Llarena deja sin efecto la orden nacional de busca y captura contra Puigdemont tras el aval del TC a la amnistía
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont podrá regresar a España sin quedar detenido en virtud de la orden nacional de busca y captura que permanecía vigente contra él. El juez Pablo Llarena, instructor en el Tribunal Supremo de la causa relacionada con el procés, ha decidido retirar esta medida después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía en los términos previstos.
La decisión modifica de forma sustancial la situación procesal de Puigdemont, que hasta ahora se exponía a ser arrestado si entraba en territorio español. La orden dictada por el Supremo constituía uno de los principales obstáculos para su regreso desde que abandonó España tras el referéndum independentista de 2017 y la posterior declaración unilateral de independencia.
Fin de la orden de detención dentro de España
La resolución del magistrado afecta a la orden nacional de busca y captura. Por tanto, las fuerzas de seguridad ya no deberán ejecutar esa medida contra el expresidente catalán si vuelve a España, siempre que la detención se fundamentara exclusivamente en dicha orden.
El levantamiento de la medida se produce tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía. El aval del alto tribunal permite aplicar la norma a los hechos vinculados al proceso independentista y despeja el camino para que las decisiones judiciales pendientes se adapten a ese nuevo marco legal.
La retirada de la orden no supone, por sí sola, una revisión general de todas las actuaciones relacionadas con el procés. Su alcance se circunscribe a la medida de búsqueda y captura que el juez Llarena mantenía activa en el ámbito nacional y que impedía, en la práctica, el retorno de Puigdemont sin riesgo de arresto.
Un cambio decisivo en la situación de Puigdemont
Puigdemont se encontraba fuera de España desde finales de 2017. Durante estos años, su situación judicial ha estado marcada por las órdenes de detención, los procedimientos desarrollados en otros países europeos y el debate político y jurídico sobre la amnistía para los implicados en el desafío independentista.
La resolución del juez Llarena elimina ahora uno de los elementos centrales de esa situación. El expresidente podrá desplazarse por España sin que la orden nacional que seguía vigente active automáticamente su detención. Este cambio también afecta al escenario político catalán, dada la relevancia pública de su figura y su papel dentro del independentismo.
El regreso, en cualquier caso, dependerá de la decisión personal y política de Puigdemont. La retirada de la orden abre la posibilidad legal de volver, pero no implica que el expresidente haya anunciado de inmediato su retorno ni fija una fecha para hacerlo.
El aval constitucional a la ley de amnistía
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional resulta determinante para el desenlace de la causa. La amnistía se diseñó para dejar sin efecto las responsabilidades derivadas de determinados hechos vinculados al proceso independentista catalán, incluidos los relacionados con la consulta del 1 de octubre y sus consecuencias institucionales.
La decisión del Constitucional confirma la vigencia de ese marco legal y permite que los tribunales apliquen sus efectos a los procedimientos afectados. En el caso de Puigdemont, el nuevo escenario ha llevado al instructor del Supremo a retirar la orden de busca y captura que todavía figuraba activa en España.
Consecuencias políticas y judiciales
La medida previsiblemente reabrirá el debate político sobre la amnistía, una norma que ha provocado una fuerte división entre las formaciones parlamentarias y que ha sido objeto de recursos y controversia desde su aprobación. Para el independentismo, la retirada de la orden representa un paso hacia la normalización de la situación de sus principales dirigentes.
Para sus detractores, el caso seguirá siendo un ejemplo de la tensión entre las decisiones judiciales adoptadas durante los últimos años y los efectos de una ley aprobada posteriormente. El aval constitucional, sin embargo, establece el marco en el que deben desenvolverse ahora los tribunales.
Con la resolución de Llarena, Carles Puigdemont deja de estar sujeto a la orden nacional de busca y captura que condicionaba cualquier retorno a España. El expresidente catalán podrá regresar sin ser detenido por esa medida, en un cambio que marca un nuevo capítulo en la evolución judicial y política del procés.
