El supuesto encargo contra la jueza que investiga al hermano de Pedro Sánchez: «Es un grano en el culo y hay que eliminarla»
La investigación sobre las maniobras destinadas a desacreditar a la magistrada Beatriz Biedma, instructora del procedimiento relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, incorpora un episodio especialmente grave. Luis José Sáenz de Tejada, antiguo juez expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por un delito de violencia de género, habría trasladado a integrantes de clanes dedicados al narcotráfico en Badajoz la necesidad de actuar contra la magistrada.
El exjuez habría participado como intermediario de Leire Díez, conocida públicamente como la fontanera del PSOE, en una operación orientada a obtener información comprometedora sobre la instructora. En una de las conversaciones analizadas, Sáenz de Tejada se referiría a Biedma en términos despectivos y plantearía la necesidad de «eliminarla» del escenario.
Una magistrada bajo presión
Beatriz Biedma dirige las diligencias que afectan a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo. La causa examina posibles irregularidades relacionadas con su actividad profesional y con su vinculación a la Diputación de Badajoz, un procedimiento que ha adquirido una notable dimensión política desde su apertura.
La aparición de supuestas gestiones para investigar a la jueza al margen de los cauces legales añade una nueva derivada al caso. El objetivo, de acuerdo con las conversaciones conocidas, habría sido localizar elementos que permitiesen cuestionar su trayectoria, su entorno o sus decisiones judiciales.
La gravedad del episodio no reside únicamente en el lenguaje empleado, sino también en los perfiles de las personas a las que se habría recurrido. La trama habría buscado la colaboración de individuos vinculados a organizaciones de narcotráfico de la provincia de Badajoz, ajenos por completo a cualquier procedimiento institucional o policial reglado.
El papel atribuido a Sáenz de Tejada
Sáenz de Tejada ejercía, según las pesquisas, como enlace para determinadas gestiones. Su pasado como miembro de la carrera judicial le habría permitido presentarse como una persona con conocimientos del funcionamiento de los tribunales y de las posibles vías para obtener información sobre la magistrada.
Sin embargo, el antiguo juez fue expulsado de la judicatura después de ser condenado por un delito de violencia de género. Esta circunstancia forma parte del contexto que rodea su intervención y plantea interrogantes sobre la confianza depositada en él para desarrollar actuaciones de esta naturaleza.
En el contenido de las conversaciones atribuidas al exmagistrado aparece la expresión «es un grano en el culo y hay que eliminarla», en referencia a Biedma. También se habría aludido a la conveniencia de darle «un merecido». La interpretación concreta de estas frases deberá establecerse dentro de la investigación, aunque su literalidad ha provocado una fuerte alarma por el hecho de que se dirijan contra una jueza en activo.
Una operación al margen de los cauces oficiales
El caso apunta a una posible estrategia de presión y desgaste contra la instructora. En lugar de recurrir a los mecanismos previstos para impugnar sus decisiones —como los recursos judiciales o las recusaciones—, los implicados habrían explorado vías clandestinas para reunir información personal y comprometedora.
El recurso a delincuentes vinculados al narcotráfico eleva todavía más la preocupación. La eventual utilización de estos contactos para vigilar, intimidar o perjudicar a una magistrada podría tener consecuencias penales, además de afectar a la confianza en el funcionamiento independiente de la justicia.
Las conversaciones deberán ser examinadas para determinar si las expresiones fueron una amenaza literal, una fanfarronada o parte de un encargo concreto. También será necesario precisar quién promovió las gestiones, qué información se pretendía conseguir y si llegaron a ejecutarse acciones de seguimiento o acoso.
Repercusiones políticas y judiciales
La conexión del episodio con Leire Díez añade presión política al entorno del Partido Socialista. La conocida como fontanera habría mantenido contactos destinados a recopilar información sobre personas relacionadas con investigaciones judiciales y policiales, aunque el alcance exacto de sus actuaciones deberá quedar acreditado.
La posible campaña contra Biedma coincide con una etapa especialmente sensible para la causa que afecta a David Sánchez. Cualquier intento de influir sobre la instructora, condicionar sus decisiones o divulgar datos personales podría constituir una amenaza directa a la independencia judicial.
- La magistrada Beatriz Biedma instruye el procedimiento relacionado con David Sánchez.
- Luis José Sáenz de Tejada habría actuado como intermediario en las gestiones para obtener información sobre ella.
- En las conversaciones aparecen referencias a clanes vinculados al narcotráfico en Badajoz.
- La investigación deberá determinar si existió un encargo concreto y si se llevaron a cabo actuaciones contra la jueza.
La causa afronta ahora una fase decisiva para verificar la autenticidad, el contexto y el alcance de las conversaciones. De confirmarse que se intentó intimidar o desacreditar a la magistrada mediante contactos criminales, el episodio abriría una investigación independiente con posibles responsabilidades para todos los participantes.
