Francesca Bria pide blindar el enfoque social de la inteligencia artificial en España
España ha dado pasos relevantes para situar el impacto social de la inteligencia artificial en el centro del debate, pero ese liderazgo no está garantizado. Francesca Bria, una de las voces del grupo internacional de expertos que ha asesorado al Gobierno durante los dos últimos años, reclama mantener una visión democrática y orientada al interés general ante la rápida expansión de esta tecnología.
El grupo ha cerrado su etapa de trabajo con un manifiesto que plantea la necesidad de reforzar el control democrático sobre la inteligencia artificial. El documento advierte de que las decisiones sobre el desarrollo y el uso de estos sistemas no pueden quedar únicamente en manos de empresas tecnológicas, inversores o administraciones sin suficiente supervisión pública.
Un liderazgo que necesita continuidad
Bria considera que España ha destacado por promover una aproximación social a la IA, con atención a sus efectos sobre los derechos, el empleo y los servicios públicos. Sin embargo, sostiene que esta orientación puede perder fuerza si no se convierte en una política estable, con recursos, instituciones y mecanismos de participación ciudadana.
La advertencia llega en un momento en el que la inteligencia artificial está pasando de la fase experimental a integrarse en ámbitos cada vez más sensibles. Desde la educación y la sanidad hasta la justicia, la administración pública o el mercado laboral, los sistemas automatizados empiezan a influir en decisiones que afectan directamente a la vida cotidiana.
El reto no consiste solo en regular la tecnología, sino en decidir qué usos son aceptables, quién responde cuando algo falla y cómo se garantiza que sus beneficios se repartan de forma equilibrada.
Más control democrático sobre la IA
El manifiesto elaborado por el grupo pone el foco en la gobernanza de la inteligencia artificial. Sus integrantes defienden que la ciudadanía debe tener capacidad para conocer, cuestionar y, cuando sea necesario, impugnar las decisiones tomadas con ayuda de algoritmos.
Esto exige más transparencia sobre los datos utilizados para entrenar los modelos, los criterios que aplican y los posibles sesgos que pueden reproducir. También reclama responsabilidades claras para las organizaciones que desarrollan o despliegan estas herramientas.
La supervisión humana aparece así como una condición esencial, especialmente cuando un sistema puede determinar el acceso a una prestación, valorar una candidatura laboral, establecer un diagnóstico o condicionar la relación de una persona con la Administración.
La participación pública, una pieza clave
El grupo internacional defiende que el debate sobre la IA no debe limitarse a especialistas, empresas y responsables políticos. Las decisiones sobre esta tecnología afectan al conjunto de la sociedad y, por tanto, deben incorporar la participación de trabajadores, organizaciones sociales, investigadores y colectivos potencialmente perjudicados.
La participación no se plantea como un trámite, sino como una herramienta para detectar riesgos que pueden pasar desapercibidos en los procesos técnicos. También puede ayudar a establecer prioridades sobre la inversión pública y a decidir en qué ámbitos la automatización aporta valor y en cuáles puede generar daños difíciles de revertir.
El papel de las instituciones públicas
La posición defendida por Bria atribuye a las instituciones un papel que va más allá de aprobar normas. Los poderes públicos deben contar con capacidades propias para evaluar sistemas de inteligencia artificial, supervisar su funcionamiento y negociar en condiciones de igualdad con las grandes compañías tecnológicas.
Sin conocimiento técnico suficiente, advierte el enfoque del manifiesto, la regulación puede quedarse en declaraciones generales o depender demasiado de la información proporcionada por los propios proveedores. Por eso resulta necesario fortalecer la investigación pública, la formación especializada y los equipos encargados de auditar estas tecnologías.
También será determinante coordinar las políticas nacionales con el marco europeo. La inteligencia artificial opera a escala global, pero sus efectos se concretan en territorios y comunidades concretas. La protección de los derechos, la privacidad y la igualdad requiere reglas comunes, aunque también herramientas adaptadas a cada realidad social.
Una oportunidad con riesgos evidentes
La inteligencia artificial puede mejorar servicios, apoyar la investigación y aumentar la productividad, pero sus ventajas no están aseguradas por el simple hecho de incorporar modelos más avanzados. La concentración de datos, capacidad de cálculo y poder económico en un número reducido de empresas plantea riesgos para la competencia y la autonomía de los gobiernos.
A ello se suman problemas como la discriminación algorítmica, la desinformación, la vigilancia excesiva o la transformación de determinados empleos. El manifiesto reclama abordar estas cuestiones de forma anticipada, antes de que las decisiones tecnológicas se conviertan en hechos consumados.
Para Bria, el siguiente paso consiste en consolidar lo avanzado y evitar que el enfoque social dependa de una coyuntura política concreta. España puede mantener una posición de referencia en inteligencia artificial responsable, pero solo si convierte ese compromiso en una estrategia duradera, evaluable y abierta a la sociedad.
El cierre de los dos años de trabajo del grupo no pone fin al debate. Al contrario, deja sobre la mesa una cuestión central para los próximos años: quién debe tener la última palabra sobre unas tecnologías capaces de modificar la economía, los servicios públicos y la forma en que se toman decisiones que afectan a millones de personas.
