Feijóo plantea prohibir los indultos por corrupción y terrorismo y derogar la ley de amnistía
El programa del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijóo propone una reforma profunda de las reglas sobre el derecho de gracia y la responsabilidad de los cargos públicos. La medida central consiste en modificar la Ley del Indulto para impedir que esta figura se utilice como herramienta de negociación política para formar o mantener un Gobierno.
La iniciativa contempla además prohibir los indultos a personas condenadas por corrupción, terrorismo, delitos contra la integridad territorial y el orden constitucional, así como por delitos graves cometidos contra menores. Se trata de una de las principales propuestas del PP en materia de regeneración institucional y refuerzo del Estado de derecho.
Una reforma de la Ley del Indulto con nuevos límites
La propuesta popular pretende acotar el margen del Gobierno en la concesión de indultos. El objetivo declarado es evitar que el perdón de una pena se convierta en una moneda de cambio vinculada a acuerdos parlamentarios, investiduras o apoyos de legislaturas.
Con la reforma, el Ejecutivo no podría conceder esta medida de gracia a condenados por delitos considerados especialmente graves. La lista incluiría la corrupción, el terrorismo, los delitos contra la integridad territorial y el orden constitucional, además de determinados delitos graves contra menores.
El indulto permite dejar sin efecto total o parcialmente una pena impuesta por los tribunales, aunque no elimina la existencia de la condena. Su aplicación corresponde al Gobierno, mediante real decreto, y ha sido objeto de debate político durante los últimos años por la percepción de que puede utilizarse con criterios partidistas.
Derogación de la ley de amnistía
El programa del PP también recoge la derogación de la ley de amnistía. La formación sostiene que esta norma vulnera los principios de igualdad ante la ley y separación de poderes, y considera que su aprobación respondió a la necesidad de conseguir apoyos parlamentarios para la investidura.
La derogación tendría como finalidad dejar sin efecto el marco legal que extingue determinadas responsabilidades penales, administrativas y contables vinculadas al proceso independentista catalán. Su aplicación, sin embargo, ha abierto un complejo recorrido jurídico, con recursos y cuestiones planteadas ante distintas instancias judiciales.
El PP defiende que las decisiones sobre delitos y responsabilidades deben quedar en manos de los tribunales y no depender de acuerdos políticos. La formación plantea así revisar las consecuencias de la norma dentro de su estrategia para reforzar la independencia judicial y limitar el uso de medidas excepcionales.
Menos aforamientos para los cargos públicos
Otra de las líneas del programa es la reducción de los aforamientos. Esta figura atribuye a determinados tribunales la competencia para investigar y juzgar a diputados, senadores y otros cargos públicos por su condición institucional.
La propuesta popular busca limitar este privilegio procesal a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo. De este modo, los representantes públicos responderían ante los órganos judiciales ordinarios cuando se les atribuyan hechos ajenos a sus funciones.
El debate sobre los aforamientos se mantiene abierto desde hace años. Sus defensores consideran que protegen la actividad parlamentaria frente a denuncias estratégicas o presiones externas. Sus detractores creen que generan una diferencia injustificada entre los cargos públicos y el resto de ciudadanos.
Una agenda de regeneración institucional
Las medidas forman parte de una agenda más amplia de regeneración democrática que el PP vincula a la recuperación de la confianza en las instituciones. El partido plantea reforzar los controles sobre el poder ejecutivo, elevar las exigencias de responsabilidad política y evitar que las mayorías parlamentarias condicionen decisiones reservadas a los tribunales.
- Reforma de la Ley del Indulto: se impediría utilizar el derecho de gracia para negociar una investidura o garantizar la continuidad de un Gobierno.
- Prohibición de determinados indultos: quedarían excluidos los condenados por corrupción, terrorismo, delitos contra el orden constitucional y la integridad territorial, además de delitos graves contra menores.
- Derogación de la ley de amnistía: el PP pretende revertir sus efectos y cuestiona su encaje constitucional y político.
- Reducción de los aforamientos: se limitarían a conductas relacionadas directamente con el ejercicio de las funciones públicas.
Propuestas pendientes de respaldo parlamentario
En cualquier caso, se trata de compromisos incluidos en un programa político y su aplicación exigiría la aprobación de las correspondientes reformas legislativas. La modificación de la Ley del Indulto requeriría una mayoría parlamentaria suficiente, mientras que la derogación de la amnistía podría afrontar un recorrido judicial e institucional especialmente complejo.
El alcance final de estas medidas dependería también de su encaje constitucional y de la redacción concreta de las iniciativas que llegaran al Congreso. El PP presenta el paquete como una forma de impedir el intercambio de decisiones jurídicas por apoyos políticos y de reforzar la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
