Publicidad
El Congreso vuelve a debatir y a votar este jueves unos objetivos de déficit más flexibles basados en un techo de gasto un 4,4% mayor que en 2018, de 125.064 millones de euros. En total, unos 6.000 millones más de margen para el año que viene, sobre todo para las autonomías (encargadas de educación, sanidad y dependencia, entre otras competencias) y la Seguridad Social. Frente al fracaso de la primera vez en la que se votaron estos objetivos el pasado julio, cabe la posibilidad de que esta vez la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consiga su propósito.
Pero hay una circunstancia que hace que este debate sea más político que económico: se sabe que finalmente el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) anulará lo que aquí se apruebe, con lo que el interés es más ver si el Gobierno podría reeditar una mayoría como la de la moción de censura para poder, esta vez sin posibilidad de veto de la Cámara Alta, aprobar unos Presupuestos para 2019.
Es el límite de gasto no financiero al que pueden llegar las administraciones públicas: Estado, CCAA y Ayuntamientos (queda excluida la Seguridad Social). Hasta 2012 sólo se aplicaba a la Administración central, pero desde ese año la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria lo amplió al resto.
Como recuerda la AIREF, el techo de gasto o límite de gasto no financiero es un instrumento de gestión presupuestaria a través del cual, una vez estimados los ingresos del ejercicio, se calcula el gasto presupuestario que permite el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Por tanto, un nivel más alto de ingresos permitiría un límite de gasto mayor siempre que se cumpla el objetivo de estabilidad (déficit). Este techo es el que determina el gasto máximo de los Ministerios en 2019.
Se calcula, con carácter general, en el segundo trimestre del año y en cualquier caso antes de 1 de agosto, de cara a la elaboración del presupuesto del año siguiente.
A veces el techo de gasto se confunde con la regla de gasto. Aunque la filosofía de control de gastos es parecida, se diferencian. La regla de gasto es una regla fiscal, de acuerdo con la cual el límite al crecimiento del gasto público viene dado por el crecimiento de la economía a medio plazo, de manera que sólo los incrementos de recaudación vinculados a reformas tributarias de carácter permanente permiten un aumento del gasto por encima de dicho límite. Esta es la regla por la que el Ministerio de Hacienda ha entrado en conflicto con el Ayuntamiento de Madrid, entre otros.
No exactamente. El Gobierno aprueba la cifra en Consejo de Ministros, junto a los datos macroeconómicos que la definen. Y estos últimos son los que sí se votan en el Parlamento. En este caso está aprobado ya un techo de gasto de 125.064 millones de euros.
Los objetivos de déficit que se proponen y que se han pactado con Bruselas (según el Gobierno) son un déficit del 1,8% del PIB en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4% en 2021. La senda que entrará en vigor al decaer esta es del 1,3% en 2019, 0,5% en 2020 y un superávit del 0,1% en 2021.
De las cinco décimas en las que se ampliaría el objetivo de déficit para 2019, una sería para la Administración Central, dos para las comunidades autónomas y otras dos para la Seguridad Social.
En total, estas cinco décimas conllevarían un aumento de los recursos de 6.000 millones de euros: 2.500 millones para CC.AA., 2.500 millones para Seguridad Social y 1.000 millones para Administración Central. De este modo, la previsión del Gobierno es que las comunidades presenten un déficit del 0,3% el próximo año; la Administración Central, del 0,4%, y la Seguridad Social, del 1,1% del PIB. Las corporaciones locales, por su parte, estarán en equilibrio.
En cuanto a la deuda, en 2019 su montante debe suponer un 96,1% del PIB como máximo y reducirse los dos siguientes ejercicios hasta el 94,1% y al 91,5%. Por último, el techo de gasto aumentará un 2,7% en 2019, un 2,9% en 2020 y un 3,1% en 2021.