Zaragoza protesta contra la expansión de los centros de datos por su impacto en el agua, la energía y el territorio
Miles de personas salieron ayer a las calles de Zaragoza para reclamar una revisión de los proyectos de centros de datos previstos en Aragón. La movilización, celebrada con motivo del Día Europeo contra los Centros de Datos, reunió a unas 5.000 personas según los organizadores y a alrededor de 2.000 según la Policía Nacional.
La protesta refleja una creciente preocupación por el coste local de las infraestructuras que sostienen la inteligencia artificial, los servicios en la nube y buena parte de la actividad digital. Aunque estos sistemas parecen funcionar en un entorno intangible, necesitan grandes instalaciones físicas, conectadas a redes eléctricas y de telecomunicaciones, y con un consumo relevante de agua, suelo y energía.
Una protesta contra el modelo de expansión
La plataforma No es sequía, es saqueo y otros colectivos ciudadanos exigieron paralizar los proyectos que se encuentran en construcción o en fase de tramitación hasta evaluar de forma independiente sus consecuencias. Entre las consignas se escucharon reclamaciones de más vivienda asequible y advertencias sobre la presión que los centros pueden ejercer sobre los recursos hídricos.
Los manifestantes cuestionan también el balance económico de estas instalaciones. Cristina García, ingeniera industrial y miembro del colectivo, sostiene que los centros de datos generan menos empleo permanente del anunciado, aportan una recaudación limitada y concentran el uso de recursos estratégicos en manos de grandes compañías tecnológicas.
La discusión se extiende a los llamados Proyectos de Interés General de Aragón, una figura administrativa que puede acelerar la tramitación de grandes iniciativas. Sus críticos denuncian que este marco facilita expropiaciones, reduce plazos y ofrece ventajas fiscales, mientras que las administraciones no publican siempre con suficiente detalle los consumos previstos, las ayudas concedidas o el retorno económico para los municipios.
Aragón, polo de atracción para los centros de datos
Aragón se ha convertido en uno de los principales destinos españoles para estas infraestructuras. El antiguo alcalde de Zaragoza Pedro Santisteve cifra en 34 los centros proyectados o previstos en la comunidad, una expansión impulsada especialmente por las inversiones de grandes empresas tecnológicas y proveedores de servicios en la nube.
Los centros de datos son edificios repletos de servidores que almacenan información y ejecutan procesos informáticos. En el caso de la inteligencia artificial, esos equipos se utilizan para entrenar modelos, analizar grandes volúmenes de datos y responder a las peticiones de los usuarios. El entrenamiento y la operación de estos sistemas requieren procesadores de alto rendimiento que generan mucho calor, por lo que necesitan sistemas de refrigeración continuos.
Ese funcionamiento explica parte de la presión sobre los recursos. La refrigeración puede demandar agua, mientras que los servidores consumen electricidad las 24 horas del día. Además, la conexión de nuevas instalaciones obliga a reforzar subestaciones, líneas y otras infraestructuras eléctricas, inversiones cuyo coste podría repercutirse parcialmente en el conjunto de los consumidores.
La demanda eléctrica podría dispararse
La Agencia Internacional de la Energía calcula que la demanda mundial de electricidad de los centros de datos podría duplicarse hasta alcanzar los 945 teravatios hora en 2030. Esta cifra superaría el consumo eléctrico actual de Japón y muestra el efecto combinado de la inteligencia artificial, el almacenamiento en la nube y otros servicios digitales.
En Aragón, las previsiones son especialmente relevantes. Si se materializan todos los proyectos anunciados, el consumo eléctrico anual de la comunidad podría pasar de unos 10.000 a más de 55.000 gigavatios hora, según estimaciones difundidas durante el debate. Solo las ampliaciones vinculadas a Amazon Web Services tendrían un consumo superior al de toda la comunidad, de acuerdo con esas proyecciones.
El impacto hídrico es más difícil de medir. Parte del agua se utiliza directamente para refrigerar los equipos y otra parte está asociada a la generación de la electricidad que los alimenta. La falta de datos homogéneos y públicos sobre estos consumos alimenta las dudas de las plataformas ciudadanas, especialmente en una región expuesta a periodos de sequía.
Empleo e impuestos, en el centro de la polémica
Otro de los argumentos de las empresas promotoras es la creación de empleo. Sin embargo, las organizaciones críticas distinguen entre los puestos temporales de la fase de construcción y los necesarios para operar una instalación ya terminada. Según sus cálculos, frente a anuncios de más de un millar de empleos, la actividad ordinaria de los centros instalados apenas sumaría unos 200 puestos directos.
También ha generado controversia la tributación local. En El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego se debatió recientemente si el impuesto sobre actividades económicas de Amazon Web Services se abonaría en Aragón o en Madrid. La compañía terminó asegurando que la tributación correspondiente permanecería en la comunidad.
Los expertos contrarios a una expansión sin controles no reclaman necesariamente prohibir el sector. Pedro Arrojo, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y antiguo relator de Naciones Unidas para el agua, defiende conocer con precisión el consumo de cada instalación, establecer prioridades en situaciones de escasez y garantizar que los beneficios compensen los costes territoriales.
Un nuevo marco regulatorio, todavía en revisión
La movilización llega a pocas semanas de las elecciones generales y mientras el Gobierno prepara un real decreto específico para los centros de datos. El borrador conocido plantea exigir energía renovable de nueva implantación y niveles elevados de eficiencia energética e hídrica.
El texto se ha suavizado durante su tramitación tras las presiones de la industria. Entre los cambios figura elevar de uno a diez megavatios el umbral de aplicación de algunas obligaciones y permitir hasta cinco años de transición para las instalaciones que no puedan alcanzar de inmediato un 80 % de suministro renovable.
El debate queda así abierto entre la oportunidad de atraer inversiones tecnológicas y la necesidad de proteger recursos limitados. Para los colectivos movilizados, la prioridad es que el crecimiento de la inteligencia artificial no se traduzca en una factura local de agua, energía y suelo sin información pública suficiente sobre quién asumirá los costes.
