Canarias prevé reducir un 76% el tiempo de tramitación de la dependencia
El Gobierno de Canarias prevé que el plazo medio para obtener el reconocimiento de la dependencia se sitúe en 152 días durante noviembre. La cifra supondría una reducción del 76% respecto al tiempo que se registraba al inicio del proceso de reorganización administrativa.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias asegura que mantiene la aceleración de los expedientes para reducir la espera de las personas que necesitan acceder a servicios y prestaciones. El objetivo es que la mejora de los tiempos se traduzca en una atención más rápida y previsible para las familias.
Una reducción pendiente de consolidar
El plazo anunciado corresponde a una previsión media, por lo que su cumplimiento deberá comprobarse con los datos definitivos de los próximos meses. La evolución será especialmente relevante en los casos con mayor complejidad administrativa, en los que la valoración, la resolución y la asignación de recursos pueden prolongarse.
La reducción del tiempo de espera constituye uno de los principales indicadores para medir la eficacia del sistema de dependencia. No obstante, el dato debe analizarse junto a otros factores, como el número de expedientes pendientes, las solicitudes resueltas y el tiempo que transcurre entre el reconocimiento del derecho y el acceso efectivo a la prestación.
En este sentido, la transparencia será determinante. Conocer la cifra global de personas en lista de espera y la distribución de los plazos por islas permitiría comprobar si la mejora alcanza de forma equilibrada a todo el territorio canario.
La teleasistencia avanzada multiplica sus usuarios
La evolución también se refleja en el servicio de teleasistencia avanzada. Actualmente, 18.732 personas cuentan con este recurso en Canarias, frente a las poco más de 2.000 registradas en 2023.
El crecimiento supone que el número de usuarios se ha multiplicado aproximadamente por nueve en ese periodo. La teleasistencia avanzada permite reforzar el seguimiento de personas en situación de dependencia o con necesidades de apoyo, especialmente cuando viven solas o requieren una respuesta rápida ante posibles incidencias.
Este servicio puede incluir atención continuada, comunicación con los equipos de apoyo y mecanismos de detección ante emergencias. Su extensión pretende favorecer que las personas permanezcan en su entorno habitual durante más tiempo, siempre que sus circunstancias personales y familiares lo permitan.
Más control sobre los plazos y los recursos
La aceleración de los expedientes debe ir acompañada de suficientes medios técnicos y profesionales. Agilizar la resolución no solo exige tramitar más solicitudes, sino también garantizar que las valoraciones se realizan con criterios homogéneos y que las ayudas reconocidas llegan sin demoras adicionales.
La administración tendrá que ofrecer información periódica sobre varios aspectos clave:
- El plazo medio real de resolución y su evolución mensual.
- El número de expedientes pendientes de valoración o resolución.
- Las diferencias existentes entre las distintas islas.
- El tiempo transcurrido hasta la prestación efectiva del servicio.
- La cobertura y el funcionamiento de la teleasistencia avanzada.
Estos datos permitirían distinguir entre una reducción formal de los tiempos de tramitación y una mejora efectiva en la atención. Para las personas dependientes y sus familias, la diferencia es fundamental: el reconocimiento administrativo solo tiene impacto real cuando se acompaña de una plaza, una prestación económica o un servicio disponible.
El reto de mantener la mejora
La Consejería afronta ahora el desafío de consolidar la tendencia anunciada. Una bajada puntual de los plazos no será suficiente si vuelve a crecer el volumen de expedientes pendientes o si las nuevas solicitudes generan un cuello de botella en las fases posteriores.
El avance en teleasistencia avanzada muestra que la red de apoyo puede ampliar su alcance en un periodo relativamente corto. Sin embargo, el aumento de usuarios también obliga a asegurar la calidad del servicio, la atención permanente y la capacidad de respuesta de los equipos encargados de intervenir ante una emergencia.
Canarias encara así una doble tarea: resolver antes los expedientes de dependencia y garantizar que los recursos llegan a quienes tienen reconocido el derecho. La previsión de alcanzar los 152 días en noviembre marca una mejora relevante, pero su valor definitivo dependerá de que los resultados se mantengan y puedan verificarse con datos públicos y comparables.
