Castilla y León calcula que necesita 1.000 nuevas torres para llevar el 5G a todo el medio rural
La Junta de Castilla y León considera necesario desplegar alrededor de 1.000 nuevas torres de telecomunicaciones para garantizar la cobertura 5G en el conjunto del medio rural. La actuación exigiría una inversión aproximada de 150 millones de euros, especialmente destinada a las zonas que todavía presentan mayores carencias de conectividad.
El cálculo pone de manifiesto la dimensión del reto tecnológico en una comunidad extensa, con una población muy dispersa y numerosos municipios de pequeño tamaño. Aunque las redes móviles han avanzado durante los últimos años, la cobertura no se distribuye de forma homogénea y persisten áreas donde la señal es insuficiente o directamente inexistente.
Un despliegue prioritario en las zonas con peor cobertura
La previsión de la Administración autonómica sitúa el refuerzo de las infraestructuras como una condición esencial para extender el 5G más allá de las principales ciudades y núcleos urbanos. Las nuevas torres permitirían mejorar la cobertura en localidades rurales, carreteras y espacios productivos que actualmente afrontan dificultades para acceder a servicios digitales básicos.
El objetivo no se limita a ofrecer una conexión más rápida en los teléfonos móviles. Una red 5G con mayor alcance y estabilidad puede facilitar el desarrollo de servicios vinculados a la agricultura y la ganadería, la atención sanitaria a distancia, la educación digital o la gestión inteligente de recursos públicos.
También tendría impacto en la actividad empresarial. Para muchas pequeñas compañías y autónomos del medio rural, disponer de una conexión fiable es determinante para utilizar herramientas en la nube, mantener canales de venta online, gestionar dispositivos conectados o comunicarse con clientes y proveedores.
Una inversión de 150 millones de euros
La inversión estimada asciende a unos 150 millones de euros. Esta cantidad tendría que cubrir la construcción y puesta en servicio de las torres, además de los equipos de radio, las conexiones con la red troncal y las actuaciones necesarias para garantizar el suministro eléctrico y el mantenimiento de las instalaciones.
El coste final puede variar en función de la orografía y de la distancia entre los municipios. Castilla y León cuenta con amplias zonas montañosas, áreas forestales y territorios con baja densidad de población, factores que complican la instalación de infraestructuras y elevan el coste por usuario conectado.
En algunos casos, además, será necesario mejorar las redes de transporte que enlazan las antenas con los centros de comunicaciones. Sin esa capacidad adicional, la instalación de nuevas torres no bastaría para ofrecer un servicio 5G con garantías.
El reto de cubrir un territorio extenso y poco poblado
La comunidad afronta una de las situaciones más complejas de España para desplegar redes de telecomunicaciones. La baja densidad demográfica hace que las inversiones sean más difíciles de rentabilizar para los operadores, mientras que la dispersión de los núcleos obliga a cubrir grandes distancias con un número reducido de usuarios potenciales.
Por este motivo, la colaboración entre las administraciones públicas y las compañías de telecomunicaciones resulta clave. La Junta defiende la necesidad de concentrar los recursos en las áreas donde la iniciativa privada no llega por sí sola, con el fin de evitar que la ubicación geográfica determine el acceso a las nuevas tecnologías.
La planificación también deberá tener en cuenta la compatibilidad con el entorno. La elección de los emplazamientos, la tramitación de permisos y la integración de las torres en zonas protegidas pueden prolongar los plazos de ejecución. Una coordinación más eficaz entre organismos podría acelerar el despliegue y reducir los obstáculos administrativos.
El 5G como herramienta contra la brecha digital
La ampliación de la cobertura 5G se enmarca en la lucha contra la brecha digital rural. Contar con acceso a Internet no garantiza por sí solo una conectividad útil: también es necesario que la red ofrezca velocidad, baja latencia y continuidad suficiente para soportar servicios profesionales y públicos.
En el ámbito sanitario, por ejemplo, una conexión más sólida puede respaldar consultas remotas, el envío de pruebas médicas o la monitorización de pacientes. En el sector primario, el 5G puede facilitar el uso de sensores, maquinaria conectada y sistemas de control destinados a mejorar el rendimiento y reducir el consumo de agua o energía.
La conectividad también puede contribuir a fijar población. El teletrabajo, la formación online y la digitalización de los negocios abren nuevas oportunidades para quienes viven en pueblos, aunque requieren redes capaces de responder a las necesidades actuales y futuras.
Una infraestructura clave para los próximos años
La necesidad de 1.000 torres refleja que la expansión del 5G en Castilla y León todavía afronta una fase de fuerte crecimiento. El despliegue deberá avanzar de forma progresiva, priorizando los municipios y corredores donde la falta de cobertura tiene mayor impacto social y económico.
La Junta cifra en 150 millones de euros el esfuerzo necesario para alcanzar una cobertura rural más completa. El desafío será convertir esa estimación en un plan de actuación con financiación, calendario y responsabilidades claramente definidos. Para miles de habitantes, empresas y servicios públicos, disponer de una red móvil fiable ya no es una mejora opcional, sino una infraestructura esencial.



