El Tribunal de Cuentas ha condenado a Artur Mas a pagar una cifra de 4.9 millones por la consulta del 9-N

Artur Mas
Artur Mas deposita su voto el 9 de noviembre de 2014

Este 12 de noviembre el Tribunal de Cuentas ha condenado a Artur Mas a devolver la cantidad de 4.946.788,16 euros. La totalidad de los fondos que la Generalitat le destinó a la consulta ilegal del 9-N de 2014. El ex presidente catalán podría llegar a perder su casa de Barcelona. Esta vivienda ha sido embargada como fianza.

El juicio contable ha estimado las demandas interpuestas por Abogados Catalanes. Quienes se han basado  por la constitución, Sociedad Civil Catalana y la Fiscalía. Además, han condenado un total de 10 personas.

Otros implicados

Tras Artur Mas, la mayor responsabilidad contable ha recaigo en Irene Rigau. Quien es la ex consejera de Educación de la Generalitat. Rigau deberá cancelar una cifra de 2.8 millones de euros. Esto corresponde a la adquisición de los 7.000 ordenadores que se utilizaron en las mesas de votaciones.

Le sigue Francesc Homs, ex consejero de la presidencia. Este debe de responder por un importe de 1.979.063,28 euros. Este dinero había sido destinado  a la campaña de publicidad institucional. Así como también a la elaboración del soporte informático, al envió de propagandas y a la contratación del centro de prensa.

La cuarta mayor condena. 865.674,90 euros. Esta ha sido para Joana Ortega, ex vicepresidenta de la Generalitat y ex consejera de la Gobernación. Entre las partidas de gasto de las que es responsable destaca el soporte informático. Así como la compra de los materiales para la consulta.

Artur Más
Artur Más tendrá que devolver la suma de la cifra que consulta a la Generalitat

Otros de los afectados es Jordi Vilajoana, secretario general de la presidencia con Artur Mas. E Ignasi Genovés, director general de Difusión de la Generalitat. Ambos han recibido una sentencia que recoge condena de 806.403, 52 euros. Ambos casos han sido por la publicidad.

Mientras que Lluis Bertam, sub director general de Administración, Servicios y Proyección externa de la Generalitat. Deberá de responder por casi los 700.000 euros. Esto fue lo que costó el soporte informático para las votaciones ilegales. Por otro lado, Jaume Domingo, ex diputado del Parlamento y director del diario oficial de la Generalitat. Ha recibido una condena de 307.962, 71 euros. Esta cifra corresponde al envió de la propaganda postal.

Y por último se encuentra Josefina Valls y Teresa Prohias, ambas directoras de Servicios. Ellas dos deberán de abonar la suma de 81.143,73 euros por varios conceptos. Además, tienen la obligación de reintegrar esos 4.9 millones de euros a las arcas de la Generalitat. Los condenados que recurrirán, también deberán de asumir los intereses y las costas del juicio contable.

Por otro lado, el órgano fiscalizador del Estado, había impuesto una fianza de 5,25 millones de euros. Esto se cubriría con el patrimonio que aportaron los acusados. Así como con la recaudación de fondos que llevaron a cabo las Organizaciones Independentistas ANC y Ómnium Cultural, la denominada Caja de Resistencia.

En las partida de gasto en donde hay más responsables. Cada uno de ellos deberá cancelar la parte proporcional. Pero la sentencia los ha condenado con responsabilidad solidaria. Esto significa que si alguno de ellos no responde, lo harán los demás. Si se da el caso en que todos ellos cumplan, la responsabilidad contable de Artur Mas quedaría en unos dos millones de euros.

Esta sentencia ha servido como un aviso para los organizadores del 1-O. quienes podrían llegar a responder también de forma contable, al margen de la vía penal.

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