El INE no identifica el destino censal de 35.925 nacionalizados por la ley de nietos
La batalla judicial en torno a la ley de nietos ha abierto un nuevo frente a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre. La documentación remitida al Tribunal Supremo revela que el Instituto Nacional de Estadística (INE) solo ha localizado en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a 117.723 personas de las 153.648 nacionalizadas cuyos registros estaban siendo comprobados.
La diferencia asciende a 35.925 ciudadanos. Su situación censal no queda identificada en la información trasladada al Alto Tribunal, una ausencia de datos que introduce nuevas dudas sobre el alcance real del censo exterior y sobre los procedimientos utilizados para verificar la inscripción de quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la denominada ley de nietos.
Una diferencia que el Estado no concreta
La cifra parte de una comparación entre el número total de registros sometidos a revisión y los inscritos que han podido ser localizados en el CERA. El primer dato es de 153.648 personas, mientras que el segundo se sitúa en 117.723. El resultado: 35.925 expedientes cuyo encaje censal no aparece precisado en la documentación conocida.
La Abogacía del Estado ha reconocido este desfase en el procedimiento que se sigue ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el reconocimiento de la diferencia no va acompañado, según la información trasladada al tribunal, de una explicación individualizada sobre el paradero administrativo de esos registros.
Esto significa que no se puede concluir automáticamente que las 35.925 personas hayan sido excluidas del derecho de sufragio, que estén inscritas de forma irregular o que hayan sido contabilizadas dos veces. Lo que sí queda acreditado es que su localización dentro del sistema censal no ha sido aclarada en los datos aportados al Supremo.
El papel del CERA en las elecciones
El Censo Electoral de Residentes Ausentes reúne a los españoles que viven de forma permanente fuera del país y desean ejercer sus derechos electorales desde el extranjero. Su inscripción resulta determinante para recibir la documentación electoral y participar en los comicios conforme al procedimiento establecido.
Por eso, cualquier diferencia entre el volumen de nacionalizados y el número de personas identificadas en el CERA puede tener consecuencias políticas y jurídicas. La magnitud del desfase, además, adquiere especial relevancia cuando quedan menos de dos semanas para la cita electoral del 29 de noviembre.
La controversia no afecta únicamente a una cuestión estadística. La identificación correcta de cada elector es una garantía básica del proceso electoral, especialmente en el caso de ciudadanos que han adquirido recientemente la nacionalidad y que pueden residir fuera de España.
La ley de nietos, en el centro de la disputa
La ley de nietos ha permitido que descendientes de españoles puedan solicitar la nacionalidad en determinados supuestos vinculados al exilio, la emigración y la pérdida de nacionalidad de sus antepasados. Su aplicación ha generado un notable incremento de solicitudes y ha obligado a las administraciones a gestionar un volumen elevado de expedientes.
Ese crecimiento ha trasladado la discusión desde los consulados y registros civiles al terreno electoral. La cuestión que ahora examina el Supremo consiste, entre otros aspectos, en determinar cómo se han incorporado esos nuevos ciudadanos a las bases de datos electorales y qué controles se han aplicado para comprobar su inscripción.
El punto más sensible es la falta de trazabilidad de los 35.925 registros que no aparecen localizados en el CERA. Sin una explicación detallada, resulta difícil saber si corresponden a personas residentes en España, a expedientes aún pendientes de actualización, a ciudadanos inscritos en otro censo o a casos que requieren una revisión administrativa.
El Supremo deberá valorar la información
La documentación aportada por la Abogacía del Estado será ahora examinada por el Tribunal Supremo dentro de la disputa judicial. El tribunal deberá valorar el alcance de la diferencia y determinar si los datos disponibles son suficientes para despejar las dudas planteadas sobre el censo electoral.
La proximidad de las elecciones añade presión al procedimiento. Cualquier aclaración deberá distinguir entre un problema de registro, una demora en la actualización de los datos y una eventual incidencia con efectos sobre el derecho de voto.
Por el momento, la principal conclusión es que el INE ha identificado a 117.723 nacionalizados en el CERA, pero no ha explicado dónde figuran los otros 35.925 registros incluidos en la comprobación. Esa falta de precisión mantiene abierta la controversia y coloca la gestión del censo exterior bajo el foco político y judicial.
Una cuestión de transparencia electoral
La polémica vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las administraciones ofrezcan información completa y verificable sobre el censo. En un proceso electoral, conocer cuántos ciudadanos están inscritos, en qué circunscripción figuran y qué procedimiento deben seguir para votar es esencial para preservar la confianza pública.
La aclaración de los registros pendientes no solo permitirá determinar el impacto concreto de la ley de nietos en las elecciones del 29-N. También servirá para evaluar si los sistemas de coordinación entre el INE, los registros civiles y las oficinas consulares están preparados para gestionar futuras incorporaciones de ciudadanos al censo electoral.


