogacía. La cuestión no es si los despachos utilizarán estas herramientas, sino cómo lo harán y con qué controles.
- Formación continua: los abogados necesitan comprender tanto las posibilidades como las limitaciones de la IA generativa.
- Protocolos internos: cada despacho debe establecer reglas sobre el uso de datos, la revisión de resultados y la documentación de las decisiones.
- Acceso equitativo: la innovación debe ser viable también para los profesionales autónomos y las firmas de menor tamaño.
- Supervisión profesional: ninguna herramienta puede desplazar el juicio jurídico ni la responsabilidad del abogado.
La posición defendida por el ICAM sitúa la innovación tecnológica dentro de una visión más amplia de la modernización de la justicia. No se trata únicamente de incorporar software, sino de garantizar que su uso mejore la eficiencia sin deteriorar la independencia profesional, la confidencialidad o la calidad del servicio.
El futuro de la inteligencia artificial en el sector legal dependerá, en buena medida, de ese equilibrio. Las soluciones más útiles serán aquellas que ayuden a los abogados a trabajar mejor sin convertir la tecnología en un nuevo filtro de acceso a la profesión. La transformación digital de los despachos, por tanto, deberá avanzar al mismo tiempo que la formación, la regulación y las garantías.
