El Supremo deja sin efecto la orden de captura contra Puigdemont tras la aplicación de la amnistía
El Tribunal Supremo ha suspendido la orden nacional de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont después de que el Tribunal Constitucional obligara a aplicar la ley de amnistía al delito de malversación atribuido al expresidente de la Generalitat. La decisión, adoptada por el magistrado Pablo Llarena pocos minutos después del pronunciamiento constitucional, despeja el principal obstáculo judicial para el regreso de Puigdemont a España.
La resolución abre también la puerta a que el líder de Junts pueda desplazarse por el territorio nacional sin riesgo de ser detenido por esta causa. En términos políticos, la medida podría permitirle participar en actos públicos y, si así lo decidiera, concurrir a las elecciones previstas para el 29 de noviembre, conocidas como el 29N.
El Constitucional fuerza el cambio de criterio
El movimiento del Supremo llega después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la amnistía a la malversación vinculada al proceso independentista catalán. La decisión afecta directamente a la situación procesal de Puigdemont, que permanecía fuera de España desde 2017 y tenía activa una orden de detención por su papel en la organización del referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia.
Hasta ahora, la orden de captura constituía una de las principales barreras para un eventual retorno. Aunque la ley de amnistía ya había entrado en vigor, su aplicación a cada caso dependía de las resoluciones de los tribunales competentes. El pronunciamiento constitucional ha fijado el marco que debe seguir el Supremo y ha precipitado una nueva decisión sobre el expresidente catalán.
La suspensión de la orden no equivale a una revisión general de todos los procedimientos relacionados con el procés, pero sí modifica de forma sustancial la situación de Puigdemont. El dirigente de Junts queda, en la práctica, en condiciones de regresar sin afrontar la detención que habría sufrido hasta ahora al entrar en España.
Una vuelta con impacto político inmediato
El posible regreso de Puigdemont tendría consecuencias que irían más allá del ámbito judicial. Su presencia en Cataluña alteraría el equilibrio entre las formaciones independentistas y podría reforzar el protagonismo de Junts en la política catalana y estatal.
La proximidad de las elecciones del 29 de noviembre añade un elemento de presión. Si cumple los requisitos electorales, el líder de Junts podría valorar su candidatura y tratar de convertir su vuelta en uno de los principales ejes de la campaña. Su retorno también obligaría al resto de partidos a fijar posición sobre la amnistía, la convivencia territorial y el futuro del independentismo.
La decisión judicial no establece que Puigdemont vaya a regresar ni confirma que vaya a presentarse a unos comicios. La última palabra corresponderá al propio dirigente y a la estrategia que adopte Junts. Sin embargo, la suspensión de la orden elimina el riesgo inmediato que durante años ha condicionado cualquier desplazamiento a España.
Feijóo acusa a Sánchez de volver a engañar
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado calificando la aplicación de la amnistía como «otro engaño más» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder de la oposición sostiene que la norma responde a un acuerdo político para garantizar la continuidad del Ejecutivo y no a una necesidad de interés general.
Feijóo ha situado la resolución en el centro de su crítica al Gobierno y ha advertido de que la amnistía supone, a su juicio, un trato de favor para quienes promovieron el desafío independentista. El PP mantiene que la medida debilita la igualdad ante la ley y cuestiona la separación de poderes.
Desde el Ejecutivo, la aplicación de la norma se presenta como una decisión derivada del marco legal aprobado por las Cortes y respaldado por el Tribunal Constitucional. El Gobierno defiende que la amnistía contribuye a normalizar la relación institucional entre Cataluña y el Estado y a cerrar una etapa de conflicto político.
El debate judicial y parlamentario continúa
La suspensión de la orden de captura no pone fin al debate sobre la ley de amnistía. Sus efectos seguirán siendo examinados en distintos procedimientos y previsiblemente continuarán generando recursos y enfrentamientos entre las principales fuerzas políticas.
En el caso de Puigdemont, la decisión del Supremo marca un antes y un después. El expresidente catalán pasa de estar condicionado por una orden de detención a disponer de margen para decidir su próximo movimiento político. La eventual vuelta a España, que durante años parecía incompatible con su situación judicial, se convierte ahora en una posibilidad real.
El desenlace tendrá repercusiones tanto en la campaña del 29N como en la estabilidad de la mayoría parlamentaria que sostiene a Sánchez. Junts gana capacidad de presión, mientras que el PP encuentra un nuevo argumento para denunciar que el Gobierno ha cambiado su posición sobre la amnistía para conservar el respaldo de sus socios independentistas.
