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Amnistía Internacional reclama investigar también a los mandos policiales por la violencia durante la huelga

Amnistía Internacional ha pedido que la investigación sobre los episodios de violencia registrados durante la huelga no se limite a los agentes que participaron directamente en las actuaciones. La organización considera necesario determinar también si existieron responsabilidades en la cadena de mando y qué instrucciones recibieron las unidades desplegadas.

La entidad de defensa de los derechos humanos ha documentado decenas de casos que, según su análisis, incluyen golpes de porra dirigidos a la cabeza y a la parte superior del cuerpo, además del uso de spray de pimienta y botes de humo contra personas que se encontraban encapsuladas por los agentes.

Amnistía sostiene que estos hechos deben ser examinados mediante una investigación independiente, exhaustiva e imparcial. El objetivo, subraya, no debe ser únicamente identificar a quienes pudieron ejercer una violencia presuntamente desproporcionada, sino aclarar si las decisiones operativas, las órdenes impartidas o la falta de supervisión contribuyeron a los incidentes.

La cadena de mando, en el centro de las reclamaciones

La organización considera que cualquier investigación sobre posibles abusos policiales debe analizar el conjunto de la operación. Esto incluye la planificación del dispositivo, los protocolos aplicados, la selección de los medios utilizados y la respuesta de los responsables ante las actuaciones denunciadas.

La petición pone el foco en una cuestión habitual en las investigaciones sobre violencia policial: la posible responsabilidad de los mandos que ordenan, autorizan o toleran determinadas prácticas. Para Amnistía, no basta con determinar si hubo conductas individuales irregulares. También es necesario saber quién tomó las decisiones y qué mecanismos existían para prevenir excesos.

La organización reclama que las pesquisas permitan reconstruir los hechos con precisión y establezcan responsabilidades, si las hubiera, tanto entre los agentes que intervinieron sobre el terreno como entre los responsables de coordinar el dispositivo.

Golpes, spray y humo contra personas encapsuladas

Entre los casos recopilados figuran denuncias por golpes de porra en la cabeza y en la parte superior del cuerpo. Se trata de zonas especialmente sensibles, por lo que el uso de la fuerza en esos puntos debe ser analizado con criterios estrictos de necesidad, proporcionalidad y control.

El informe también recoge episodios relacionados con el empleo de spray de pimienta y de botes de humo contra personas que, según la organización, se encontraban encapsuladas. Esta técnica policial consiste en rodear o contener a un grupo de personas mediante un dispositivo de agentes, una situación que puede limitar de forma significativa la capacidad de movimiento y de respuesta de quienes quedan dentro.

En ese contexto, Amnistía alerta de que el uso de medios coercitivos debe estar justificado por un riesgo concreto y no puede convertirse en una respuesta automática. La evaluación deberá tener en cuenta las circunstancias de cada intervención, el comportamiento de las personas afectadas, las vías de salida disponibles y la existencia de alternativas menos lesivas.

Una investigación con garantías

La organización defiende que las personas que denuncian haber sufrido malos tratos puedan aportar sus testimonios y recibir protección frente a posibles represalias. También considera esencial preservar y analizar todas las pruebas disponibles, como grabaciones, partes médicos, comunicaciones internas y registros del operativo.

La documentación de imágenes y testimonios puede contribuir a aclarar la secuencia de los hechos, pero Amnistía advierte de que la investigación no debe depender exclusivamente de vídeos difundidos públicamente. La identificación de los agentes intervinientes, las órdenes transmitidas y los informes oficiales resulta igualmente relevante para establecer cómo se desarrollaron las actuaciones.

Asimismo, la organización reclama que las eventuales víctimas tengan acceso a vías efectivas de denuncia y reparación. Esto implica que sus quejas sean tramitadas con diligencia, que se investiguen sin prejuicios y que reciban información sobre el avance de las actuaciones.

El uso de la fuerza, bajo escrutinio

La intervención policial durante una huelga debe conciliar la seguridad y el mantenimiento del orden público con el respeto a los derechos fundamentales. La libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación en acciones reivindicativas forman parte del marco que las autoridades deben proteger, incluso cuando se producen tensiones o alteraciones de la normalidad.

Por ello, cualquier actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La existencia de una intervención policial no implica por sí misma que se haya cometido una irregularidad, pero tampoco permite dar por justificadas todas las medidas empleadas.

Amnistía Internacional insiste en que la investigación debe avanzar hasta esclarecer si los golpes y el uso de agentes irritantes y botes de humo respondieron a situaciones concretas de peligro o si se utilizaron de forma indiscriminada contra personas que ya estaban bajo control policial.

Responsabilidades individuales y estructurales

La reclamación de la organización pretende ampliar el foco de las pesquisas para evitar que posibles responsabilidades queden reducidas a expedientes individuales. Si se confirmaran actuaciones contrarias a la normativa, también habría que examinar si existieron fallos de supervisión, protocolos inadecuados o una tolerancia institucional ante determinados comportamientos.

El esclarecimiento de los hechos, concluye Amnistía, es necesario tanto para las personas afectadas como para garantizar que futuras movilizaciones puedan desarrollarse sin abusos. Una investigación completa debería ofrecer respuestas sobre lo ocurrido, identificar a los responsables que correspondan y establecer medidas para impedir que episodios similares vuelvan a repetirse.

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