Sánchez enfría la inclusión de Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas de la UE
El compromiso anunciado por Pedro Sánchez para impulsar la inclusión de Ceuta y Melilla entre las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea pierde fuerza apenas unas semanas después de ser planteado. El presidente del Gobierno aseguró el pasado 3 de septiembre que España solicitaría formalmente este reconocimiento, pero la defensa pública de las singularidades territoriales españolas se ha centrado de nuevo en Canarias.
La promesa tenía una especial relevancia para las dos ciudades autónomas. Su incorporación al régimen europeo de las regiones ultraperiféricas permitiría acceder a un marco específico de apoyo y a mayores posibilidades para aplicar medidas fiscales, económicas y administrativas adaptadas a su situación geográfica y fronteriza.
Una petición anunciada que no termina de concretarse
Sánchez planteó la iniciativa como una vía para reforzar la posición de Ceuta y Melilla ante las instituciones comunitarias. Sin embargo, desde aquel anuncio no se ha producido un avance público equivalente a la expectativa generada. La ausencia de una petición formal visible mantiene el compromiso en el terreno de las declaraciones políticas.
La diferencia entre anunciar una reivindicación y activar el procedimiento europeo resulta determinante. La condición de región ultraperiférica no se obtiene mediante una decisión unilateral del Gobierno español, sino que exige una tramitación comunitaria compleja y, previsiblemente, la modificación del marco jurídico europeo con el respaldo de los Estados miembros.
Por ahora, el debate vuelve a quedar subordinado a la agenda de Canarias, territorio que sí cuenta con el reconocimiento de región ultraperiférica y que dispone de un tratamiento específico dentro de la Unión Europea.
Canarias mantiene el protagonismo en la agenda europea
La defensa de Canarias como región ultraperiférica forma parte de una posición consolidada de España ante Bruselas. El archipiélago se beneficia de medidas diferenciadas destinadas a compensar su lejanía del continente, la insularidad, la fragmentación territorial y las dificultades añadidas para el transporte y el abastecimiento.
Ese estatus permite justificar instrumentos de apoyo económico y determinadas excepciones o flexibilidades en ámbitos como la fiscalidad, las ayudas públicas, la agricultura, el transporte y las políticas de cohesión. La situación de Canarias está reconocida expresamente en los tratados europeos, una cobertura jurídica de la que Ceuta y Melilla carecen actualmente.
El Gobierno ha vuelto a poner el acento en la protección de ese régimen específico, pero sin acompañar la reivindicación canaria de pasos concretos para las ciudades autónomas. Esta diferencia alimenta la sensación de que la promesa de septiembre ha quedado relegada.
Ceuta y Melilla reclaman un marco adaptado a su singularidad
Ceuta y Melilla presentan una combinación de factores que las distingue del resto del territorio español: su reducida extensión, la presión migratoria, la condición de frontera exterior de la Unión Europea y la dependencia de las conexiones marítimas y aéreas con la península.
Sus gobiernos consideran que estas circunstancias justifican un reconocimiento europeo más ambicioso. La inclusión como regiones ultraperiféricas abriría la puerta a reclamar instrumentos específicos para atraer inversiones, mejorar las comunicaciones y reforzar la actividad empresarial en dos territorios con limitaciones estructurales.
El objetivo no se limita a obtener ventajas fiscales. También incluye disponer de una mayor capacidad para adaptar las políticas europeas a la realidad de las ciudades, especialmente en materia de empleo, comercio, energía, vivienda, transporte y gestión de los flujos migratorios.
Un proceso con obstáculos políticos y jurídicos
La eventual incorporación de Ceuta y Melilla al grupo de regiones ultraperiféricas requeriría superar importantes obstáculos. La Unión Europea debería analizar si sus características encajan en la definición vigente y determinar qué cambios legales serían necesarios para ampliar la lista actual.
Además, la propuesta tendría que reunir apoyos entre los Estados miembros y evitar que la ampliación del régimen genere recelos en otros territorios europeos con dificultades geográficas o económicas. El proceso, por tanto, no depende únicamente de la voluntad del Ejecutivo español.
Precisamente por esa complejidad, la falta de una hoja de ruta pública resulta especialmente significativa. La presentación de un calendario, la remisión de la solicitud a las instituciones comunitarias y la apertura de contactos diplomáticos permitirían comprobar si el anuncio presidencial se traduce en una estrategia real.
La presión política aumenta sobre el Gobierno
La ausencia de novedades coloca al Ejecutivo ante la necesidad de aclarar si mantiene su compromiso y en qué plazo piensa desarrollarlo. Para Ceuta y Melilla, la cuestión tiene una dimensión económica, pero también política: supone reclamar que la Unión Europea reconozca de forma expresa las particularidades de sus únicas fronteras terrestres con África.
Mientras Sánchez continúa defendiendo el tratamiento diferenciado de Canarias, las ciudades autónomas esperan que la promesa formulada en septiembre no quede reducida a un anuncio sin recorrido. El siguiente paso deberá demostrar si el Gobierno pretende convertir la reivindicación en una propuesta formal o si, por el contrario, seguirá priorizando exclusivamente el actual marco ultraperiférico del archipiélago canario.
