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Tardón abre diligencias contra Triano por presuntos desórdenes públicos y prevaricación

El órgano judicial dirigido por Tardón ha abierto diligencias para investigar a Triano por unos presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación. La iniciativa parte de una acusación ejercida por Abogados Cristianos, que ha solicitado además que declaren como testigos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La apertura de diligencias supone el inicio de una fase de investigación y no implica, por sí misma, que exista una condena ni que los hechos denunciados hayan quedado acreditados. Durante este procedimiento deberán concretarse las circunstancias de lo ocurrido, la posible participación de Triano y la existencia o no de indicios suficientes para continuar adelante.

La acusación pide nuevas declaraciones

Además de promover la investigación contra Triano, Abogados Cristianos pretende que Sánchez y Marlaska comparezcan en calidad de testigos. La petición tendrá que ser examinada por el órgano judicial, que decidirá si considera pertinentes esas declaraciones para esclarecer los hechos denunciados.

La condición de testigo no equivale a estar investigado. En ese supuesto, la intervención de ambas autoridades tendría como objetivo aportar información sobre los antecedentes o las circunstancias relacionadas con el caso, siempre dentro de los límites que establezca el juzgado.

Una investigación todavía en fase inicial

Las diligencias previas constituyen una etapa destinada a recopilar documentación, tomar declaración a las personas implicadas y determinar si existen elementos suficientes para apreciar indicios de delito. En función del resultado, el procedimiento podría archivarse o avanzar hacia una fase posterior.

Los delitos señalados por la acusación tienen distinta naturaleza. Los desórdenes públicos se vinculan, con carácter general, a conductas capaces de alterar gravemente la tranquilidad colectiva o el normal desarrollo de actividades y servicios. La prevaricación, por su parte, se refiere a la adopción de una resolución injusta por parte de una autoridad o funcionario, con conocimiento de su injusticia.

La calificación jurídica planteada por la acusación deberá ser analizada durante la instrucción. Corresponderá al juzgado comprobar si los hechos descritos encajan en esos tipos penales y si existen pruebas que permitan atribuir responsabilidades concretas.

El juzgado deberá delimitar los hechos

Uno de los primeros objetivos de la investigación será fijar con precisión qué actuaciones se atribuyen a Triano, cuándo se produjeron y qué consecuencias tuvieron. También será necesario determinar si existe relación entre los presuntos desórdenes públicos y la supuesta actuación prevaricadora que denuncia la acusación.

En este momento, la apertura de diligencias no prejuzga la responsabilidad de la persona investigada. Triano mantiene todos los derechos que corresponden a quien se encuentra sometido a una investigación judicial, incluida la presunción de inocencia y la posibilidad de ejercer su defensa durante el procedimiento.

Próximos pasos del procedimiento

El avance del caso dependerá de las decisiones que adopte el juzgado en los próximos trámites. Entre las actuaciones posibles se encuentran la toma de declaración a Triano, la recopilación de documentos y la citación de los testigos propuestos por la acusación.

La solicitud para que comparezcan Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska no significa que sus declaraciones hayan sido acordadas. El tribunal deberá valorar su utilidad, su relación con los hechos investigados y si cumplen los requisitos procesales para ser llamados a declarar.

Por ahora, el procedimiento se encuentra en una fase preliminar. La investigación deberá determinar si las acusaciones formuladas por Abogados Cristianos cuentan con respaldo suficiente o si, por el contrario, no existen elementos para mantener abiertas las diligencias.

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