Trump crea la Super Intelligence Force y le da 120 días para definir la estrategia de Estados Unidos ante la IA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 4 de octubre de 2026 la creación de la Super Intelligence Force, un grupo de trabajo federal encargado de analizar los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial. El organismo tendrá un plazo de 120 días para presentar un informe con propuestas y planes de actuación.
La iniciativa estará presidida por Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional, y contará con tres vicepresidentes: Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC); Emil Michael, subsecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería; y Scott Kupor, director de la Oficina de Gestión de Personal.
El anuncio supone el tercer movimiento de la Administración estadounidense en pocas semanas para situar la superinteligencia en el centro de su política tecnológica. Primero llegó la promesa de crear una fuerza específica para la IA; después, una orden ejecutiva que adoptó ese término para referirse a la evolución futura de esta tecnología; ahora se establece el órgano que debe convertir el concepto en una estrategia concreta.
Un informe sobre riesgos, innovación y seguridad
La misión inmediata de la Super Intelligence Force será elaborar un documento sobre las amenazas y las posibilidades asociadas a los sistemas avanzados de IA. El encargo incluye preparar planes para responder a posibles riesgos, pero también evitar una regulación que, según la Administración, pueda frenar la innovación o reducir la competencia entre empresas.
En este contexto, la superinteligencia describe hipotéticos sistemas de inteligencia artificial capaces de superar ampliamente a los seres humanos en numerosas tareas intelectuales. No existe una definición técnica única ni consenso sobre cuándo podría alcanzarse, pero el término se utiliza para referirse a una etapa posterior a la IA actual, incluidos los modelos generativos que redactan textos, crean imágenes, programan o analizan grandes volúmenes de información.
El plazo de 120 días podría concluir alrededor del 1 de febrero de 2027 si el cómputo comenzó el mismo día del anuncio. Sin embargo, todavía no se ha precisado públicamente desde qué fecha empieza a contar el periodo, una cuestión relevante para evaluar el cumplimiento de la iniciativa.
La prioridad declarada: no perder la carrera tecnológica
La composición del grupo refleja las prioridades del Ejecutivo. La dirección queda en manos de un responsable de inteligencia nacional, mientras que la mesa incorpora a un regulador económico, un alto cargo de investigación militar y un responsable de la Administración federal.
No figura, al menos en la composición conocida, ningún científico independiente ni una organización especializada en seguridad de la IA. Esta ausencia no permite anticipar el contenido del informe, pero sí muestra que el enfoque inicial estará vinculado a la seguridad nacional, la defensa, la regulación y la capacidad administrativa del Gobierno.
Jay Clayton ha defendido que Estados Unidos no puede retirarse de la carrera de la inteligencia artificial mientras otras potencias, especialmente China, avanzan en el desarrollo de estas tecnologías. Bajo esa perspectiva, uno de los principales riesgos sería no alcanzar una posición de liderazgo.
El planteamiento enfrenta dos objetivos difíciles de equilibrar: acelerar el desarrollo de la IA para conservar la ventaja estratégica y establecer controles suficientes para evitar daños. Los llamados guardrails, o barreras de seguridad, son precisamente las normas, límites técnicos y procedimientos de supervisión destinados a impedir que un sistema actúe de forma peligrosa o fuera del control humano.
La FTC, en una posición especialmente delicada
La presencia de Andrew Ferguson introduce una cuestión relevante. La FTC es una de las agencias que supervisan el impacto de la IA sobre los consumidores y las prácticas de las empresas tecnológicas. Además, está examinando los posibles riesgos asociados a grandes laboratorios de inteligencia artificial.
El mismo organismo que participa en la vigilancia del sector formará parte ahora del grupo que debe recomendar cómo regularlo. Esta coincidencia puede interpretarse como una vía para coordinar mejor la política federal, aunque también plantea dudas sobre la independencia con la que se diseñarán las futuras medidas de control.
La información disponible no permite determinar si la Super Intelligence Force tendrá una función principalmente técnica, regulatoria o estratégica. Tampoco se ha detallado si publicará documentos intermedios, consultará a expertos externos o incluirá mecanismos para recabar la opinión de empresas y organizaciones civiles.
Una estrategia basada en decretos y grupos de trabajo
El Congreso estadounidense todavía no ha aprobado una ley federal específica sobre seguridad de la inteligencia artificial. Mientras se mantiene el debate entre quienes defienden compromisos voluntarios de las empresas y quienes reclaman obligaciones legales, la Casa Blanca está avanzando mediante órdenes ejecutivas y grupos de trabajo.
Este modelo permite actuar con rapidez y no depende de alcanzar una mayoría parlamentaria. Sin embargo, también limita el alcance de las decisiones. Un informe elaborado por un organismo creado por orden presidencial no tiene fuerza de ley y podría quedar archivado por una futura Administración.
La falta de competencias vinculantes convierte a la Super Intelligence Force en un mecanismo de diagnóstico más que de control. Su documento podrá orientar la política federal, fijar prioridades y proponer nuevas normas, pero no obligará por sí mismo a las empresas a modificar sus modelos ni impondrá límites al desarrollo de sistemas autónomos.
Implicaciones para Europa y la competencia con China
La iniciativa llega mientras Estados Unidos y China intentan establecer un lenguaje común sobre la inteligencia artificial y abordar posibles incidentes de seguridad. El uso compartido del término superinteligencia forma parte de ese acercamiento diplomático, aunque todavía está por ver si se traduce en protocolos concretos.
Para Europa, la diferencia de enfoque puede ser significativa. La Unión Europea ha optado por un marco regulatorio basado en obligaciones, niveles de riesgo y responsabilidades para los proveedores. Estados Unidos parece apostar, de momento, por mantener la velocidad de innovación y complementar las normas existentes con compromisos voluntarios y decisiones ejecutivas.
La fecha clave será la entrega del informe. Si el documento se publica dentro del plazo, permitirá conocer qué entiende la Administración por superinteligencia, qué riesgos considera prioritarios y hasta dónde está dispuesta a llegar con la supervisión. Si se retrasa o no incluye medidas concretas, la nueva fuerza podría quedar reducida a una etiqueta política sin capacidad real para dirigir el futuro de la IA.
