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Pedro Mier: la tecnología debe estar al servicio de la sociedad para proteger nuestros valores

La innovación tecnológica solo puede considerarse progreso cuando mejora la vida de las personas y refuerza la convivencia. Esa es la idea central que defiende Pedro Mier, presidente de Nausika – Tecnología para el Bien Común, quien reclama una visión más responsable sobre el desarrollo y la aplicación de las nuevas herramientas digitales.

En un momento marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la expansión de las plataformas digitales, Mier sitúa el debate en una cuestión esencial: qué tipo de sociedad se quiere construir con la tecnología. A su juicio, no basta con avanzar más rápido ni con incorporar soluciones innovadoras a todos los ámbitos. También es necesario garantizar que ese avance respete los derechos, la dignidad y la libertad de la ciudadanía.

Innovar con una finalidad social

La tecnología se ha convertido en una pieza decisiva de la economía, la educación, la sanidad y las administraciones públicas. Sus beneficios son evidentes, pero también lo son los riesgos asociados a un uso sin criterios éticos: la pérdida de privacidad, la discriminación algorítmica, la desinformación o la ampliación de las desigualdades.

Por eso, el enfoque del bien común propone superar una visión basada exclusivamente en la eficiencia o la rentabilidad. Una solución tecnológica no debería evaluarse solo por lo que puede hacer, sino también por a quién beneficia, a quién puede perjudicar y bajo qué condiciones se utiliza.

Esta perspectiva resulta especialmente relevante ante la rápida implantación de sistemas de inteligencia artificial. Estas herramientas pueden ayudar a detectar enfermedades, mejorar servicios públicos o facilitar tareas profesionales, pero requieren supervisión, transparencia y mecanismos claros de responsabilidad.

Los valores no pueden quedar fuera del diseño

Para Mier, preservar los valores democráticos no es una tarea posterior al desarrollo tecnológico. La protección de la libertad, la igualdad y la participación debe formar parte del diseño desde el primer momento. Esto implica que ingenieros, empresas, instituciones y sociedad civil participen en la definición de las reglas que deben guiar la innovación.

El planteamiento también cuestiona la idea de que la tecnología sea neutral. Cada aplicación incorpora decisiones sobre los datos que utiliza, los objetivos que persigue y las prioridades que establece. Incluso una herramienta aparentemente objetiva puede reproducir sesgos si se construye a partir de información incompleta o de criterios que no han sido sometidos a debate.

De ahí la importancia de impulsar una cultura de responsabilidad tecnológica. No se trata de frenar la innovación, sino de orientarla para que contribuya a resolver problemas reales y no genere nuevas formas de exclusión.

Una responsabilidad compartida

El reto no corresponde únicamente a las compañías tecnológicas. Las administraciones tienen que establecer marcos regulatorios eficaces y comprensibles, además de garantizar que los servicios digitales sean accesibles para toda la población. Las empresas, por su parte, deben asumir que sus decisiones tienen consecuencias sociales que van más allá de sus resultados económicos.

También la ciudadanía necesita herramientas para comprender el entorno digital. La alfabetización tecnológica debe incluir no solo conocimientos prácticos, sino capacidad para identificar riesgos, proteger los datos personales y valorar críticamente la información que circula por internet.

  • Transparencia: las personas deben saber cómo funcionan los sistemas que afectan a sus derechos.
  • Inclusión: la digitalización no puede dejar atrás a quienes tienen menos recursos o capacidades.
  • Privacidad: los datos personales deben protegerse con garantías reales.
  • Supervisión: las decisiones automatizadas deben poder revisarse y corregirse.
  • Participación: la sociedad debe intervenir en las decisiones que condicionan su futuro tecnológico.

El bien común como criterio de progreso

La propuesta de Nausika parte de una premisa sencilla, pero cada vez más necesaria: la tecnología debe estar al servicio de las personas y no convertir a las personas en un recurso más del sistema. Ese principio obliga a revisar cómo se desarrollan las herramientas digitales y qué objetivos se colocan en el centro.

En este contexto, el progreso no puede medirse únicamente por la velocidad de conexión, el volumen de datos procesados o la capacidad de una máquina. También debe valorarse por su impacto en la cohesión social, en la autonomía individual y en la calidad de las instituciones.

La advertencia de Pedro Mier llega en un momento en el que las decisiones tecnológicas tienen una influencia creciente sobre la vida cotidiana. Preservar los valores sociales exige, por tanto, participar activamente en ese proceso y reclamar una innovación más humana, comprensible y orientada al interés general.

El futuro digital no está completamente escrito. Su dirección dependerá de las prioridades que adopten empresas, gobiernos y ciudadanos. Poner la tecnología al servicio del bien común significa convertirla en una herramienta para ampliar derechos, oportunidades y bienestar, en lugar de dejar que sean sus propios avances los que definan el modelo de sociedad.

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