Publicidad

Quiénes son los rohinyás, el pueblo musulmán perseguido en Myanmar

Los rohinyás son una minoría musulmana originaria del estado de Rakhine, en el oeste de Myanmar, junto a la frontera con Bangladesh. Durante décadas han sufrido discriminación, violencia y exclusión legal hasta convertirse en una de las comunidades desplazadas más numerosas del mundo.

La persecución alcanzó su punto máximo en 2017, cuando una operación militar provocó el éxodo de cientos de miles de personas. La Corte Internacional de Justicia determinó que Myanmar cometió genocidio contra este pueblo, una conclusión que ha situado la tragedia rohinyá en el centro de la justicia internacional.

Una minoría sin ciudadanía

La población rohinyá practica mayoritariamente el islam y mantiene vínculos históricos con el territorio de Rakhine, una región marcada por la convivencia, las migraciones y los conflictos entre comunidades. Sin embargo, el Estado birmano ha negado durante años que formen parte de las minorías reconocidas oficialmente del país.

La Ley de Ciudadanía de 1982 dejó a la mayoría de los rohinyás sin nacionalidad. Myanmar sostiene que son inmigrantes procedentes de Bangladesh y suele referirse a ellos como bengalíes, una denominación que rechaza la propia comunidad. Esta situación les impide acceder en igualdad de condiciones a derechos básicos como la educación, la sanidad, el empleo o la libertad de movimiento.

La falta de ciudadanía convirtió a los rohinyás en una población vulnerable y prácticamente indefensa ante los abusos. En numerosas localidades, las autoridades han limitado sus desplazamientos, sus posibilidades de contraer matrimonio y el número de hijos que pueden tener. También han sido confinados en campos y zonas segregadas.

La violencia que provocó el éxodo de 2017

El 25 de agosto de 2017, ataques de un grupo armado rohinyá contra puestos de seguridad desencadenaron una amplia respuesta del Ejército de Myanmar. Las fuerzas militares y grupos budistas radicalizados fueron acusados de incendiar aldeas, cometer ejecuciones, practicar torturas y utilizar la violencia sexual contra la población civil.

En los meses siguientes, más de 700.000 rohinyás cruzaron la frontera hacia Bangladesh. Muchas familias huyeron a pie, atravesando bosques, ríos y zonas minadas. Quienes llegaron describieron aldeas destruidas y ataques dirigidos contra la población por su identidad étnica y religiosa.

La operación militar fue presentada por las autoridades birmanas como una campaña contra el terrorismo. Sin embargo, distintas investigaciones internacionales concluyeron que la respuesta fue desproporcionada y que existían indicios de una estrategia destinada a expulsar de forma permanente a los rohinyás de Rakhine.

La vida en los campos de Bangladesh

La mayoría de los refugiados se instaló en el distrito bangladesí de Cox’s Bazar, donde se encuentra uno de los mayores asentamientos de desplazados del planeta. Allí, cientos de miles de personas viven en campamentos densamente poblados, con viviendas precarias y una fuerte dependencia de la ayuda humanitaria.

Las condiciones son especialmente difíciles durante la temporada de lluvias, cuando las inundaciones y los corrimientos de tierra amenazan los refugios. La falta de oportunidades laborales, las restricciones de movimiento y la escasez de recursos han agravado la inseguridad y la desesperanza.

El retorno a Myanmar sigue siendo una opción insegura para la mayoría. Los rohinyás reclaman garantías de ciudadanía, protección, restitución de sus propiedades y responsabilidades judiciales antes de regresar. Sin estos compromisos, temen volver a quedar expuestos a la persecución.

El caso ante la justicia internacional

Gambia llevó a Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia al considerar que había incumplido sus obligaciones derivadas de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El proceso convirtió el sufrimiento de los rohinyás en una cuestión jurídica internacional y no solo en un conflicto interno.

La Corte ordenó inicialmente medidas provisionales para proteger a la población rohinyá y evitar la destrucción de pruebas. Posteriormente, el tribunal determinó la responsabilidad de Myanmar por los actos genocidas cometidos contra esta minoría, reforzando la exigencia de investigar a los responsables y reparar a las víctimas.

La decisión tiene un valor histórico porque reconoce que la persecución no fue una sucesión aislada de abusos, sino parte de un patrón de violencia dirigido contra un grupo étnico y religioso. También aumenta la presión sobre las autoridades birmanas y sobre los países que mantienen relaciones con ellas.

Una crisis agravada por la guerra civil

El golpe de Estado de 2021 y la posterior guerra entre la junta militar y distintos grupos armados han complicado aún más la situación. Los rohinyás siguen atrapados entre operaciones militares, enfrentamientos y nuevas restricciones. En Rakhine también actúa el Ejército de Arakán, una organización armada que mantiene una relación conflictiva con esta comunidad.

La persecución, por tanto, no terminó con la huida de 2017. Miles de rohinyás continúan desplazándose dentro de Myanmar o intentan llegar por mar a otros países del sudeste asiático, a menudo en embarcaciones precarias. Las organizaciones humanitarias alertan de que mujeres, niños y personas mayores afrontan riesgos especialmente graves.

La situación de los rohinyás resume las consecuencias de la apatridia, el racismo institucional y la impunidad. Para que puedan regresar y reconstruir sus vidas, no basta con abrir las fronteras: resulta imprescindible garantizar su ciudadanía, su seguridad y el reconocimiento de sus derechos fundamentales.

Artículo anteriorEl misterio de los 3,94 m de Wembanyama: ¿lanza por arriba?
Artículo siguienteNewcore Gold tramita permiso para su proyecto Enchi en Ghana