Empleo moviliza 34,6 millones para formar y contratar a 1.380 personas desempleadas en Canarias
La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias destinará 34,6 millones de euros a la convocatoria de 2026 de los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, conocidos como PFAE. La financiación permitirá poner en marcha 92 proyectos destinados a mejorar las oportunidades de inserción laboral de 1.380 personas desempleadas.
La iniciativa, gestionada a través del Servicio Canario de Empleo, combina formación profesional y experiencia práctica. El objetivo es que las personas participantes adquieran competencias vinculadas a ocupaciones con demanda y puedan acceder posteriormente a un puesto de trabajo en mejores condiciones.
Prioridad para los colectivos con más dificultades
La convocatoria de 2026 pone el foco en quienes afrontan mayores obstáculos para incorporarse al mercado laboral. Entre los colectivos prioritarios figuran las personas con baja cualificación, los mayores de 45 años, las personas con discapacidad y las mujeres.
El diseño de estos programas pretende responder a una realidad persistente en Canarias: una parte de la población desempleada acumula dificultades para acceder a una formación especializada o carece de experiencia reciente. Para estos perfiles, la combinación de aprendizaje y actividad laboral puede servir como vía de reincorporación al empleo.
La selección de los participantes y la ejecución de los proyectos deberán ajustarse a los criterios establecidos por el Servicio Canario de Empleo. La aplicación rigurosa de estas reglas resulta especialmente relevante cuando se gestionan fondos públicos destinados a colectivos vulnerables.
Una inversión de 25.000 euros por participante, de media
La dotación global equivale a una inversión media aproximada de 25.000 euros por persona beneficiaria, aunque esa cifra no implica necesariamente que cada participante reciba ese importe de forma directa. El presupuesto cubre el conjunto de los proyectos, incluida la formación, la organización de las actividades y los costes asociados a su desarrollo.
La magnitud de la convocatoria obliga a extremar la transparencia sobre el destino de los fondos. La ciudadanía debe poder conocer qué entidades ejecutan cada programa, qué especialidades se imparten, cuántas personas completan la formación y cuántas acceden a un empleo al finalizar.
Seguimiento y resultados, claves para evaluar el programa
El número de proyectos aprobados y de plazas financiadas ofrece una primera medida del alcance de la convocatoria, pero no basta para valorar su eficacia. El indicador decisivo será la inserción laboral real de quienes participen en los PFAE, así como la estabilidad y la calidad de los contratos posteriores.
También será necesario comprobar que las plazas llegan efectivamente a los colectivos priorizados y que la distribución territorial de los proyectos evita concentrar las oportunidades en unas pocas zonas. La publicación detallada de los resultados permitiría comparar el rendimiento de cada iniciativa y detectar posibles desviaciones.
- Financiación total: 34,6 millones de euros.
- Número de proyectos: 92.
- Personas desempleadas beneficiarias: 1.380.
- Colectivos prioritarios: personas con baja cualificación, mayores de 45 años, personas con discapacidad y mujeres.
Formación vinculada a la actividad laboral
Los PFAE se basan en un modelo que permite alternar periodos de formación con trabajo práctico. Esta fórmula busca que el alumnado no solo obtenga conocimientos teóricos, sino que pueda desarrollar habilidades directamente relacionadas con una ocupación.
La conexión con el tejido productivo será determinante para evitar que los cursos se conviertan en una mera respuesta temporal al desempleo. Para que la inversión tenga un impacto duradero, los contenidos deberán estar adaptados a las necesidades reales de las empresas y de los servicios públicos y sociales de las islas.
La Consejería de Turismo y Empleo sostiene que la convocatoria mejorará las opciones de acceso al mercado laboral de las personas participantes. El reto, a partir de ahora, será demostrarlo con datos verificables y públicos: finalización de los programas, acreditaciones obtenidas, contratos logrados y continuidad laboral.
Control del dinero público
En una política que moviliza decenas de millones de euros, el control administrativo y la rendición de cuentas deben acompañar a la ejecución desde el primer momento. La fiscalización no debe limitarse a comprobar que los gastos se han tramitado, sino también si los proyectos han cumplido sus objetivos y han alcanzado a las personas previstas.
La publicación de la resolución completa, los convenios, la relación de entidades beneficiarias y las evaluaciones finales contribuiría a reforzar la confianza en el programa. También permitiría identificar con rapidez posibles incumplimientos, duplicidades o diferencias injustificadas entre proyectos.
La convocatoria de 2026 parte de una cifra relevante de inversión y de un objetivo concreto: mejorar las oportunidades de 1.380 personas desempleadas. Su éxito dependerá de que la formación se traduzca en empleo y de que cada euro público pueda ser seguido, justificado y evaluado con claridad.
