La justicia suspendió el decreto del aplazamiento de las elecciones catalanas

Este martes ha sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de manera provisional, el decreto de la Generalitat que ha dejado sin efecto la celebración de las elecciones autonómicas, que estaban previstas para el próximo 14 de febrero. Han sido estimadas las medidas cautelarísimas que han sido solicitadas por un particular a la Sección Quinta del tribunal, en contra del decreto que fue firmado por el presidente en cuanto a las funciones Pere Aragonés. Y esto tiene como consecuencia, que por lo menos hasta que la sala haga su pronunciamiento sobre el fondo de este asunto, y se sigue manteniendo en vigor la convocatoria a los comicios del próximo 14-F. Ha sido acatado lo que ha dicho la interlocutora por la Genralitat, la cual había ubicado las elecciones para el 30 de mayo, y ahora reactivó los preparativos, a pesar de que rememora que este aplazamiento fue motivado por la pandemia.

No es anticipado por la decisión del TSJC, cuál va a ser su decisión de fondo al respecto de la demanda, lo que quiere decir que si va a tumbar de una forma definitiva el decreto de aplazamiento. Por lo que, la fecha de los comicios todavía no se sabe. Hasta este lunes, dos de las seis demandas que han sido presentadas, hacían la solicitud de la adopción de medidas cautelarísimas con el fin de que se deje sin efecto el decreto. En esta clase de medidas, no existe la necesidad de que sea escuchada la parte contraria, que en este caso es la Generalitat, esto siempre que existan razones especiales de urgencia. Y los magistrados creen que existen.

La sala ha señalado, que este proceso electoral del próximo 14-F debe seguir, en tanto sea resuelta la petición con una agilidad mayor. La única forma de garantizar que finalmente se le dé la razón a los demandantes y sea suspendido el decreto, exista tiempo material para la celebración de los comicios con todas sus garantías, es que sea puesto a andar el reloj de las elecciones de forma inmediata.

Conforme han recordado los jueces, el proceso electoral tiene una duración de 54 días desde que es realizada su convocatoria, como es establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Que este se paralice así sea por unos pocos días, impediría la posibilidad de que sean celebradas una elecciones con todas sus garantías. Cortos y sucesivos son los plazos, los que también abarcan: juntas electorales; censo; formación de mesas electorales; nombramiento de representantes, administradores e interventores; candidaturas; propaganda electoral; voto por correo; campaña electoral.

En el 25° día después de la convocatoria, fue suspendido este proceso electoral por el decreto de la Generalitat. Y se está esperando mucho tiempo más, para que sea tomada una decisión, llegando a una situación que sería prácticamente irreversible, ya que no podrían ser celebradas las elecciones en la fecha en las que fueron previstas en un principio, y en este momento el recurso de los demandantes no va a poder servir de nada. Esta resolución rememora, que las proclamaciones de los candidatos, tendrán que hacerse el 27° día después de la convocatoria.

Esta decisión de que sea suspendido el decreto es instrumenta, con el fin de que se evite que se pierda la finalidad de este recurso, pero esto no quiere decir que aun así vaya a ser mantenido en el momento en que los magistrados en estos próximos días debatan sobre este asunto, una vez que se escuchen todas las partes. Hasta antes de las 10:00 del jueves, el tribunal le ordenó a la Fiscalía y a la Generalitat que hagan sus alegaciones que estos crean oportunas, como también les ordenó, que la resolución sea puesta de igual forma en conocimiento de la Junta Electoral Central y de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña.

El consejero de Acción Exterior, Bernat Solé, aseguró que reactivaron el proceso electoral, ya que deben tener todo preparado para que se realice. Este máximo responsable de los comicios realizó la invitación a las corporaciones locales, para que estas hagan los sorteos para que sean elegidos los miembros de mesas. La portavoz Meritxell Budó y Solé, pidieron al TSJC, que resuelva todos estos asuntos en el menor tiempo posible, con el fin de que sea evitada mayor incertidumbre en los ciudadanos. Este miércoles el Govern, va a presentar sus alegaciones ante el tribunal y está defendiendo que esta decisión del aplazamiento tenía detrás una base sólida judicial.

