Fenin reclama indexar los precios de la tecnología sanitaria en los contratos públicos
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) reclama una actualización de los contratos públicos para que reflejen la evolución real de los costes. La patronal considera que la indexación de precios debe convertirse en una herramienta habitual en la compra de productos, equipos y servicios sanitarios.
El objetivo es evitar que los contratos adjudicados con precios cerrados pierdan viabilidad cuando aumentan los gastos de fabricación, transporte, energía, componentes o personal. Para Fenin, mantener las condiciones actuales genera una presión creciente sobre los proveedores y puede terminar afectando a la continuidad del suministro.
Una contratación pública alejada de los costes reales
La tecnología sanitaria abarca desde material fungible y dispositivos médicos hasta equipamiento de diagnóstico, sistemas de monitorización, soluciones digitales y servicios de mantenimiento. Muchos de estos productos dependen de cadenas de suministro internacionales y de componentes cuyo precio puede variar durante la vigencia de un contrato.
Sin mecanismos de revisión, las empresas deben asumir íntegramente las subidas de costes una vez formalizada la adjudicación. Esta situación resulta especialmente compleja en contratos de varios años, en los que las condiciones económicas pueden cambiar de forma significativa entre la licitación y la entrega del producto.
La patronal defiende que cualquier escenario que permita actualizar los precios sería preferible al modelo actual. La petición no se limita a una revisión excepcional, sino que plantea incorporar fórmulas previsibles y transparentes desde el inicio de los procedimientos de compra.
La indexación como garantía de suministro
Para Fenin, revisar los precios no debe interpretarse únicamente como una medida de apoyo empresarial. También representa una garantía para el sistema sanitario, ya que contribuye a mantener una oferta suficiente y a reducir el riesgo de que determinados concursos queden desiertos o no resulten sostenibles.
Cuando un contrato deja de cubrir los costes asociados a su ejecución, pueden aparecer retrasos, dificultades de suministro o una reducción de la competencia en futuras licitaciones. A medio plazo, esta dinámica puede limitar las opciones de hospitales y servicios de salud a la hora de acceder a tecnología sanitaria.
La indexación permitiría vincular la evolución del contrato a indicadores objetivos, como los costes energéticos, las materias primas, el transporte o determinados componentes industriales. El sistema debería establecer criterios claros, límites razonables y procedimientos ágiles para evitar incertidumbre tanto a la Administración como a los proveedores.
Nuevos criterios para comprar tecnología sanitaria
La reclamación se enmarca en un debate más amplio sobre la modernización de la compra pública. El precio continúa teniendo un peso determinante en muchas adjudicaciones, pero la experiencia reciente ha puesto de relieve la importancia de valorar otros factores relacionados con la seguridad, la calidad y la resiliencia.
- Continuidad del suministro: capacidad del proveedor para garantizar entregas estables durante toda la vida del contrato.
- Calidad y resultados: impacto del producto o servicio en la atención sanitaria y en la eficiencia del sistema.
- Innovación: posibilidad de incorporar mejoras tecnológicas sin tener que esperar a la finalización del contrato.
- Mantenimiento y soporte: disponibilidad de asistencia técnica, repuestos, actualizaciones y formación.
- Sostenibilidad: consumo energético, duración de los equipos, gestión de residuos y huella ambiental.
La inclusión de estos elementos ayudaría a superar una visión basada exclusivamente en el coste inicial. En tecnologías críticas, una opción aparentemente más barata puede resultar más cara si exige más mantenimiento, tiene una vida útil reducida o presenta problemas de interoperabilidad.
Autonomía estratégica para la Unión Europea
La discusión sobre los precios también está relacionada con la autonomía estratégica de la Unión Europea. La dependencia de proveedores externos para obtener materias primas, componentes electrónicos o determinados productos sanitarios ha evidenciado la vulnerabilidad de las cadenas de suministro.
Una contratación pública que valore la capacidad industrial, la diversificación de proveedores y la trazabilidad puede contribuir a reforzar la producción europea. No se trata de cerrar el mercado, sino de garantizar que el sistema sanitario pueda responder ante crisis internacionales, interrupciones logísticas o cambios bruscos en la demanda.
En este contexto, las empresas necesitan previsibilidad para invertir en capacidad productiva, investigación y desarrollo. Los contratos públicos de mayor duración, acompañados de revisiones económicas equilibradas, pueden facilitar esas inversiones y favorecer una industria sanitaria más resistente.
Previsibilidad para administraciones y empresas
La propuesta de Fenin apunta a la necesidad de que las reglas sean conocidas antes de presentar una oferta. Una fórmula de actualización definida en los pliegos permitiría a las compañías calcular mejor sus costes y a las Administraciones planificar el impacto presupuestario.
El reto consiste en encontrar un equilibrio entre la protección del presupuesto público y la viabilidad de los contratos. La revisión debería aplicarse con indicadores verificables, mecanismos de control y una distribución proporcionada de los riesgos entre las partes.
La patronal considera que abordar esta cuestión resulta esencial para que la contratación pública siga siendo una herramienta eficaz de modernización sanitaria. La indexación de precios, junto con nuevos criterios de calidad, innovación y seguridad de suministro, puede marcar la diferencia en el acceso a la tecnología que necesitan hospitales y pacientes.
