Hasta cuándo puede durar la actual legislatura si no hay adelanto electoral
La actual legislatura puede prolongarse hasta el verano de 2027 si el Gobierno no decide disolver antes las Cortes Generales. La fecha límite viene marcada por la Constitución: el mandato del Congreso de los Diputados dura cuatro años desde el día de las elecciones, salvo que la Cámara se disuelva previamente.
En este caso, las últimas elecciones generales se celebraron el 23 de julio de 2023. Por tanto, si no se produce un adelanto electoral, el mandato de los diputados concluirá, en principio, cuatro años después de esa jornada electoral. No obstante, la votación para elegir las nuevas Cortes tendría lugar posteriormente, dentro de los plazos previstos por la legislación electoral.
El mandato del Congreso dura cuatro años
El artículo 68 de la Constitución establece que el Congreso de los Diputados es elegido por cuatro años. La misma norma precisa que el mandato termina cuando transcurre ese periodo desde la elección o cuando la Cámara queda disuelta.
Esta previsión implica que la investidura del presidente del Gobierno no reinicia el reloj de la legislatura. Aunque el Ejecutivo se formase meses después de las elecciones, como ocurrió tras los comicios de 2023, el plazo constitucional se cuenta desde la fecha en la que los ciudadanos acudieron a las urnas.
La legislatura también puede finalizar antes de tiempo si el presidente del Gobierno propone la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. La decisión corresponde formalmente al jefe del Estado mediante un real decreto, pero debe adoptarse a propuesta del presidente del Ejecutivo.
Qué ocurriría si no se convocan elecciones anticipadas
Si el Gobierno agota el mandato, no basta con esperar al día exacto en el que se cumplen los cuatro años. La Constitución establece que las elecciones deben celebrarse entre los 30 y los 60 días siguientes a la terminación del mandato.
Eso significa que la fecha de las próximas elecciones generales no tendría por qué coincidir con el aniversario exacto de las de 2023. Antes debe publicarse el decreto de convocatoria y activarse el calendario electoral, que incluye la presentación de candidaturas, la campaña, el voto por correo y la jornada de votación.
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General fija los plazos que deben respetarse durante todo ese proceso. En condiciones ordinarias, la convocatoria se formaliza con antelación suficiente para que las elecciones se celebren dentro del margen constitucional.
La fecha límite no equivale a la toma de posesión del nuevo Gobierno
El final de la legislatura tampoco significa que el mismo día de las elecciones haya un nuevo Ejecutivo. Tras la votación, deben constituirse las Cámaras, acreditarse los parlamentarios y ponerse en marcha el procedimiento de investidura.
Durante ese periodo, el Gobierno permanece en funciones. Su capacidad de actuación está limitada a la gestión ordinaria, aunque puede adoptar decisiones cuando existan razones de urgencia o interés general debidamente justificadas.
La nueva legislatura comienza con la constitución del Congreso y del Senado surgidos de las elecciones. A partir de ese momento se inicia la búsqueda de una mayoría parlamentaria que permita elegir al presidente del Gobierno.
¿Puede el presidente convocar antes?
Sí. El presidente del Gobierno puede proponer la disolución anticipada de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Esta facultad tiene algunos límites constitucionales: no puede ejercerse si está en trámite una moción de censura y tampoco puede plantearse antes de que transcurra un año desde la anterior disolución, salvo en los supuestos previstos para una investidura fallida.
La decisión política de adelantar los comicios puede responder a múltiples factores: la dificultad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, la pérdida de apoyos parlamentarios o la conveniencia de buscar una mayoría más sólida. Sin embargo, mientras no se firme el decreto de disolución, la legislatura mantiene su calendario ordinario.
El papel de una investidura fallida
Existe además una vía específica de finalización anticipada cuando ningún candidato logra ser investido presidente. Si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún aspirante obtenga la confianza del Congreso, las Cortes se disuelven y se convocan nuevas elecciones.
Este mecanismo es diferente del final ordinario de la legislatura. En ese escenario, el plazo no depende de los cuatro años desde las elecciones anteriores, sino del fracaso del procedimiento de investidura y de los plazos establecidos por la Constitución.
Un calendario condicionado por la mayoría parlamentaria
Mientras exista una mayoría suficiente para sostener al Ejecutivo y aprobar las principales iniciativas legislativas, la legislatura puede continuar hasta agotar su duración máxima. La ausencia de una convocatoria anticipada no requiere una decisión adicional: el mandato sigue su curso conforme al calendario constitucional.
Por tanto, la actual legislatura podría llegar hasta el verano de 2027. La fecha concreta de las próximas elecciones dependerá del decreto de convocatoria y de la aplicación de los plazos electorales, pero el límite jurídico está claro: cuatro años desde las elecciones del 23 de julio de 2023, salvo disolución anticipada.



