El alcalde de Estepona afronta la apertura de juicio oral por una contratación municipal
La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. El procedimiento está relacionado con la contratación de una trabajadora municipal.
La decisión judicial da paso a la siguiente fase del proceso, aunque no implica una condena ni determina la responsabilidad penal del regidor. Será durante el juicio cuando las partes puedan exponer sus argumentos, practicar las pruebas admitidas y defender sus respectivas posiciones ante el órgano competente.
El procedimiento se centra en una contratación municipal
El caso analiza las circunstancias en las que se formalizó la contratación de una empleada del Ayuntamiento de Estepona. Según el contenido de las actuaciones, la investigación se refiere a una relación laboral cuya duración se extendió durante 46 —el dato aparece incompleto en la documentación difundida— y a las decisiones administrativas adoptadas en torno a ese nombramiento.
La calificación provisional de los hechos contempla un posible delito de prevaricación, vinculado a la adopción de una resolución que pudiera ser contraria a la legalidad, y otro de malversación, en concurso con el anterior. Corresponderá al tribunal determinar si los hechos llegaron a producirse y, en su caso, si existe responsabilidad penal.
La apertura de juicio oral se acuerda después de la fase de instrucción, en la que se recaban documentos, declaraciones y otros elementos de prueba. Con esta resolución, el procedimiento deja atrás la investigación inicial y queda pendiente de la celebración de la vista oral, cuya fecha deberá fijarse conforme a los trámites procesales.
García Urbano mantiene su confianza en la defensa
José María García Urbano ha trasladado su confianza en poder demostrar su inocencia durante el juicio. El alcalde sostiene su posición dentro del marco de su defensa y queda amparado por la presunción de inocencia, un principio que se mantiene hasta que exista una sentencia firme.
La apertura del juicio oral tampoco supone una valoración definitiva sobre los hechos investigados. En esta etapa, la acusación y la defensa deberán concretar sus escritos, proponer las pruebas que consideren pertinentes y presentar sus conclusiones ante el tribunal.
Qué implica la apertura de juicio oral
- El procedimiento pasa de la fase de investigación a la de enjuiciamiento.
- Las partes deberán formular sus posiciones y solicitar las pruebas correspondientes.
- La celebración del juicio permitirá escuchar a los acusados, testigos y peritos que sean citados.
- La decisión final dependerá de la valoración judicial de las pruebas practicadas.
Un proceso pendiente de fecha para la vista
La resolución del Tribunal de Instancia de Estepona no establece por sí misma el resultado del procedimiento. El juicio deberá celebrarse con todas las garantías y permitirá examinar la legalidad de la contratación cuestionada, la intervención de las personas implicadas y el eventual perjuicio para las arcas públicas que pudiera derivarse de los hechos.
Hasta que se dicte una sentencia firme, el alcalde conserva todos sus derechos procesales y su condición de no culpable. La causa queda ahora a la espera de los siguientes trámites judiciales, entre ellos la preparación de la vista y la determinación de las pruebas que serán admitidas.
El caso se incorpora así a la actualidad política y judicial de Estepona, aunque su desenlace dependerá exclusivamente de lo que se acredite durante el juicio. La resolución que adopte el tribunal podrá ser recurrida por las partes en los términos previstos por la legislación.
