El Gobierno recupera los decretos de vivienda: qué puede aprobar durante la disolución del Congreso
El Gobierno prepara el regreso de sus medidas sobre vivienda pese a la disolución del Congreso. La clave ya no estará en el Pleno de la Cámara Baja, que deja de ejercer sus funciones ordinarias, sino en la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria durante los periodos de disolución o entre legislaturas.
Este mecanismo permite al Ejecutivo aprobar decretos ley cuando exista una situación de extraordinaria y urgente necesidad. Sin embargo, esas normas no quedan automáticamente consolidadas: deben ser sometidas a debate y votación en el plazo máximo de 30 días desde su promulgación.
La Diputación Permanente asume el control parlamentario
La Diputación Permanente está integrada por diputados de todos los grupos parlamentarios y refleja, de forma proporcional, la composición del Congreso disuelto. Su función es garantizar que determinadas instituciones sigan funcionando cuando la Cámara no puede reunirse con normalidad.
Entre sus competencias figura la convalidación o derogación de los decretos ley aprobados por el Gobierno durante la disolución del Congreso. También puede autorizar la prórroga de estados de alarma, excepción o sitio en los casos previstos por la Constitución.
El Ejecutivo deberá remitir los decretos de vivienda a este órgano para que sus miembros decidan si los mantienen en vigor. El debate permitirá a los grupos fijar posición sobre el contenido de las medidas, su urgencia y el impacto que puedan tener sobre propietarios, inquilinos, promotores y administraciones públicas.
Qué mayoría necesita el Gobierno
Para que un decreto ley siga vigente, la Diputación Permanente debe convalidarlo por mayoría simple. Esto significa que necesita más votos favorables que contrarios entre los miembros que participen en la votación.
Las abstenciones no se suman a los votos en contra. Por tanto, el Gobierno podría sacar adelante la norma sin reunir una mayoría absoluta, siempre que logre suficientes apoyos o reduzca el número de rechazos mediante acuerdos con otras formaciones.
Si la votación resulta negativa, el decreto ley quedará derogado. La decisión no implica necesariamente que todas las actuaciones realizadas durante el periodo de vigencia desaparezcan de forma automática, pero sí impide que la norma continúe aplicándose como tal.
El margen de maniobra del Ejecutivo
La disolución del Congreso no impide al Gobierno aprobar decretos ley, aunque limita el control político ordinario y modifica el procedimiento de convalidación. El Ejecutivo debe justificar que concurre una necesidad urgente y que no puede esperar a la constitución de las nuevas Cortes.
Ese requisito es especialmente relevante en materia de vivienda, un ámbito marcado por la escalada de los alquileres, la falta de oferta asequible y las diferencias entre territorios. La urgencia no puede utilizarse como una fórmula genérica: el decreto debe explicar las circunstancias que hacen imprescindible una respuesta inmediata.
Además, el contenido de estas normas está sujeto a límites constitucionales. Los decretos ley no pueden regular cualquier materia ni afectar al ordenamiento básico de las instituciones del Estado, a los derechos, deberes y libertades del título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas o al derecho electoral general.
Decreto ley o tramitación parlamentaria
Una vez convalidado, el decreto ley puede tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia si así lo solicita el Gobierno. Esta vía permitiría introducir cambios mediante enmiendas y abrir una negociación más amplia con los grupos parlamentarios.
Durante una legislatura ya disuelta, esa transformación presenta más dificultades prácticas, porque el procedimiento quedaría condicionado por la convocatoria electoral y la constitución de las nuevas Cámaras. Por eso, la primera batalla política se concentrará en la convalidación.
El Ejecutivo tendrá que decidir si presenta todas sus medidas en un único texto o si las divide en varios decretos. La segunda opción puede facilitar acuerdos parciales, pero también aumenta el riesgo de que algunas disposiciones sean rechazadas o queden bloqueadas por falta de apoyos.
Una votación con efectos políticos
La votación no solo determinará el futuro jurídico de las medidas. También servirá para medir la capacidad del Gobierno para construir mayorías en una etapa de incertidumbre parlamentaria y electoral.
Los grupos de la oposición podrán cuestionar tanto el fondo de las políticas de vivienda como el uso del decreto ley durante la disolución. El debate previsiblemente girará en torno a la urgencia, la invasión de competencias autonómicas y la eficacia real de las medidas para aliviar el coste de la vivienda.
En consecuencia, Sánchez necesitará asegurar una mayoría simple en la Diputación Permanente. Los apoyos pueden llegar mediante acuerdos explícitos, pero también a través de abstenciones que eviten el rechazo. Hasta que se produzca la votación, los decretos solo tendrán una vigencia provisional y su continuidad dependerá del equilibrio de fuerzas en este órgano parlamentario.
