Carissa Véliz alerta del poder de la vigilancia digital: la sociedad no puede ser tratada como un laboratorio
La filósofa Carissa Véliz, investigadora de la Universidad de Oxford, sitúa la privacidad en el centro del debate tecnológico. Su tesis es clara: la recopilación masiva de datos no es un asunto individual ni una simple cuestión de comodidad, sino un problema colectivo que puede alterar el equilibrio de poder entre ciudadanos, empresas y gobiernos.
La expansión de la inteligencia artificial, las plataformas digitales, los dispositivos conectados y los servicios personalizados ha normalizado que compañías y administraciones conozcan cada vez más detalles sobre la vida de las personas. Desde la ubicación y los hábitos de navegación hasta la salud, las relaciones sociales o la situación económica, la información personal se ha convertido en un recurso estratégico.
Véliz cuestiona que los ciudadanos estén siendo utilizados como conejillos de Indias en un entorno tecnológico que avanza más deprisa que las normas destinadas a protegerlos. El problema, sostiene, no se limita a qué datos se recogen, sino también a las decisiones que pueden tomarse después con ellos y a quién tiene capacidad para hacerlo.
La privacidad no es solo una cuestión personal
Uno de los argumentos centrales de la filósofa es que la privacidad suele presentarse como una preferencia individual. Sin embargo, sus efectos alcanzan a toda la sociedad. Cuando una persona acepta ceder información, esa decisión puede contribuir a crear sistemas capaces de clasificar, predecir o influir sobre millones de ciudadanos.
Los datos agregados permiten identificar patrones colectivos, anticipar comportamientos y establecer perfiles. También pueden utilizarse para determinar quién recibe una oferta, un crédito, una oportunidad laboral o un tratamiento diferencial por parte de una plataforma. Por eso, la protección de la privacidad no depende únicamente de leer una política de uso o marcar una casilla de consentimiento.
En muchos casos, el usuario no dispone de información suficiente para comprender el alcance real de esa autorización. Las condiciones son extensas, cambiantes y difíciles de interpretar, mientras que el acceso a determinados servicios puede quedar condicionado a la entrega de datos. La elección, en esas circunstancias, está lejos de ser plenamente libre.
El valor de los datos y la asimetría de poder
La economía digital ha construido buena parte de su modelo de negocio alrededor de la extracción y el análisis de información personal. Las empresas pueden emplear esos datos para mejorar productos, segmentar publicidad, entrenar sistemas automatizados o predecir comportamientos. El ciudadano, en cambio, rara vez sabe con precisión qué se ha almacenado sobre él, durante cuánto tiempo o con quién se ha compartido.
Esta desigualdad genera una asimetría de poder. Quien controla grandes volúmenes de información puede observar, anticipar y condicionar decisiones, mientras que la persona observada tiene dificultades para detectar el proceso o impugnar sus consecuencias.
La cuestión resulta especialmente sensible cuando los sistemas automatizados se utilizan en ámbitos como la contratación, los seguros, la educación, la seguridad o el acceso a ayudas públicas. Un algoritmo puede reproducir sesgos, utilizar variables inadecuadas o tomar decisiones opacas que afecten a la vida de una persona sin ofrecer una explicación comprensible.
Recopilar información no significa poder utilizarla sin límites
La defensa de la privacidad también obliga a diferenciar entre la recogida de datos y su utilización posterior. Una aplicación puede solicitar información para prestar un servicio concreto, pero esa misma información podría acabar empleándose con fines comerciales, políticos o de vigilancia.
El riesgo aumenta cuando los datos se combinan con otras bases de información. Elementos aparentemente inocuos pueden revelar aspectos íntimos al cruzarse entre sí. La hora de conexión, los desplazamientos, las compras o las búsquedas pueden dibujar un perfil detallado sin que el usuario haya proporcionado de forma explícita todos esos datos.
Para Véliz, la protección efectiva no puede descansar únicamente en la responsabilidad de cada individuo. Hace falta limitar qué información puede recopilarse, durante cuánto tiempo debe conservarse y para qué finalidades puede utilizarse. También es necesario exigir explicaciones y responsabilidades cuando una tecnología causa daños.
Una discusión política y democrática
El debate sobre la vigilancia digital no afecta solo a la intimidad. También está relacionado con la libertad de expresión, la autonomía personal y la calidad de la democracia. Una sociedad que se siente permanentemente observada puede modificar su conducta, evitar determinadas búsquedas o dejar de participar en conversaciones legítimas.
La concentración de datos en manos de unas pocas empresas y organismos públicos plantea, además, preguntas sobre los límites del poder. La tecnología puede facilitar servicios más eficientes, pero también ampliar la capacidad de vigilancia y control si no existen contrapesos sólidos.
La filósofa defiende, por tanto, una visión de la privacidad como infraestructura de protección colectiva. No se trata de rechazar la innovación, sino de impedir que el progreso tecnológico se construya sobre la indefensión de quienes utilizan sus servicios.
Claves de una protección más eficaz
- Reducir la recopilación de datos a la información estrictamente necesaria.
- Explicar de forma clara cómo se almacenan, combinan y utilizan los datos personales.
- Garantizar el derecho a conocer y cuestionar las decisiones automatizadas.
- Imponer límites reales a la conservación y comercialización de información sensible.
- Reforzar la supervisión independiente sobre empresas tecnológicas y administraciones.
La pregunta ya no es solo qué información estamos dispuestos a entregar, sino qué tipo de sociedad se construye cuando esa información queda bajo el control de terceros. Para Carissa Véliz, responderla exige abandonar la idea de que la privacidad es un lujo individual y reconocerla como una condición necesaria para preservar la libertad.
