El Gobierno eleva de 1 a 10 MW el umbral para los centros de datos y suaviza su nueva regulación
El Gobierno español ha revisado a la baja algunas de las exigencias previstas para los nuevos centros de datos con el objetivo de mantener el atractivo del país para las inversiones en inteligencia artificial. La modificación más relevante afecta al umbral de potencia: las obligaciones específicas se aplicarán ahora a las instalaciones de más de 10 megavatios (MW), frente al límite de 1 MW contemplado inicialmente.
El cambio busca evitar que los proyectos tecnológicos trasladen sus inversiones a otros países europeos con requisitos menos exigentes. España cuenta con una posición especialmente favorable para alojar infraestructuras de IA gracias a la disponibilidad de suelo, el crecimiento de las energías renovables y el desarrollo de nuevas conexiones eléctricas.
Un equilibrio entre inversión y protección ambiental
Los centros de datos son instalaciones que alojan servidores y equipos de almacenamiento capaces de procesar grandes cantidades de información. La expansión de la inteligencia artificial está impulsando la construcción de complejos cada vez más grandes, necesarios para entrenar y ejecutar modelos capaces de generar texto, imágenes, código o análisis de datos.
Sin embargo, estas infraestructuras requieren un consumo elevado de electricidad y, en muchos casos, de agua. La electricidad alimenta los servidores y los sistemas de refrigeración, mientras que el agua puede utilizarse para disipar el calor producido por los equipos.
El borrador revisado mantiene buena parte de los objetivos medioambientales planteados durante el verano, pero concede más margen a los operadores. La intención es reducir el impacto energético de los centros de datos sin frenar la llegada de inversiones relacionadas con la IA y otros servicios digitales.
El 80% de la electricidad deberá proceder de renovables
La propuesta conserva la obligación de que, como mínimo, el 80% del suministro eléctrico utilizado por cada instalación durante cada hora de funcionamiento proceda de fuentes renovables. En este grupo se incluyen tecnologías como la solar, la eólica, la hidráulica o determinadas formas de biomasa.
La principal novedad es la creación de un periodo transitorio de hasta cinco años para los proyectos que no puedan cumplir inmediatamente este requisito. Este plazo pretende facilitar la puesta en marcha de instalaciones cuya conexión a nuevos parques renovables o a contratos de suministro limpio todavía no esté disponible.
El criterio por horas plantea una exigencia mayor que calcular simplemente el porcentaje renovable de todo el año. Un centro de datos no podrá compensar sin más el consumo de una hora sin producción solar o eólica con un exceso de energía renovable registrado en otro momento.
Más control sobre los datos y los operadores
El borrador también establece condiciones relacionadas con la soberanía digital y la seguridad. Los operadores de los centros de datos deberán estar establecidos en la Unión Europea y los datos, así como sus metadatos, tendrán que permanecer dentro del territorio comunitario.
Los metadatos son la información que describe otros datos. Pueden incluir, por ejemplo, cuándo se creó un archivo, desde qué dispositivo se accedió, quién lo modificó o dónde se encuentra almacenado. Aunque no siempre contienen el contenido principal, pueden revelar información sensible sobre una organización o sus usuarios.
Las instalaciones tendrán que habilitar mecanismos para controlar los accesos procedentes de terceros países. El objetivo es limitar el riesgo de que empresas, autoridades o usuarios situados fuera de la Unión Europea puedan acceder sin autorización a información almacenada en España o en otros Estados miembros.
Los controles serán todavía más estrictos cuando los centros gestionen datos de organismos públicos o información relacionada con la seguridad nacional. En estos casos, los operadores deberán aplicar medidas adicionales para proteger el acceso, la disponibilidad y la integridad de los sistemas.
Qué proyectos estarán afectados
Las nuevas reglas se aplicarían a los centros de datos con una potencia superior a 10 MW que todavía no estén conectados a la red eléctrica. El megavatio es una unidad que mide la potencia instantánea: un MW equivale a un millón de vatios. En este contexto, sirve para determinar la capacidad energética máxima de una instalación y la presión que puede ejercer sobre la red.
El aumento del umbral deja fuera de las obligaciones más exigentes a determinados proyectos medianos que, con el límite de 1 MW, habrían quedado sometidos a la regulación. Para los grandes complejos destinados a entrenar modelos de IA, la modificación tendrá un impacto menor, ya que suelen necesitar decenas o incluso cientos de megavatios.
Los proyectos que ya hayan sido aprobados y se encuentren tramitando sus permisos de operación dispondrán de seis meses para adaptarse a la normativa, si finalmente se aprueba en estos términos.
Sanciones que pueden llegar a la desconexión
El incumplimiento de las obligaciones podría dar lugar a sanciones económicas y, en los casos más graves, a la desconexión del centro de datos de la red eléctrica. Esta medida supondría detener total o parcialmente la actividad de la instalación y se reservaría para situaciones de incumplimiento relevante.
La revisión refleja la dificultad de regular una industria estratégica que necesita mucha energía y recursos. España quiere aprovechar su potencial como destino para la infraestructura de inteligencia artificial, pero también debe evitar que su crecimiento incremente la presión sobre el sistema eléctrico, el agua y el entorno.
El nuevo texto trata de encontrar un punto intermedio: mantiene objetivos ambiciosos en materia de renovables, seguridad y control de los datos, pero eleva el límite a partir del cual se aplicarán las exigencias más estrictas. La aprobación definitiva determinará hasta qué punto esta fórmula consigue atraer inversiones sin rebajar las garantías ambientales y digitales.
