La falta de vivienda acorta la esperanza de vida y aumenta el riesgo de enfermar
La salud no depende únicamente de la genética, la alimentación o la exposición a factores ambientales. También está profundamente condicionada por las circunstancias sociales en las que viven las personas. Entre ellas, el acceso a una vivienda segura y estable ocupa un papel central.
Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) advierte de que la falta de vivienda y las condiciones residenciales precarias se relacionan con una peor salud y con una menor esperanza de vida. El problema afecta tanto a quienes viven en la calle como a las personas que residen en hogares inseguros, insalubres o con graves dificultades para hacer frente al alquiler o la hipoteca.
La vivienda, un factor determinante para la salud
Disponer de un hogar no significa solo tener un techo. Una vivienda adecuada debe ofrecer seguridad, estabilidad, intimidad y unas condiciones mínimas de habitabilidad. Cuando alguno de estos elementos falla, aumentan las probabilidades de desarrollar problemas físicos y psicológicos.
La humedad, el frío, el calor extremo, la mala ventilación o la presencia de plagas pueden favorecer enfermedades respiratorias, alergias e infecciones. También pueden empeorar patologías ya diagnosticadas, como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o determinados problemas cardiovasculares.
En los casos de sinhogarismo, estos riesgos se multiplican. La exposición continuada a la intemperie, la dificultad para descansar, la falta de higiene y los obstáculos para conservar la medicación deterioran progresivamente el estado de salud. Además, acudir a un centro sanitario puede resultar complicado cuando no existe una dirección estable o una red de apoyo.
El impacto de la inseguridad residencial
La precariedad no comienza necesariamente cuando una persona pierde su vivienda. El temor constante a un desahucio, los retrasos en el pago del alquiler o la obligación de cambiar de domicilio con frecuencia generan una situación de estrés mantenido.
Este estrés puede alterar el sueño, aumentar la ansiedad y favorecer la aparición de depresión. También dificulta seguir hábitos saludables y cumplir correctamente los tratamientos médicos. Quien vive con la incertidumbre de no saber dónde residirá el mes siguiente puede tener problemas para acudir a revisiones, mantener una dieta equilibrada o reservar dinero para medicamentos.
La presión económica asociada a la vivienda obliga a muchas familias a elegir entre pagar el alquiler, comprar alimentos, calentar la casa o asumir otros gastos sanitarios. Esta situación afecta especialmente a hogares con menores, personas mayores, pacientes crónicos y personas con discapacidad.
Enfermedades y desigualdades sociales
La relación entre vivienda y salud muestra que las enfermedades no se distribuyen de forma uniforme entre la población. Las personas con menos recursos suelen estar más expuestas a viviendas deficientes, contaminación, trabajos precarios y dificultades para acceder a la atención sanitaria.
La falta de vivienda puede convertirse así en un círculo difícil de romper. Una mala salud reduce la capacidad para trabajar o mantener los ingresos, mientras que la pérdida de ingresos aumenta el riesgo de impago y exclusión residencial. Con el tiempo, esta cadena puede desembocar en una pérdida de autonomía y en una mayor dependencia de los servicios sociales.
El deterioro también puede ser más acusado en personas que ya parten de una situación vulnerable. Quienes sufren trastornos mentales, adicciones o enfermedades crónicas pueden encontrar más obstáculos para acceder a un alojamiento estable. A su vez, la vida en la calle o en alojamientos temporales puede agravar esos problemas.
Una cuestión de salud pública
Considerar la vivienda como un factor de salud pública implica ampliar la respuesta más allá de los hospitales y los centros de salud. La prevención también pasa por garantizar hogares habitables, proteger a las familias frente a la pérdida de vivienda y facilitar soluciones estables a las personas sin hogar.
Las intervenciones más eficaces deben coordinar a los servicios sanitarios, sociales y de vivienda. No basta con atender una urgencia médica si, al recibir el alta, la persona regresa a un entorno que mantiene o empeora su enfermedad. La continuidad asistencial requiere conocer las condiciones de vida del paciente y adaptar la atención a sus necesidades reales.
- Detectar de forma temprana la inseguridad residencial en las consultas médicas.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas con problemas de humedad, frío o hacinamiento.
- Facilitar el acceso a alojamientos estables y adecuados para las personas sin hogar.
- Coordinar la atención sanitaria con los servicios sociales y comunitarios.
- Proteger a los hogares más vulnerables frente a desahucios y situaciones de endeudamiento extremo.
Prevenir antes de que aparezca la enfermedad
La evidencia disponible apunta a que garantizar una vivienda digna puede prevenir enfermedades y reducir la presión sobre el sistema sanitario. También puede mejorar la adherencia a los tratamientos, favorecer la recuperación y evitar ingresos hospitalarios que, en algunos casos, están relacionados con unas condiciones de vida inadecuadas.
La vivienda, por tanto, no debe entenderse únicamente como un bien económico. Es un elemento esencial para proteger la salud, mantener la autonomía y vivir con dignidad. Abordar la precariedad residencial supone actuar sobre una de las causas sociales que más contribuyen a las desigualdades en salud y a la reducción de la esperanza de vida.
