La industria TIC argentina pide revisar los requisitos de ciberseguridad para las empresas de telecomunicaciones
Las principales entidades del sector tecnológico y de las telecomunicaciones en Argentina han solicitado al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y al resto de autoridades competentes que abran un proceso de diálogo y consulta pública sobre la Disposición 7/2026.
El motivo de la petición es la posible implantación de un esquema privado de certificación de ciberseguridad como requisito para los operadores. La industria considera necesario evaluar con detalle el alcance de la medida, sus efectos sobre el mercado y las obligaciones que podría trasladar a las compañías.
Preocupación por el modelo de certificación
Las organizaciones empresariales no cuestionan la necesidad de reforzar la protección de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, advierten de que exigir una certificación gestionada por entidades privadas puede generar dudas sobre la transparencia, los criterios de evaluación y las condiciones de acceso al sistema.
En su opinión, antes de aplicar un requisito de este tipo debería existir una discusión abierta con todos los actores implicados. El proceso debería permitir analizar tanto las necesidades de seguridad nacional y protección de los usuarios como el impacto económico y operativo para los operadores de distintos tamaños.
La petición llega en un momento en el que las amenazas digitales afectan a infraestructuras críticas, redes de comunicaciones, centros de datos y servicios esenciales. El aumento de los ataques de ransomware, las campañas de robo de credenciales y las intrusiones en sistemas corporativos han convertido la ciberseguridad en una prioridad para empresas y administraciones.
El sector reclama reglas claras y proporcionales
Uno de los puntos centrales del planteamiento empresarial es la necesidad de que los requisitos sean claros, verificables y proporcionales al riesgo. No todas las compañías disponen de los mismos recursos técnicos, financieros o humanos, por lo que un modelo uniforme podría afectar especialmente a los operadores pequeños y regionales.
La industria también considera relevante definir con precisión qué servicios quedarían sometidos a la obligación, qué estándares técnicos se aplicarían y durante cuánto tiempo tendría validez la certificación. A ello se suman cuestiones como los plazos de adaptación, los procedimientos de renovación y las vías de recurso ante una eventual denegación.
La falta de precisión en estos aspectos, según el sector, podría traducirse en mayores costes de cumplimiento y en retrasos para el despliegue o la actualización de redes. También podría dificultar la entrada de nuevos competidores si la certificación se convierte en una barrera administrativa o económica.
Una consulta pública para evaluar el impacto
Las entidades TIC han pedido que la Disposición 7/2026 sea sometida a una instancia formal de consulta pública. La finalidad sería recibir aportaciones de operadores, proveedores tecnológicos, expertos en seguridad, organismos académicos y asociaciones de consumidores.
Este mecanismo permitiría revisar el texto con información práctica sobre la realidad del mercado argentino. Además, facilitaría la identificación de posibles solapamientos con otros marcos regulatorios, normas internacionales o sistemas de gestión de seguridad ya implantados por las empresas.
La industria plantea que cualquier certificación exigida por la Administración debería apoyarse en criterios objetivos y auditables. También reclama garantías para evitar conflictos de interés y asegurar que los organismos certificadores actúen con independencia, competencia técnica y precios razonables.
Equilibrio entre seguridad, competencia e innovación
El debate no se limita al procedimiento administrativo. La decisión puede tener consecuencias sobre la estructura del mercado de telecomunicaciones y sobre la capacidad de las empresas para invertir en innovación.
Un marco de ciberseguridad bien diseñado puede mejorar la confianza de los usuarios, elevar el nivel de protección de las redes y reducir la exposición a incidentes. Pero, si las obligaciones no se ajustan al tamaño, la actividad y el nivel de riesgo de cada operador, también pueden aumentar la carga regulatoria sin aportar una mejora equivalente.
Por ello, las asociaciones del sector defienden un enfoque basado en el riesgo, con exigencias graduadas y periodos de transición suficientes. Entre las alternativas que podrían estudiarse figuran el reconocimiento de certificaciones internacionales, la aceptación de auditorías independientes y la aplicación de controles equivalentes cuando una empresa ya cumpla estándares reconocidos.
Próximos pasos para la regulación de la ciberseguridad
La solicitud al ENACOM y a las autoridades argentinas abre la puerta a una revisión del modelo antes de que la certificación privada se convierta en una condición general para operar. El sector espera que el proceso incluya reuniones técnicas, publicación de la documentación y un calendario que permita presentar observaciones.
La resolución del debate será relevante para el futuro de la ciberseguridad en las telecomunicaciones argentinas. El reto consistirá en elevar la protección frente a las amenazas digitales sin crear requisitos desproporcionados ni limitar la competencia.
Mientras las administraciones estudian la petición, las empresas deberán seguir reforzando sus controles internos, la gestión de vulnerabilidades y los protocolos de respuesta ante incidentes. La discusión regulatoria, en cualquier caso, apunta a una cuestión de fondo: cómo construir un entorno digital más seguro mediante normas eficaces, transparentes y aplicables a toda la industria.
