La retirada del 12% del aceite de oliva abre un nuevo frente de críticas
La decisión del Gobierno de almacenar un 12% de la cosecha de aceite de oliva de este año pretendía ofrecer un balón de oxígeno al sector, pero está provocando el efecto contrario. La medida, diseñada para retirar producto del mercado y contener la presión sobre los precios, genera dudas entre agricultores, cooperativas, industrias, consumidores y expertos en competencia.
El debate no se centra únicamente en si el almacenamiento puede contribuir a estabilizar el mercado. La principal controversia está en quién se beneficia realmente de la operación, quién asume sus costes y qué garantías existen para evitar que una intervención pública termine favoreciendo a los actores con mayor capacidad de negociación.
Los agricultores no tienen garantizado el beneficio
Sobre el papel, los productores deberían ser los principales beneficiarios. Si se retira una parte relevante de la cosecha, disminuye la oferta disponible y aumenta la posibilidad de que los precios en origen se recuperen. Para unas explotaciones que afrontan costes elevados de energía, agua, fertilizantes, mano de obra y mantenimiento, cualquier mejora podría resultar decisiva.
Sin embargo, almacenar aceite no garantiza por sí mismo que el productor cobre más. El efecto dependerá de cómo se ejecute la retirada, quién compre el producto, durante cuánto tiempo permanezca almacenado y en qué momento vuelva al mercado. Si la operación se concentra en manos de pocas empresas, el poder de negociación de los agricultores puede incluso debilitarse.
Las explotaciones pequeñas y los productores independientes parten, además, de una posición menos ventajosa que las grandes almazaras y los grupos con capacidad financiera. En muchos casos necesitan vender con rapidez para afrontar pagos y no pueden esperar meses a que mejore la cotización. Esa urgencia puede hacer que el almacenamiento beneficie más a quienes pueden resistir que a quienes producen.
Cooperativas y grandes operadores, en el centro de la operación
Las cooperativas podrían desempeñar un papel relevante si la medida se articula mediante una red amplia y transparente de almacenamiento. Su capacidad para agrupar la producción permitiría mejorar la posición de los agricultores frente a la industria y evitar ventas atomizadas en momentos de presión.
Pero ese resultado no está asegurado. Las empresas con más depósitos, liquidez y acceso a la distribución están mejor preparadas para aprovechar una eventual subida de precios. También pueden beneficiarse quienes ya disponen de existencias y utilizan la retirada pública o concertada para elevar el valor de su propio aceite.
Por eso, cualquier programa de almacenamiento debería publicar con claridad los criterios de acceso, los volúmenes asignados, los operadores participantes y los costes asumidos con dinero público. Sin esa información, será difícil determinar si la iniciativa corrige un desequilibrio del mercado o si simplemente transfiere recursos hacia los eslabones más fuertes de la cadena.
El consumidor puede pagar la factura
La retirada de producto puede contribuir a evitar desplomes de precios en origen, pero también puede encarecer el aceite en las tiendas si la oferta disponible se reduce durante demasiado tiempo. El consumidor se encontraría así ante una paradoja: la intervención se presenta como una ayuda al campo, pero su coste final podría recaer sobre los hogares.
El aceite de oliva es un alimento básico y su precio ya condiciona las decisiones de compra de muchas familias. Una subida sostenida puede impulsar la sustitución por otros aceites, reducir el consumo y perjudicar a largo plazo a todo el sector. El equilibrio entre una remuneración justa para el agricultor y un precio asumible para el consumidor exige más que una simple retirada de existencias.
El riesgo de intervenir sin corregir el problema de fondo
La medida tampoco resuelve las causas estructurales de la volatilidad. Las cosechas dependen cada vez más de la sequía, las temperaturas extremas y la disponibilidad de agua. A ello se suman los costes de producción, la concentración de la distribución y la dificultad de muchos productores para conocer el destino final y el margen aplicado a su aceite.
Almacenar una parte de la cosecha puede ganar tiempo, pero no sustituye una política agraria con planificación. El sector necesita mejorar la gestión del agua, reforzar la capacidad de negociación de los productores, vigilar las prácticas comerciales y facilitar información fiable sobre precios y márgenes.
Transparencia para evitar sospechas
La decisión despierta críticas porque afecta a un mercado estratégico y moviliza recursos públicos en un contexto de precios sensibles. La falta de detalles alimenta la sospecha de que los beneficios puedan concentrarse en unos pocos operadores mientras los costes se reparten entre agricultores y consumidores.
Para disipar esas dudas, el Gobierno debería establecer controles independientes, publicar auditorías periódicas y explicar qué ocurrirá con el aceite almacenado. También tendría que fijar límites para impedir que la operación se utilice para manipular el mercado o retrasar artificialmente la salida de existencias.
La retirada del 12% de la cosecha puede funcionar como una herramienta puntual, pero solo será defendible si mejora de forma verificable la renta de los productores y no provoca un incremento desproporcionado para los consumidores. Sin garantías de competencia, trazabilidad y rendición de cuentas, la medida corre el riesgo de convertirse en una solución temporal con beneficiarios muy concretos y una factura repartida entre todos.