La LOREG, no está teniendo en consideración ningún tipo aplazamiento de estos comicios, por lo que de entrada, por lo que cualquier decisión que sea tomada al respecto, carecerá de fundamentos jurídicos sólidos. Y Generalitat, se ha sujetado al único precedente, que ha sido lo que ocurrió el año pasado con los  comicios vascos y gallegos, siguiendo su propia argumentación, con el fin de intentar blindar las decisión de mover el día de las elecciones del 14-F al 30-M. En estos dos casos, ninguna parte ha impugnado esta nueva fecha. Estas elecciones catalanas, se encuentran en una maraña jurídica de complicada resolución.

Siguiendo los dos ejemplos, el Govern en funciones hizo el intento de llegar de primer lugar a un consenso con todas las fuerzas, que tengan representación en el Parlament, con el fin de hacer el intento de ofrecer este acuerdo como un blindaje político frente a la inseguridad política. Desde el inicio todas las formaciones, llegaron al acuerdo de que los criterios para una modificación del calendario fuesen sanitarios. Y la semana pasada, la Generalitat tuvo malas previsiones por lo que no convenció al PSC, el cual se deslingó de este acuerdo, a pesar de que finalmente ha aceptado de forma tácita la fecha del 30-M. En medio el Gobierno ha dejado claro, por medio del Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que es un ataque a la democracia que sea pospuesta la fecha. En estas palabras han visto los nervios de los socialistas, todas las formaciones y el Govern, al respecto de los efectos en la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El Ejecutivo catalán, eligió esta fórmula para el aplazamiento que no fue bien recibida por PSC, y conforme a las palabras de Miguel Iceta, su primer secretario, es sobre un cambio de las reglas del juego. El decreto que ha realizado el Govern, deja sin efecto la convocatoria para el próximo 14-F, anunciando que la nueva fecha de convocatoria va a tener lugar el día 30 de mayo del 2021, después de que se realice el análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública. En contra de esto, se han presentado tres recursos al TSCJ, una de las partes que recurrió es la Lliga Democratica, que cree que esto es un abuso de poder, por lo que ve vulnerados sus derechos electorales. En el caso gallego y vasco, es aplazada la convocatoria hasta que sea levantada la declaración de la emergencia sanitaria. El baremo de la Generalitat, es muy interpretativo y por su parte los socialistas, apostaban por una fecha mucho más cercana.

El Gobierno catalán, así como en Galicia y el País Vasco, optó por regresar a la casilla de salida del proceso electoral, teniendo una liturgia marcada al detalle en la LOREG, con el fin de que se garantice la pulcritud de este proceso. Y el PSC tiene la creencia de que solo debía hacerse lo se considera como un aplazamiento técnico, lo que quiere decir, que se cambie la fecha de la campaña y votación, dejando lo demás (censo, candidaturas, entre otros) paralizados. Lo que plantea diversas dudas jurídicas, tales como que los derechos electorales pasivos de las personas que van a llegar en estas próximas semana a la mayoría de edad y que no solo tienen derecho a figurar en la lista de posibles votantes, sino también de ser elegidos y poder estar en una lista. La Generalitat si desea que la Junta Electoral Central, haga la validación de algunos de los paso que ya se han dado, como la recogida de avales que realizó Junts per Catalunya o el Partit Nacionalista de Catalunya. Quedando la puerta abierta a listas nueva y coaliciones.

Las formas de este decreto de igual forma entran en cuestión y auguran que este recorrido judicial, sea extendido en el tiempo. Pere Aragonès es ahora un president de la Generalitat en funciones y entre sus atribuciones no está el poder convocar comicios. Esta convocatoria Cataluña, ha sido el resultado del proceso automático, al pasar el tiempo fijado por el Parlament para buscarle un sucesor a Quim Torra, quien ha sido inhabilitado por desobediencia. Aragonès firmaba de manera instrumental el decreto de convocatoria en virtud de la ley, pero técnicamente no podría convocar una nueva cita con las urnas.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here